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Crisis del coronavirus

Madrid sigue acumulando la gran mayoría de diligencias fiscales por posibles delitos en residencias, con más de 80 casos

  • El número de investigaciones en todo el territorio español asciende a 176 según datos de la Fiscalía General del Estado
  • Una de las jueces a la que ha recaído la aclaración de estas circunstancias es Carmen Rodíguez-Medel, que también investiga al delegado del Gobierno en Madrid por una presunta prevaricación al permitir la manifestación del 8M

Publicada el 03/06/2020 a las 12:04 Actualizada el 03/06/2020 a las 12:53
Entrada a la Residencia de Mayores Alcorcón.

Entrada a la Residencia de Mayores Alcorcón.

EP

La Comunidad de Madrid sigue acumulando la mayor parte del total de diligencias de investigación penal abiertas por la Fiscalía por la comisión de posibles delitos en residencias de ancianos a raíz de la pandemia por covid-19, 82 de un total de 176 según los últimos datos facilitados por el Ministerio Público y recogidos por Europa Press, que incluyen también la remisión de algunos de estos asuntos a los tribunales para su instrucción, que son ya 6 en este territorio.

El total de procedimientos de esta índole que ya investigan jueces de toda España son 22, un número de casos abiertos que se mantiene en las últimas semanas. En cuanto a las diligencias de índole civil, la Fiscalía General del Estado informa de permanecen abiertas más de 170 en todo el territorio, número también similar al de la semana pasada.

En Madrid, la que mayor número de diligencias recoge es la Fiscalía de Madrid, que acumula ya más de medio centenar, a las que se suma el trabajo que viene realizando en el ámbito penal las Fiscalías del área de Getafe-Leganés, Móstoles-Fuenlabrada y Alcalá de Henares, llegando a un total de 82 casos por el momento, a los que hay que sumar los 6 judicializados.

Una de las jueces a la que ha recaído la aclaración de las circunstancias por la muerte de ancianos en una residencia es precisamente la titular del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodíguez-Medel, que también investiga al delegado del Gobierno en Madrid por una presunta prevaricación al permitir la manifestación del 8-M en la capital.

En Cataluña se supera la treintena de procedimientos penales aún en Fiscalía, un total de 16 en la Fiscalía de Barcelona, la mayor parte interpuestas por familiares, aunque también aparece en la estadística dada a conocer este miércoles por la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia de la Agrupación afectados Covid-19, otra a consecuencia de la comunicación de la Agrupación Profesional Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia (ASCAD) y otra investigación abierta tras la comunicación del Registro Civil de Sant Boi de Llobregat por fallecimientos en cuatro residencias concretas.

A todas ellas se suman cinco investigaciones diferentes en la Fiscalía del Área de Granollers, una en el Área de Manresa-Igualada; cinco en el área de Sabadell, una en la de Terrasa, dos en Mataró, y una en la Fiscalía Provincial de Tarragona. Se cuentan dos procedimientos judiciales en curso, uno en el Juzgado de Instrucción número 4 de Sabadell y otro que lleva el Juzgado número 4 de Cerdandyola del Vallés por presuntos delitos de falsedad en documento oficial y omisón del deber de socorro.

Primera causa en Andalucía

En la última estadística se ha producido una novedad en Andalucía, una región que pese a su extensión venía estando exenta de este tipo de investigaciones. Así, la Fiscalía Provincial de Cádiz ha incoado una diligencia a raíz de la denuncia de una asociación que había sido presentada inicialmente ante el fiscal jefe del área de Jerez.

Por número de investigaciones a Madrid y Cataluña le siguen las dos Castillas, con una veintena de causas en Castilla y León y 18 en Castilla-LaMancha, seguidas de Galicia con 14 casos y Extremadura con 5. Muy por detrás están Aragón, Baleares, La Rioja y la Comunidad Valenciana con una diligencia penal en Fiscalía por las residencias en cada una de ellas, a las que se suman Asturias, Canarias, Cantabria, Navarra y País Vasco, que no tienen ninguna diligencia abierta por temas relacionados con muertes en residencias.

En cuanto a las diligencias de índole civil, la FGE informa de permanecen abiertas más de 170 en todo el territorio, número similar al de la semana pasada. Señala que se ha procedido al archivo de dos en la localidad de Alcoy al haberse comprobado la "inexistencia de situaciones de desatención, desamparo o irregularidades en las residencias objeto de seguimiento".

Además, añade que se incoan tres nuevos expedientes civiles para su seguimiento. En este caso, se trata de expedientes abiertos para seguir la situación de residencias en las provincias de Cádiz y Alicante, y en la Región de Murcia. El Ministerio Fiscal apunta que el resto de diligencias civiles continúan su trámite en las diferentes fiscalías territoriales, y explican en su comunicado que esta semana consta la recepción de información actualizada sobre los establecimientos residenciales objeto de seguimiento. Destacan por el número de diligencias en trámite Cataluña con más de 60 abiertas, Castilla y León con más de 20, Andalucía con 16 o la Comunidad Valenciana con 19.

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1 Comentarios
  • Esdaquit Esdaquit 03/06/20 19:57

    Las residencias de ancianos han sido foco de atención por los numerosos fallecimientos de personas mayores desde el comienzo del recuento de víctimas del coronavirus. Se nos ha informado de irregularidades en la atención médica ocurridas en esos alojamientos, siendo infoLibre uno de los periódicos punteros en informar y denunciar situaciones de desprotección y abandono de residentes necesitados de atención hospitalaria o médica en numerosas residencias. En este artículo se nos documenta sobre las diligencias fiscales abiertas en el Estado y de dos diligencias que ya han sido cerradas sin consecuencias. Considero, desde mi humilde punto de vista, que quienes han hecho negocio y han aumentado la cuenta de resultados a costa de la salud y de la vida de las personas, incumpliendo obligaciones elementales, tienen que rendir cuentas ante la justicia y que toda la información al respecto, sea de general conocimiento. Tal información nos ha de servir de guía para que, en lo sucesivo, exijamos que se ponga orden, se inspeccione y se haga seguimiento de las residencias para salvaguardar la salud, el bienestar y la dignidad de nuestros mayores. Y ante todo, exijamos sanidad pública y residencias públicas: la salud no puede ser un negocio.

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