La activista y ambientalista hondureña Lesbia Urquía
fue asesinada este miércoles según informó la Policía tras encontrar el cuerpo en la región de Marcala, en La Paz (Honduras), según informó Europa Press.
Urquía pertenecía a la dirección del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (
Copinh), asociación que lucha por la
conservación del medio ambiente y los pueblos indígenas y a la que pertenecía la también asesinada
Berta Cáceres.
El Ministerio Público hondureño confirmó la
creación de un equipo especial para investigar la muerte de Urquía y la Agencia Técnica de Investigación Criminal conformó otro equipo de agentes especiales de la Unidad de Muertes Violentas de Mujeres y Feminicidios, según informó el diario hondureño
Tiempo.
Según anunció el COPINH a través de un comunicado, Urquía se encontraba
luchando contra la construcción de una hidroeléctrica propiedad del marido de la presidenta del Congreso Nacional, así como del partido en el Gobierno, Gladys Aurora López.
El asesinato de Urquía vuelve a poner sobre la mesa la
peligrosa situación en la que viven los ecologistas en Honduras, que quedó patente cuando el 3 de marzo dos sicarios
asesinaron a Berta Cáceres, la entonces líder de COPINH.
"La muerte de Lesbia Yaneth constituye un
feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta", aseguró COPINH a través de un
comunicado.
"
Responsabilizamos directamente por este asesinato al Gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de Derechos Humanos y de los bienes comunes de la naturaleza", añadió la organización.
Desde 2009, Honduras estuvo dirigida por un Gobierno de ideología conservadora que ha concedido
numerosas licencias de explotación de recursos naturales a distintas empresas, algo que ha provocado protestas, especialmente entre la población indígena, ya que estos contratos a veces permiten la explotación de zonas frágiles para el medio ambiente así como de reservas naturales.
Al menos
109 activistas ecologistas fueron asesinados en Honduras entre 2010 y 2015, convirtiendo al país en el más peligroso del mundo para el activismo ecológico.
Grupos a favor de los Derechos Humanos a menudo acusan al
Ejército de honduras de
participar directamente en los asesinatos. En concreto, tras la muerte de Berta Cáceres se descubrió que su nombre había aparecido en una
lista de objetivos que había sido entregada a las fuerzas especiales del Ejército, que reciben entrenamiento y apoyo por parte de Estados Unidos.
El Gobierno de Estados Unidos entregó una cifra estimada de
200 millones de dólares como ayuda a la Policía y al Ejército hondureños desde 2010 como parte de un plan para contrarrestar el crimen organizado y la inmigración ilegal, pero muchos grupos denuncian que esas ayudas
acaban en manos de escuadrones de la muerte que se encargan de eliminar cualquier oposición al Gobierno y a los intereses de ciertas empresas.
Ni una denuncia del PP, ni del PSOE, ni de Ciudadanos, claro que no ha sido en Venezuela. ¿ Alguna multinacional española está queriendo hacer negocios por la selva de Honduras?
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