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El director de ‘El País’ intenta librarse de una querella de Roures escudándose en una redactora
La querella de Jaume Roures contra el director del diario El País, Antonio Caño, y la periodista a sus órdenes que firmó el artículo donde se atribuía al dueño de Mediapro cuentas en paraísos fiscales ha arrancado con un episodio inesperado. Caño ha pedido al juez de instrucción número 29 de Madrid que rechace la querella contra él e impute solo a la autora del texto, Rosario G. Gómez.
Mediapro, que se ha opuesto al recurso de Caño, reclama al juez que mantenga para la fecha inicialmente fijada, el 10 de noviembre, la comparecencia de ambos como querellados por injurias, calumnias y uso de documento falso en perjuicio de Jaume Roures.
Un comunicado de Mediapro desvelaba este miércoles por la tarde cómo Caño sustenta su petición en el siguiente argumento: que no es el autor de la información que dio origen a la querella y que existe una “responsabilidad en cascada o escalonada”.
En su recurso contra el auto judicial, cuyo contenido conoce infoLibre, Caño busca zafarse de la querella esgrimiendo el artículo 30.2 del Código Penal.
Ese precepto establece, en efecto, la responsabilidad “escalonada, excluyente y subsidiaria” en los llamados delitos de imprenta. Y los primeros en ese orden que cita el Código Penal son “los que realmente hayan redactado el texto (…) y quienes les hayan inducido a realizarlo”. El director de El País reproduce en su defensa ese punto. Pero lo hace solo parcialmente: elude la mención expresa a "quienes les hayan inducido a realizarlo".
Mediapro se opone al recurso de Caño al considerar que, como director de El País, "es el encargado de controlar el contenido de sus publicaciones”. Es también, alega la compañía de Jaume Roures, “quien tiene el dominio de su difusión, por lo que él decide qué noticias se publican en su diario, siendo por lo tanto coautor del presunto delito de calumnias denunciado".
El artículo en cuestión fue publicado por El País el 14 de diciembre de 2014 a página completa y con una llamada en portada bajo el siguiente titular: Roures posee 250 millones en 150 cuentas, un tercio en paraísos fiscales. El diario citaba como fuente “documentos” a los que decía haber tenido acceso y que nunca ha llegado a desvelar.
El comunicado de Mediapro recalca cómo “pese a las repetidas peticiones (…) para que El País hiciera públicos los documentos que avalaban la información o, en caso contrario, se retractara públicamente, hasta este momento el periódico no ha aportado ninguna documentación que autentifique los datos publicados”.
La nota también destaca que “en el juicio por la demanda de rectificación, celebrado en Barcelona el pasado 27 de febrero”, el rotativo de Prisa “únicamente aportó un supuesto informe sobre la situación financiera de Jaume Roures que, además de su burda elaboración, está plagado de errores”. La sentencia fue favorable a Prisa. Mediapro ya la ha recurrido.
De acuerdo con la información facilitada por Mediapro, el juez encargado de instruir la querella ha admitido la prueba documental propuesta por Roures: que se recabe de la Delegación de Hacienda de Catalunya la documentación que El País le envióEl País ante sus requerimientos.
El reportaje que atribuía a Roures la tenencia de cuentas en paraísos fiscales como las Islas Caimán, Singapur, Suiza, Liechtenstein o Gibraltar vio la luz en medio de la guerra abierta entre Prisa y Mediapro por la gestión de los derechos del fútbol.
En aquel momento, diciembre de 2014, se encontraba pendiente de resolución una demanda que enfrentaba a Sogecable (perteneciente a Prisa) y a Mediapro. En febrero de 2015, el Tribunal Supremo falló a favor del grupo de Jaume Roures.
Un portavoz oficial de El País, a preguntas de infoLibre, señaló que los hechos narrados en el comunicado de Mediapro "son ciertos" –en referencia a la imputación judicial y al recurso presentado por el director del periódico–, pero evitó realizar cualquier tipo de valoración de los mismos.
La interpretación de la FAPE
Además de a los tribunales, Roures acudió a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en busca de amparo contra El País. La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la FAPE determinó que El País no había vulnerado el código deontológico en cuanto a su exigencia de veracidad.
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La resolución de la FAPE sostiene que veracidad no significa lo mismo que verdad. Y recalca que, tras leer “con la mayor atención” el artículo cuestionado, la comisión de deontología llegó “a la convicción de que su contenido tiene como fundamento fuentes documentales", fuentes "que no se desvelan, circunstancia por cierto no contradicha en el escrito inicial de este expediente”.
Lo que viene a sostener la FAPE es que el hecho de que el portavoz de Mediapro optase por un “sin comentarios” cuando El País contactó con él antes de publicar el reportaje autorizaba al periódico de Prisa a dar por buenos los datos que manejaba sobre Roures sin necesidad de más comprobaciones.
“Sin comentarios”, mantiene la FAPE en su controvertida resolución, es una “respuesta ambigua y cauta que más parece admitir que rechazar, ya que no niega rotundamente los hechos ni se tacha de falsa la información”.
