Televisión pública

Los despedidos de Telemadrid saldrán a la calle un año después del ERE

Los 861 trabajadores de Telemadrid despedidos el 12 de enero de 2013 saldrán este domingo a la calle para reivindicar la nulidad de un ERE que en primera instancia la Justicia declaró improcedente, y está pendiente de recurso. A la convocatoria se han sumado organizaciones sindicales y políticas, así como entidades por la defensa de la radio y televisión pública y el derecho ciudadano a recibir una información libre e independiente del poder político.

La manifestación tendrá lugar a mediodía entre la Plaza de la Villa y la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, y es la culminación de las que todos los jueves han tenido lugar, con ese mismo final, desde que hace un año los trabajadores afectados (tres de cada cuatro empleados en esa fecha) recibieran la notificación de despido sin que la empresa contestara a sus propuestas para reducir los costes salariales.

El ERE ponía término a unas jornadas de huelga, que habían llevado a negro la señal de esa televisión, y que culminaban protestas y denuncias de los trabajadores iniciadas poco despues de que llegará a la presidencia de la Comunidad Esperanza Aguirre. El desembarco en Telemadrid del que había sido su jefe de prensa en cargos anteriores, Manuel Soriano, supuso un viraje en los informativos, que pasaron de ser referentes en Madrid a un mero instrumento de propaganda al servicio de las posturas políticas de la presidenta. Nuevos mandos y redactores arrumbaron a buena parte de la plantilla, a medida que iban imponiendo la manipulación de la información.

Para Esperanza Aguirre –tal y como ha recordado en estos días el anterior director de informativos, Alfonso García– Telemadrid "era un nido de rojos", que había que apartar. Las sucesivas censuras, manipulaciones, y dislates en la información que aparecía en pantalla provocaban el abandono de unos espectadores acostumbrados a verse reflejados en ella, y que ahora contemplaban su sustitución por delirios conspirativos sobre el 11-M, y propaganda del Gobierno regional.

La zafiedad con que se tergiversa la información da lugar al nacimiento de Salvemos Telemadrid; un colectivo trasversal de trabajadores que denuncia –primero en los medios e instituciones regionales y nacionales; luego ante el propio Consejo de Europa– el desprecio por la información independiente y la propia ética periodística.

En paralelo, la empresa se embarca en derroches económicos suicidas y opacos, a ordenes del poder político. Entre los más llamativos, infoLibre denunciaba en primicia como Telemadrid y Caja Madrid contrataron derechos del fútbol por 270 millones sabiendo que era una operación ruinosa, o cómo dejó en 2008 la publicidad en manos de Cerezo, dueño de una televisión privada que era su competencia directa, por citar solo los más dolosos para la propia empresa. De este modo, cuando Ignacio González hereda de Aguirre presidencia y control de Telemadrid, asume una empresa endeudada y una cadena de televisión desacreditada y sin espectadores, que en diez años han pasado del 17 por ciento de cuota de pantalla, a un irrelevante 4, que la sitúa en la cola de las televisiones autonómicas, junto Canal Nou.

Es entonces, y aludiendo a dificultades económicas, el momento para proceder a un despido masivo, que es al tiempo una purga ideológica. No solo se expulsa a "los contrarios", sino también a "los desafectos"; se queda solo con "sus directivos" y con los más entusiastas en la tarea de desinformar a la sociedad. Llegan tan lejos que expulsan hasta a los técnicos que pueden garantizar la emisión. Los madrileños pueden contemplar en esos días de enero como la programación de Telemadrid es un completo desbarajuste de repeticiones, trufadas por la desaparición de la señal.

La solución la encuentra el, por entonces y hoy, director general, Jose Antonio Sánchez, en su empresa de procedencia, Telefónica en la que recala entre cargo y cargo por designación del PP. A la filial de servicios audiovisuales de esa compañía se encarga –sin concurso ni trámite legal, que la urgencia apremia– realizar el papel de buena parte de los despedidos. Un suculento contrato de servicios, con algún pequeño premio de consolación para Secuoya, otra de las empresas que optan a los beneficios de la privatización futura de los medios públicos.

A día de hoy, y con 861 familias condenadas al paro, Telemadrid continúa sus emisiones –cada vez menos vistas por los madrileños– con un presupuesto muy similar al de antes de los despidos (lo que desmiente la coartada de que el ERE se hacía por motivos económicos), a la espera del dictamen de la Justicia, a la que los trabajadores han solicitado que los despidos sean dictaminados como nulos; en ese caso ya ha reiterado Ignacio González que "cerrará Telemadrid". Una amenaza que ya ha llevado a cabo su homólogo de Valencia.

Mientras, los legítimos trabajadores de Telemadrid, que han dado ejemplo de dignidad y firmeza desde hace diez años, saldrán este domingo a la calle a reivindicar sus puestos de trabajo; pero también "el derecho a una radio y una televisión pública bien gestionada y al servicio de los ciudadanos, justo -denuncian- lo que no ha sido Telemadrid en los últimos diez años".

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