Latinoamérica
Dos diputados brasileños llegan a las manos en el Congreso a cuenta de la corrupción
Diputados brasileños han protagonizado este jueves una trifulca en el Consejo de Ética que investiga las supuestas cuentas bancarias en Suiza del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, en una muestra de la tensión política que vive el gigante sudamericano.
Los diputados Wellington Roberto, del conservador Partido de la República (PR), y Zé Geraldo, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), se han enzarzado en una fuerte discusión con insultos y algún que otro manotazo, teniendo que ser separados por sus compañeros.
La causa de este enfrentamientos ha sido la intención del PR de aplazar una vez más la votación sobre Cunha alegando, en este caso, la incomparecencia de algunos diputados. La decisión ya se ha pospuesto en siete ocasiones, contando con esta última, por diversas razones.
"Los compinches de Cunha quieren causar un alboroto, son unos provocadores", ha dicho Geraldo, acusando al PR de entorpecer el proceso de investigación del presidente de la Cámara de Diputados, mientras que Roberto ha negado actuar como parte de la "banda" de Cunha y se ha amparado en la aplicación del reglamento del Consejo de Ética.
El único resultado de esta sesión ha sido la toma de posesión de Marco Rogerio, del Partido Democrático Laborista (PDT), como relator del caso Cunha, en sustitución de Fausto Pinato, del Partido Republicano Brasileño (PRB), que dimitió tras denunciar "presiones".
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Rogerio se ha comprometido a presentar una conclusión sobre el caso Cunha en un máximo de 15 días. "Voy a actuar con celeridad y a garantizar la integridad del proceso", ha prometido, según informa la prensa brasileña.
El Consejo de Ética debe decidir si Cunha ha violado las normas parlamentarias por ocultar 2,4 millones de dólares en un banco suizo y, en caso de que así sea, podría perder el cargo, perdiendo también la inmunidad que le otorga.
Cunha decidió impulsar el proceso de destitución contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por las irregularidades en las cuentas públicas después de que el Gobierno y su base aliada en el Parlamento decidieran remitir su caso al Consejo de Ética.
