Un año de lucha antiterrorista: las medidas aprobadas por la UE desde ‘Charlie Hebdo’

El terrorismo yihadista ha sacudido con fuerza Europa durante el último año. Un 2015 que arrancó con los atentados en París contra la revista satírica Charlie Hebdo y un supermercado kosher –los hermanos Chérif y Said Kouachi y Amedy Coulibaly, respectivamente, asesinaron a un total de 17 personas– y se cerró con una nueva oleada de ataques terroristas el 13 de noviembre en el centro de la capital francesa en los que 130 personas perdieron la vida a manos de ocho terroristas, de los que uno, Salah Abdeslam, consiguió escapar a Bruselas, su ciudad natal, donde cuatro meses más tarde sería arrestado por las fuerzas de seguridad belgas.

La victoria quedaría empañada sólo cuatro días después en pleno corazón europeo, cuando dos atentados –uno en el aeropuerto de Zaventem y otro en el metro bruselense– segaron más de una treintena de vidas. Un año en el que las autoridades comunitarias han impulsado numerosas medidas para poner freno a un fenómeno, el del terrorismo internacional, que va en aumento. infoLibre repasa los pasos dados por la Unión Europea con el objetivo de reducir la financiación de estos grupos terroristas, acabar con la radicalización de jóvenes y, en definitiva, disminuir al máximo posible las posibilidades de que en un futuro se repitan hechos similares en los Estados miembro.

Viajes al extranjero para hacer la 'yihad'

La primera medida fue adoptada en mayo de 2015, cuando se decidió introducir un protocolo adicional al Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo. El nuevo texto incorporado pide a los Veintiocho medidas internas necesarias para establecer como delito los viajes al extranjero con el propósito de "cometer, contribuir o participar" en atentados terroristas, así como la financiación o facilitación de estos desplazamientos a zonas en conflicto para engrosar las filas de alguna organización terrorista. El año pasado fueron detenidas en España un total de 75 personas por sus vinculaciones con el terrorismo yihadista, según los datos del Ministerio del Interior que recoge el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en sus Cuadernos.

Además, el protocolo adicional también recoge, en su artículo 7, la obligación de que todos los países den los pasos necesarios a la hora de intercambiar información sobre "personas que viajen al exterior con fines terroristas", estableciendo un punto de contacto disponible durante 24 horas y los siete días de la semana. Un buen intercambio de información entre los servicios de inteligencia de los países comunitarios que podría ayudar a atajar atentados en suelo europeo y que la UE quiere completar con la puesta en marcha del Centro Europeo Contra el Terrorismo (ECTC), un punto de información centralizada, dependiente de Europol, que facilitará el intercambio de datos entre los Estados miembro.

Un protocolo que Bruselas intentará plasmar en una nueva directiva, publicada el 2 de diciembre y que todavía está atravesando los trámites previos a la votación en la Eurocámara. Con esta normativa la UE trata, en definitiva, de poner freno y controlar el fenómeno de los combatientes extranjeros, ciudadanos comunitarios que viajan a países en conflicto para combatir en organizaciones terroristas. Europol calcula más de 5.000 europeos en esta situación, de los que 160 serían españoles, según el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Registro de pasajeros

Esto se completa con el registro de datos de pasajeros de avión, más conocido como PNR, que el pleno del Parlamento Europeo dio luz verde el pasado 14 de abril con 461 votos a favor, 179 en contra y 9 abstenciones. Era una medida que llevaba varios años en stand by debido a las dudas que suscitaba en relación con la privacidad de los pasajeros al obligar a las compañías aéreas a entregar a las autoridades los datos de los usuarios que viajen a países que no formen parte del territorio comunitario y que tengan como llegada o salida alguno de los Estados miembro. Sin embargo, la directiva también recoge la posibilidad de que algún país decida aplicarlo a nivel intracomunitario: "Lo notificará por escrito a la Comisión".

Entre los datos que quedarán registrados, el Anexo 1 recoge: fecha de reserva y viaje; nombre, apellidos, dirección y datos de contacto; información sobre el pago; itinerario completo del desplazamiento; datos sobre viajeros asiduos; agencia u operador del viaje; información sobre el billete; datos del asiento; la información relativa al equipaje; y toda la situación del vuelo del pasajero (confirmaciones, facturación, no comparecencia o pasajeros de última hora sin reserva). Cifras y letras que permanecerán registrados durante cinco años pero que deberán quedar "enmascaradas" después de los seis primeros meses, un intento de salvaguardar ese derecho a la intimidad que denuncian los detractores de la medida.

Blanqueo de capitales

La segunda pata de la estrategia comunitaria para combatir el terrorismo se centra en detener el flujo de dinero que les permite operar con solvencia tanto en las zonas en conflicto como a nivel internacional. De entre todas las organizaciones terroristas, el autodenominado Estado Islámico sigue siendo la que registra unos mayores ingresos anuales, a pesar de que en los últimos meses se hayan reducido considerablemente respecto a los que generaba a mediados de 2015. Según un informe de la consultora estadounidense IHS, últimos datos publicados al respecto, los ingresos anuales de la organización liderada por el iraquí Abu Bakr al-Baghdadi han caído un 30% en el último año –de 80 millones a 56–.

En este sentido, la UE aprobó en mayo de 2015 una directiva sobre la prevención de uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en la que se emplazaba a los Veintiocho a adaptar sus legislaciones nacionales a esta nueva normativa comunitaria. Una normativa que será modificada de nuevo a lo largo del año. Así, el pasado 2 de febrero, la Comisión Europea dio a conocer un nuevo paquete de medidas en esta línea que se irán aplicando en diferentes fases entre 2016 y 2017. Con carácter inmediato, se incluyen la mejora en la aplicación de la congelación de aquellos activos vinculados a actividades terroristas y la asistencia a terceros países en este sentido.

Sin embargo, deja para más adelante, como muy tarde hasta final de año, aquellas modificaciones de la directiva contra el blanqueo aprobada en 2015. Entre ellas, la UE resalta la inclusión de una lista de controles que las entidades deberán llevar a cabo sobre los flujos financieros de aquellos países que presenten deficiencias en sus normativas nacionales en la lucha contra el blanqueo; el refuerzo de competencias de las unidades europeas de información financiera; la introducción de registros nacionales centralizados de cuentas bancarias; y afrontar los riesgos vinculados a las monedas virtuales y tarjetas de prepago anónimas.

Finalmente, para 2017, la UE tiene previsto dar un nuevo golpe a la financiación del terrorismo con un nuevo paquete de medidas. "Una de las principales fuentes de ingresos de las organizaciones terroristas es el comercio ilícito desde las zonas ocupadas, en particular el comercio ilícito de bienes culturales y de fauna y flora silvestres", recalca Bruselas. Algo de lo que ya ha alertado el FBI en numerosas ocasiones previas. Por ello, las autoridades comunitarias barajan prestar "asistencia técnica" a países de Oriente Próximo o el norte de África. Además, pretenden reforzar las competencias de las autoridades aduaneras.

Prevención de la radicalización

La UE es consciente que no ha podido contener la radicalización de ciudadanos europeos, a pesar de la aprobación, hace más de una década, de la Estrategia de la Unión Europea para combatir la radicalización y el reclutamiento terrorista. Por este motivo, a finales de 2015 el Parlamento Europeo dio luz verde a la Resolución sobre la prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos, en la que se aborda, sobre todo, la lucha contra estos radicalismos en la cárcel y en Internet. En el primero de los casos, se pide a los Veintiocho que "evalúen las pruebas y las experiencias relativas a la separación de los presos en las cárceles". En la red, pide a las autoridades competentes un control "más estricto" de aquellas páginas que "incitan al odio", "programas de sensibilización de los jóvenes" y que se preste una mayor atención a la radicalización a través de las redes sociales, uno de los principales caladeros de estos grupos terroristas.

Además, la resolución también hace hincapié en la prevención de la radicalización a través de la educación y de la inclusión social. Entre las principales medidas destacan "la necesidad de entablar un diálogo intercultural con los distintos líderes, expertos y comunidades" y llevar a cabo "medidas proactivas" de "desradicalización" a través de diferentes programas. "Facilitar los intercambios entre los Estados miembros y con Estados terceros que ya hayan adquirido experiencia y obtenido resultados positivos en este ámbito de buenas prácticas para la creación de estructuras de desradicalización", se añade en la resolución.

Alguno de los Veintiocho ya ha dado pasos en esta línea. En Dinamarca, por ejemplo, se han creado centros para intentar rehabilitar a estos combatientes extranjeros retornados o a aquellos que todavía no han viajado a zonas de conflicto. Reino Unido, por su parte, también anunció el pasado mes de octubre programas en esta línea, mientras que Francia dio a conocer el pasado mes de octubre la apertura de su primer centro de desradicalización antes del verano y que pondrá el foco en jóvenes entre 18 y 30 años a través de un programa de diez meses de duración.

Tráfico de armas

La última columna sobre la que se sustenta la estrategia comunitaria tiene que ver con la lucha contra el tráfico de armas. Aunque todavía la Unión Europea no ha aprobado nada en este sentido, los trabajos avanzan y se espera que la nueva directiva sobre el control de la adquisición y tenencia de armas pueda recibir el visto bueno del Parlamento Europeo a lo largo del año. Por el momento, el borrador se debatió la pasada semana por primera vez en la Comisión de Mercado Interior del Europarlamento en la que se incluye por primera vez a los coleccionistas al considerar que pueden ser "una posible fuente de tráfico", permitiéndoles adquirirlas pero con autorización.

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Otro de los puntos interesantes de la directiva se encuentra en la desactivación de las armas de fuego. "Los Estados miembro adoptarán las disposiciones necesarias para que una autoridad competente verifique la inutilización de las armas de fuego a fin de garantizar que las modificaciones aportadas al arma de fuego la inutilizan irreversiblemente", señala el borrador, que añade que los Veintiocho "dispondrán la expedición de un certificado o documento en el que se haga constar la inutilización del arma de fuego, o la colocación de un marcado a esos efectos claramente visible en el arma de fuego".

Una investigación realizada por la European Investigative Collaborations (EIC), una red de periódicos de la que en España forma parte El Mundo, reveló que las armas utilizadas por Amedy Coulibaly en el supermercado kosher había sido adquiridas en una armería de Eslovaquia, donde se habían inutilizado previamente para reducirlas a simples instrumentos de fogueo. Sin embargo, la misma investigación evidenciaba la facilidad de reactivar estos fusiles de asalto: apenas dos horas si caen en manos de un profesional.

Por este motivo los cuerpos y fuerzas de seguridad han centrado en los últimos meses todas sus fuerzas en desarticular redes dedicadas al tráfico de armas procedentes de los Balcanes. Así, la pasada semana, una operación de la Interpol a lo largo de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia se saldó con el decomiso de 40 armas de fuego cortas y largas, seis kilogramos de explosivo, 11 granadas de mano y cerca de 1.300 piezas de munición.