Juristas internacionales piden el esclarecimiento del crimen de Berta Cáceres y hacen recomendaciones a UE y EEUU

La Misión Internacional Justicia para Berta Cáceres reclama el esclarecimiento del asesinato de la activista en Honduras el pasado 2 de marzo, y el de Nelson Noé García, defensor de los derechos humanos de etnia lenca muerto a balazos 12 días después. También pide la liberación del dirigente social mexicano Gustavo Castro Soto, testigo herido en el asesinato de Cáceres, detenido por las autoridades hondureñas y al que se le denegaba su regreso a México.

El grupo reclama al Gobierno de España y al resto de miembros de la Unión Europea que suspendan la financiación del programa EuroJusticia, fundado por el Consejo de la Unión Europea en 2002 para mejorar la coordinación entre las autoridades competentes en lo referente a las investigaciones judiciales, hasta que se esclarezcan los hechos.

Para la comisión, Honduras se ha convertido en “uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de los derechos humanos”, donde se produce la ausencia del “más mínimo respeto a los principios democráticos y libertades fundamentales”. El grupo destaca que el país sufre una “debilidad manifiesta” del Estado de derecho, agravada desde el golpe de Estado de 2009.

Recomendaciones para Honduras, Unión Europea y Estados Unidos

Como conclusión de su visita al país latinoamericano entre los días 17 y 21 de marzo, la comisión, integrada por 15 parlamentarios, juristas y representantes de organizaciones sindicales, sociales y de defensa de los derechos humanos de diferentes países, presentó en rueda de prensa en Tegucigalpa veinticinco recomendaciones al Estado de Honduras y a otras instituciones como la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos.

Entre ellas, destaca la petición de una investigación independiente, con la participación de expertos internacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del asesinato de Berta Cáceres, que además identifique a los responsables de amenazas y crímenes contra dirigentes del COPINH, la organización a la que pertenecía Nelson Noé García. La Misión Internacional pide también paralizar el proyecto de Agua Zarca, uno de los motivos del asesinato de Cáceres, y todas las demás concesiones dadas en territorio lenca, que no fueron consentidas por las comunidades afectadas.

Por otro lado, reclama la desmilitarización de los territorios indígenas y el reconocimiento de COPINH como organización responsable de su autonomía comunitaria.

Con respecto a la Unión Europea, el grupo solicita suspender a Honduras del Acuerdo de Asociación con Centroamérica mientras el país latinoamericano no cumpla sus obligaciones en materia de Derechos Humanos. Al Gobierno de España y los demás miembros de la UE se les reclama que suspendan temporalmente la financiación al programa EuroJusticia hasta esclarecerse el crimen de Cáceres.

La Comisión pide además al Gobierno de Estados Unidos que aclare su participación en la investigación del asesinato, y que suspenda el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, y otros programas similares.

Por el momento, se produjo la decisión del Ministerio Público hondureño de retirar la prohibición de salir del país a Gustavo Castro, y la suspensión, por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica, del desembolso al proyecto Agua Zarca.