Un millón de firmas contra la ‘entrega’ de Europa a las multinacionales

La plataforma Stop TTIP entregó este martes ante la Comisión Europea una petición firmada por más de un millón de personas que han mostrado su oposición al Tratado de Libre Comercio que negocian Estados Unidos y la UE.

Esta petición forma parte de una Iniciativa Ciudadana Europea, llevada a cabo de forma auto-organizada, y que ha recogido firmas durante los dos últimos meses en todo el continente. No obstante, la campaña ha sido coordinada por Stop TTIP, una plataforma apoyada por más de 300 organizaciones políticas –Izquierda Unida, Podemos o Equo, entre otros–, sindicales –CCOO, USO o CGT– y sociales, como es el caso del Frente Cívico "Somos Mayoría" o el de numerosas plataformas y mareas contra los recortes. 

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"Stop TTIP ha recogido más de un millón de firmas en un tiempo récord", recalca John Hilary, miembro del Comité de Ciudadanos de la plataforma, que asegura que "esto es especialmente embarazoso para la Comisión Europea, ya que ha intentado varias veces bloquear la participación de los ciudadanos en la forma en que estos tratados se están negociando y en su resultado. Jean Claude Juncker debe escuchar a la creciente oposición y dejar de negociar ambos tratados de inmediato".

En la petición, subrayan que algunas cláusulas de este tratado "representan una amenza para la democracia y el Estado de Derecho" haciendo especial hincapié en que "los verdaderos beneficiarios de estos acuerdos serán las grandes empresas y no la ciudadanía". Como ejemplo, nombran la cláusula ISDS, por la cual las empresas pueden demandar a los estados si consideran que alguna de sus políticas gubernamentales han provocado daños a sus intereses económicos.

Por este motivo, la famosa politóloga Susan George, también miembro del Comité de Ciudadanos, apunta: "La Unión Europea está tratando desesperadamente de sofocar la participación de los ciudadanos y evitar un debate crítico sobre estos acuerdos comerciales". Además, subraya que el Tratado de Libre Comercio "amenaza la democracia, los derechos laborales, las normas ambientales y los servicios públicos esenciales. Un millón de personas ya han dicho 'No, gracias', ¿Cuántas más se necesitan para que Bruselas los escuche?".