Jorge Galán pide asilo a España tras ser amenazado de muerte por su novela sobre el asesinato de los jesuitas en El Salvador

Decenas de intelectuales españoles, latinoamericanos y estadounidenses han firmado un manifiesto apoyando al escritor salvadoreño Jorge Galán, que ha tenido que abandonar El Salvador y pedir asilo político a España tras ser amenazado de muerte. Su vida, y la de su familia, se ha complicado desde que publicó NoviembreNoviembre, una novela en la que recuerda el asesinato de seis jesuitas en 1989 a manos del ejército salvadoreño.

Sin embargo, el verdadero motivo del hostigamiento es que Galán aporta información que podría implicar a los autores materiales e intelectuales de esta masacre. Un crimen que no ha sido juzgado en El Salvador pero que sí investigan Estados Unidos y España, país del que eran originarios cinco de los jesuitas muertos. Además, la Corte Suprema de El Salvador se niega a extraditar a los militares implicados.

Los culpables andan sueltos y Noviembre despeja algunas dudas sobre su identidad, algo que está directamente relacionado con el episodio que Jorge Galán sufrió el primero de este mes. A mediodía, de camino a casa, un coche se paró a su altura y dos hombres le insultaron desde su interior. Luego le apuntaron con una pistola. Este hecho ha sido más que suficiente para que el escritor haya decidido pedir asilo político a España. Y también para que autores y artistas como Almudena Grandes, Luis García Montero, Fernando Valverde, Joan Manuel Serrat, Ernesto Cardenal o Juan Villoro, se sumen a un manifiesto en el que expresan su rechazo a la impunidad de la que todavía gozan los autores del crimen.

Sospechosos de ser aliados de la guerrilla izquierdista

Madrugada del 16 de noviembre de 1989. El pelotón del batallón Atlacatl, del ejército salvadoreño, acata las órdenes del coronel René Emilio Ponce y asesina a seis jesuitas y dos mujeres que también ocupaban la casa. Les acusaban de difundir la Teología de la Liberación, algo que les relacionaba con la guerrilla izquierdista del partido FMLN, opositor al presidente derechista Alfredo Cristiani.

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En 2008, dos organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron a Cristiani ante la Audiencia Nacional por su presunta implicación en los hechos. Puesto que cinco de los jesuitas asesinados eran españoles, la querella aprovechó el principio de justicia universal. Al expresidente de El Salvador se le acusaba de "encubrir" y ser "cómplice" del crimen, y a 14 militares de ser "los responsables" del mismo.

Años antes, en 1991, estos militares fueron juzgados en el país sudamericano, sin embargo, solo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza. Un año después quedaron en libertad tras aprobar el parlamento salvadoreño una Ley de Amnistía.

En 2014, pese a las limitaciones impuestas por el Gobierno a la justicia universal, la Audiencia Nacional determinó que los tribunales españoles sí son competentes para continuar investigando este caso.