Extrabajadores de Telemadrid demandan a la cadena por un contrato con una filial de Telefónica

La Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (AGTPM), ha presentado un recurso especial de nulidad ante el Tribunal de Contratación de Madrid contra la adjudicación que Telemadrid realizó a la empresa TBS, filial de Telefónica (multinacional de la que es directivo en excedencia el actual director general de Telemadrid José Antonio Sánchez), para la producción y realización de la señal de la cadena.

La AGTPM, formada por unos 200 trabajadores del Ente Público Radio Televisión Madrid despedidos hace un año por un ERE, afirma en su recurso que "la licitación eludió los requisitos de publicidad e igualdad que rigen los procedimientos de contratación con la Administración Pública, escudándose en la supuesta naturaleza mercantil de las sociedades que componen el ente publico". Esta asociación se presentó el pasado julio al concurso público convocado por la dirección de Telemadrid, junto a TBS y CBM (filial del Grupo Secuoya en el que es directivo Miguel Ángel Rodríguez, exportavoz del Gobierno de José María Aznar y que desempeña desde la ejecución del ERE en Telemadrid el servicio de cámaras ENG).

"Fueron –afirman– los antiguos trabajadores de este ente público quienes presentaron la oferta más barata, 160.000 euros mensuales. La mitad de lo presupuestado por TBS, a la que finalmente se adjudicó el servicio por 304.525 euros mensuales más IVA. Sin embargo, la dirección no entró siquiera a valorar el proyecto de la AGTPM alegando defectos formales y no cumplir los requisitos".

"Evitar el control público"

"Dicha licitación –siempre en palabras de los denunciantes– eludió los requisitos de publicidad e igualdad que rigen los procedimientos de contratación con la Administración Pública, escudándose en la supuesta naturaleza mercantil de las sociedades que componen el ente público. Desde la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña entendemos que los directivos del Ente Público y de Televisión Autonomía de Madrid SA están realizando una huida premeditada del Derecho Administrativo, para de esta forma, evitar el control público de los gastos y los propios requisitos de contratación que establece la Ley de Contratos del Sector Público".

Tal y como ha informado infoLibre, los despidos están pendientes del fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que se reunirá el próximo 26 de marzo. Esta licitación tenía por objeto cubrir los servicios que prestaban los trabajadores de plantilla despedidos por Telemadrid en el ERE. Los demandantes explican en su recurso que "más allá de lo que manifiesta la propia empresa, tanto Televisión Autonomía de Madrid SA como Radio Autonomía SA son entidades pertenecientes al sector público y a su vez tienen la consideración de poder adjudicador y, por tanto, se encuentran sometidas a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Pero al no haberse cumplido con estos requisitos de publicidad en el proceso de licitación, la AGTPM reclama la nulidad de la adjudicación del servicio a TBS".