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El Parlamento Europeo advierte de que la concentración mediática en España supone un “riesgo alto” para el pluralismo

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El Parlamento Europeo ha puesto a examen la libertad de prensalibertad de prensa en los 27 países de la UE, y ninguno ha conseguido superarlo con nota. Según el informe Análisis comparado de la libertad de prensa y del pluralismo en los Estados miembros de la UE [consultar documento aquí] la influencia política y la concentración empresarial de los medios de comunicación son dos factores que ponen en riesgo la pluralidad y calidad mediática en todos los países miembros de la institución.

En España, la presión política apenas supone un riesgo "medio-bajo" para el pluralismo, pero la situación se agrava si se analiza la concentración de la propiedad de los medios, que supone un peligro "alto" para preservar la pluralidad en los medios de comunicación. Se sitúa, en este aspecto, entre los once países donde la propiedad de los medios influye directamente y de una forma evidente sobre los niveles de pluralismo –junto a Bulgaria, Grecia, Hungría, Italia, Finlandia, Dinamarca, Francia, Lituania, Polonia y Rumanía–.

Deterioro de la libertad de prensa

Según las conclusiones del análisis, el panorama europeo respecto a la pluralidad de prensa deja tras de sí importantes fisuras que urge reparar: "El problema es más profundo y más amplio de lo previsto inicialmente", subraya. Las conclusiones son producto de una serie de cuestionarios basados en factores como la independencia, la observación de la ética periodística y de la calidad profesional, la estabilidad financiera, la diversidad cultural y política de los contenidos, la diversidad geográfica y la independencia de las autoridades reguladoras, criterios que ninguno de los países analizados supera en su totalidad.

A rasgos generales, el Parlamento Europeo –concretamente la  Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior– considera que la concentración de la propiedad se agrava con "la participación de las elites políticas" y lamenta que la oligarquía "utilice los medios de comunicación para apoyar sus particulares intereses económicos, políticos o sociales".

Los expertos europeos recuerdan que la Carta de los Derechos Fundacionales de la UE establece la obligatoriedad de respetar y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. Además, señalan que según el Tratado de Lisboa "dañar el pluralismo tiene múltiples efectos perjudiciales sobre los ciudadanos europeos". Por este motivo, estiman que los países deben fomentar un mayor respeto a la pluralidad en los medios de comunicación para evitar que su deterioro "obstaculice la misma idea de integración, incluyendo la libre circulación de los servicios de comunicación y de las personas".

Otro de los asuntos que preocupan a la institución es la transparencia en la financiación directa o indirecta del Estado, cuestión que "no es satisfactoria en ninguno" de los territorios examinados. 

Critica, finalmente, que los periodistas "son víctimas" pero también "cómplices del mal funcionamiento del sistema de medios", que se materializa en la imposibilidad de "cumplir con su función democrática". Si bien, continúa, ninguna violación de la normativa jurídica ha podido ser demostrada, sí han sido constatados mecanismos para eludir su cumplimiento hasta el punto de caminar hacia la "infracción sistémica".

A juicio del organismo europeo, "la magnitud de los acontecimiento" ha alcanzado tal nivel que el problema ha pasado de ser cuantitativo a cualitativo. "Esta deficiencia cualitativa causa la disfunción del sistema democrático, la autoridad de la ley y de los derechos fundamentales de los ciudadanos", de forma que genera una "nueva amenaza al pluralismo que se ha integrado en los sistemas políticos de varios países miembros".

Propuestas

En base al diagnóstico elaborado tras los resultados del estudio, el Parlamento Europeo propone seis medidas que los miembros de la UE deberían llevar a cabo para mejorar la situación de la prensa y paliar los escollos de un escenario donde la pluralidad se encuentra en riesgo.

En primer lugar, señala la necesidad de supervisar el pluralismo en los medios de comunicación a través de un cuerpo independiente de expertos, cuyas funciones se pongan en marcha "preferentemente cada dos años". Propone que la supervisión sea realizada bajo el marco de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) y estipula, asimismo, las posibles actuaciones en función de las conclusiones: ninguna amenaza a la pluralidad, una amenaza media o una alta amenaza. En caso de un riesgo medio, la comisión de expertos deberá trabajar codo a codo con los gobiernos para fomentar el pluralismo durante un periodo de cinco años, mientras que si el riesgo es alto la comisión deberá iniciar un procedimiento más exhaustivo en base a las necesidades específicas de cada territorio.

En segundo lugar, los autores del informe apuestan por fijar una serie de principios respecto a la concesión de ayudas estatales, como la imparcialidad, justicia, equidad o la transparencia. Además, consideran que la publicidad estatal debe ser considerada como ayudas, y que las subvenciones tendrán que estar sujetas a un sistema de vigilancia que incluya la obligación de informar sobre todos sus aspectos. "La subvención regulada debería mejorar la dirección prudente económica tanto en medios de comunicación del servicio público como en los medios privados", concluyen.

El Parlamento Europea subraya también la importancia de garantizar que la propiedad de los medios no esté en manos de un monopolio. En este sentido, sostiene que los países miembros deben asegurar la existencia de reglas contra la concentración de los medios, además de mejorar el nivel de la profesión mediante la promoción de la educación periodística o la protección de las fuentes, así como la necesaria cooperación de los medios con programas de la UE que fomenten la diversidad cultural y social.

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En cuarto lugar, el documento propone la creación de una base de datos de transparencia elaborada por la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA) o por la Comisión Europea y que identifique a los propietarios directos, indirectos y a todas las personas físicas y jurídicas que se beneficien de la propiedad mediática. "La actividad de la empresa propietaria también debería ser registrada en esta base de datos" así como las subvenciones públicas y estatales recibidas.

Por otro lado, el Parlamento Europeo propone una enmienda a la Directiva de Comercio Electrónico (ECD) basada en la inserción de la figura del proveedor de plataforma, que proporcione un "servicio a la sociedad de la información consistente en distribuir la información proporcionada por un tercero".

Finalmente, recomienda la puesta en marcha de proyectos educativos desde la infancia mediante la transmisión de valores como "democracia, derechos fundamentales y autoridad de la ley". Por otro lado, incide en la necesidad de la alfabetización de los medios de comunicación en relación a la selección de contenido, las habilidades para encontrar información veraz, o las condiciones técnicas, morales y legales para generar información. Hacen además hincapié en la ética periodística y la calidad profesional, reclamando un mayor esfuerzo por educar a los periodistas en aspectos como el rechazo a la presión o la distinción entre hechos y opiniones.

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