Historia de una asociación saharaui que Marruecos tardó diez años en legalizar

Diez años después de su nacimiento, la Asociación de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el Estado de Marruecos (ASVDH) ha sido reconocida formalmente por las autoridades del país. La noticia les llegó a principios de semana: "El mes pasado nos dieron un recibo temporal y el lunes uno definitivo, por lo que ya podemos hacer nuestro trabajo", explica a infoLibre Brahim Dahane, presidente de la organización. "Constituimos la asociación en 2005 y no querían legalizarla. Si lo han hecho es gracias a una larga trayectoria de trabajo, militancia y a las campañas de presión", añade.

Lo que transmite Dahane es alegría contenida, la precaución de alguien que conoce los métodos "arbitrarios" de Marruecos, como él mismo los define. "No descartamos que sigan las torturas, las detenciones y los malos tratos". Sin embargo, quiere ser paciente: "Vamos a ver si los marroquíes de verdad van a respetar nuestros derechos [los del pueblo saharaui] y los derechos humanos", añade.

A su petición se sumó estos días Human Rights Watch: "Marruecos ha roto un tabú instalado desde hace mucho tiempo con el reconocimiento legal de una asociación cuyo nombre incluye las graves violaciones perpetradas por el Estado marroquí contra los saharauis, pero la prueba del cambio será si las decenas de asociaciones que siguen en un limbo legal tendrán más libertad para desarrollar sus actividades pacíficas de forma legal y sin restricciones", alegó la directora de esta ONG para el Norte de África, Sarah Leah Whitson.

A Dahane no se le escapa que el objetivo de su asociación no es ser reconocida, sino que Marruecos reconozca "el derecho de autodeterminación e incluso la independencia saharaui", y dice que estas seguirán siendo sus reivindicaciones. Unas reivindicaciones por las que ha sido detenido en multitud de ocasiones. La primera de ellas estuvo desaparecido entre 1987 y 1991, "encerrado en una mazmorra y sin haber tenido un juicio". Pasó por la cárcel en 2006, después de que la asociación que preside exigiera una investigación por la muerte de un joven en una manifestación. Y volvió a estar entre rejas en 2011. "Siempre sin existir una condena contra mí", subraya.

Las represalias contra él y la ASVDH llegaron a las pocas semanas de constituirse la asociación. El 15 de junio de 2005 sufrieron un "robo" en las oficinas y perdieron todo el material del que disponían. "Desde entonces trabajamos en nuestras casas y aquí atendemos a los relatores de la ONU, a los miembros de las embajadas, a los periodistas...", comenta este saharaui de 50 años.

Marruecos ha venido justificando su represión con la Ley de Asociaciones, que prohibe cualquier organización "que busque socavar la religión islámica, la integridad del territorio nacional o el régimen monárquico". Bajo estos criterios se han reprimido manifestaciones y actos públicos,  y se ha prohibido a estas asociaciones el alquiler de locales e incluso la apertura de una cuenta bancaria.

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Si la actividad de la ASVDH no se ha moderado en el último tiempo, cabe preguntarse qué ha cambiado entonces para que Marruecos haya aceptado su registro formal. Según el presidente de la asociación, las autoridades marroquíes han cedido a "la presión internacional, especialmente por los informes elaborados por el secretario general de la ONU", asegura, y añade que la intención de Marruecos es "mejorar su imagen".

"El Sáhara es una cuestión de debate en el propio Consejo de Seguridad". Ello pese a los "esfuerzos de Francia y España para impedir" que la misión de la ONU en el Sáhara, la Minurso, tenga entre sus cometidos supervisar el cumplimiento de los derechos humanos en esta región. Como prueba de ello, Brahim Dahane se refiere a la actitud que mantuvo en 2013 el ministro español de Asuntos Rexteriores. Estados Unidos propuso entonces que la Minurso pudiera vigilar el respeto de los derechos humanos, pero España y Francia se negaron con su silencio: "Margallo estaba en contra porque decía que era inútil", sostiene Dahane.

Esta actitud se repitió el pasado abril, cuando la ONU renovó su misión en el Sáhara. Lo hizo en base a un documento presentado por el llamado Grupo de Amigos del Sáhara Occidental (Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido y Rusia). En dicho documento volvía a negarse la posibilidad de que la ONU haga en esta región lo que hace en todas aquellas donde tiene misiones para el mantenimiento de la paz: averiguar si las partes enfrentadas respetan los derechos y libertades civiles.