Salvar las pensiones

Desde hace meses estamos enredados en un debate sobre la formación de un nuevo gobierno. Primeras elecciones. Segundas elecciones. Amenaza de terceras elecciones. Con una sensación ciudadana de que todas las fuerzas políticas están más preocupadas por ellas mismas que por los problemas y retos que tiene nuestro país. Mientras tanto todo está parado. Cada reto y cada problema a la espera de que exista un nuevo gobierno. Y todos son importantes, pero hay uno que se ha vuelto inaplazable y urgente. Salvar la Seguridad Social. La mayor construcción jurídica y económica de protección social de nuestro país y la clave de bóveda de nuestro Estado de Bienestar.

En mi opinión, llevamos años asistiendo a un debate sesgado sobre nuestro sistema de pensiones. Un debate de tinte economicista, según el cual el nivel de las pensiones depende de los ingresos que obtenga por cotizaciones la Seguridad Social. De este modo, cada vez que las cotizaciones caen, por la razón que sea, se abre la puerta a una posible bajada de las pensiones con el argumento de que, caídos los ingresos del sistema, deben caer igualmente los gastos en prestaciones.

Es claro que otro enfoque y otra política son posibles. Para empezar, en lugar de preguntarnos cuánto hay en la caja de la Seguridad Social para saber cómo de elevadas deben ser las pensiones, deberíamos cuestionarnos sobre cuál es el modelo de protección social que estamos dispuestos a darnos y asumir como sociedad para, una vez habido un consenso social al respecto del mismo, encontrar las fuentes de financiación con las que sostener económicamente ese modelo.

Sin embargo, como estamos inmersos en la lógica economicista, el Gobierno del Partido Popular ha encontrado el contexto más favorable para operar su política de reducción de las pensiones. No lo digo yo, se lo han dicho ellos mismos a la Unión Europea. Según la Actualización del Programa de Estabilidad 2016/2019, la inversión en pensiones será del 12,3% del PIB en 2050, la habida en 2013 ha sido del 11,8%, es decir, prácticamente la misma en ambas fechas (las separan 5 décimas). Ahora bien, mientras que en 2013 el porcentaje de personas mayores de 64 años respecto de la población en edad de trabajar fue del 26,8%, en 2050 será el 62,3%. Esto es, en 2050, año en el que se jubilará la generación más numerosa de la historia de nuestro país, tendremos la misma inversión en pensiones que en 2013 para más del doble de pensionistas que en esa fecha. Una simple división arroja las consecuencias: las pensiones serán entonces mucho más bajas. Esa es la política que está llevando a cabo de forma silenciosa el PP: reducir al mínimo las pensiones para que haya “necesidad” de acudir a los seguros privados.

Por cierto, antes de seguir, me gustaría advertir que, de acuerdo con Eurostat, la inversión de los países de la zona euro en pensiones fue, en 2012, del 13,4% del PIB, que Alemania destinó ese año una inversión en pensiones del 12,0%, Francia del 14,8% e Italia del 16,1%. Esto es, en 2050, cuando se jubile la generación más grande de la historia de España, nuestra inversión en pensiones no alcanzará siquiera los niveles que ya hoy tienen estos países de la zona euro (con los que habitualmente nos gusta compararnos) y la media de esta misma zona. Lo digo porque es importante retener este dato cuando, desde esa lógica economicista que antes denunciaba, hablemos de la sostenibilidad de nuestro sistema de Seguridad Social.

Una sostenibilidad que el propio PP ha puesto en duda al señalar hace un tiempo, como remedio para el déficit que arrastramos desde que ellos gobiernan, la posibilidad de que las pensiones de viudedad y orfandad sean pagadas con cargo a impuestos y no a las cotizaciones a la Seguridad Social. Vaya por delante que creo sinceramente que es de todo punto necesario un debate serio sobre la financiación de nuestro sistema de Seguridad Social. Que en ningún sitio está escrito que las pensiones deban pagarse únicamente con cargo a cotizaciones sociales y no deban y puedan utilizarse impuestos para financiar el sistema de pensiones que decidamos darnos en nuestro país. De hecho, siempre he defendido una entrada de fondos procedentes de impuestos a la Seguridad Social para garantizar el pago de unas pensiones dignas hoy y en el futuro. Sin embargo, no comparto la propuesta del PP.

Para empezar porque los problemas de financiación que hoy pueda tener la Seguridad Social los está provocando en gran medida la propia política de empleo del Partido Popular y su reforma laboral. Un prueba evidente de lo que digo: en el primer trimestre de 2016, el número de cotizantes se ha incrementado, en relación con los habidos en el primer trimestre de 2015, en 472.997, es decir, un 2,73%, mientras los ingresos por cotizaciones han subido únicamente un 1,94%. No guarda relación, así pues, el incremento de los cotizantes y el de los ingresos de la Seguridad Social. Lo que viene provocado por un modelo de empleo de contratos precarios (en 2015 se firmaron más de 17 millones de contratos temporales, un 92% del total de contratos realizados ) y bajos salarios (desde el 2012, el coste laboral real ha descendido un 4,5% ). De este modo, con el PP los trabajadores pobres de hoy serán los pensionistas pobres del mañana. Y esto tiene que quedar muy claro: o se cambia la política de empleo del Partido Popular o no podrán garantizarse las pensiones. Porque con esta política de empleo no puede llenarse la caja de la Seguridad Social. Esta es la razón, entre otras, de abogar por la derogación de la reforma laboral del Partido Popular.

Además, como no hay recaudación suficiente por sus política de empleo, el PP ha esquilmado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En lo que va de legislatura, el PP ha sacado de la hucha de las pensiones 42.608 millones de euros (de 66.815 millones de euros que encontró a su llegada al Gobierno ha pasado a 24.207 millones de euros). Esto significa que el PP ha hecho que cada pensionista de nuestro país pierda más de 5.000 euros para el pago de su pensión y que, si nada lo remedia, en 2017 nos quedemos sin Fondo de Reserva.

A cambio ha subido las pensiones, no un 9%, como se atrevió a decir en un eslogan electoral, sino un raquítico 3,75%. Con todo, lo peor es que el Gobierno del PP aprobó en 2013 un factor de revalorización del sistema de pensiones que las desconecta del mantenimiento del poder adquisitivo y, de facto, impide su revalorización. Esta Ley, según los datos de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), hace que las pensiones vayan a perder poder adquisitivo a lo largo de toda esta década y que, como reconoce el propio Gobierno, vaya a suponer un ahorro en pensiones de 3,4 puntos de PIB cuando en 2050 haya que jubilar a la generación del baby boom. Es decir, menos dinero cuando tengamos más necesidades para pagar pensiones dignas a la generación que ha construido los cimientos democráticos de nuestro país.

Pues bien, para cambiar este estado de cosas, no puede caerse en la tentación de dejar a las viudas (en su gran mayoría son mujeres las que perciben esta prestación) y a los huérfanos y huérfanas, como parece pretender el PP y algunos otros actores, en un limbo dentro del sistema de Seguridad Social. Soy de las que piensan que la pensión de viudedad necesita cara al futuro una reforma en profundidad que la acompase a los tiempos de la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral, pero no puedo estar de acuerdo con que se diga que se van a pagar con impuestos las pensiones de viudedad y orfandad. Y ello porque, en el momento que se señale una prestación para su pago con impuestos, esa prestación será vista –y expuesta públicamente– como la causante de los problemas de financiación de la Seguridad Social y enseguida se habrá abierto la puerta para expulsarla del sistema a fin de lograr estabilidad presupuestaria dentro de las cuentas de la Seguridad Social. Creo que se debe complementar con impuestos las cotizaciones sociales y así pagar las pensiones. Pero todas las pensiones, sin marcar ni señalar con el dedo acusador a ninguna de ellas.

Y es que, además, las pensiones de viudedad y orfandad no son la mayor 'carga' económica que tiene nuestro sistema de Seguridad Social, aunque sí las de los colectivos más vulnerables e indefensos. Algunos datos sobre pensiones de junio de 2016 así lo atestiguan: (i) el número de pensiones de viudedad es de 2,3 millones, la pensión media de viudedad, 637 euros al mes y el importe total mensual de esta pensión de 1.504 millones de euros (suponen menos del 18% del gasto total del sistema); (ii) el número de pensiones de orfandad es de algo más de 341.000, la pensión media de orfandad de 374 euros mensuales y el importe total mensual de esta pensión de 127.000 euros (suponen el 1,5% del gasto total del sistema); (iii) frente a ello, las pensiones de jubilación sí representan el núcleo duro del modelo: se pagan más de 5,7 millones de pensiones de jubilación, con una pensión media de 1.041 euros y un importe total mensual de más de 5.966 millones de euros (suponen más del 70% del gasto total del sistema).

Puede verse, en definitiva, que las pensiones de viudedad y orfandad, por su número, importe y cuantía, no representan ningún 'agujero negro' para el sistema de Seguridad Social. El verdadero agujero negro es la política de empleo del PP y la solución derogarla y hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores, además de buscar fuentes complementarias de financiación de las pensiones vía impuestos. Y un dato más para terminar: las pensiones de viudedad están dentro del sistema de Seguridad Social desde que en 1942 Beveridge escribió su Social Insurance and Allied Services, es decir, desde el nacimiento mismo de la Seguridad Social.

Les hemos fallado

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Luz Rodríguez es profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro de la Ejecutiva del PSOE y exsecretaria de Estado de Empleo (2010-2011). #dts iframe {display:none!important;} #dts #txt iframe, #dts .col8-f1 iframe {display:block!important;}