Jueces federales de otros cuatro Estados se sumaron a las
autoridades judiciales del estado de Nueva York que
prohibió la deportación de los ciudadanos de los siete países de mayoría musulmana incluidos en la
orden ejecutiva de Donald Trump.
Magistrados de
Massachusetts,
Virginia y del estado de
Washington emitieron dictámenes entre el sábado y el domingo para
impedir nuevas expulsiones siguiendo el ejemplo de la jueza de distrito por Nueva York Ann Donnelly, que actuó tras la demanda presentada por dos iraquíes que habían sido
retenidos en el aeropuerto JFK.
El Departamento de Seguridad Interior informó este domingo de que
cumplirá con las órdenes de los tribunales y al mismo tiempo
aplicará la orden ejecutiva de Trump "para garantizar que quienes entran en Estados Unidos no suponen una amenaza para nuestro país o para el pueblo estadounidense".
En numerosas ciudades de todo el país los abogados trabajaron horas y horas durante la noche para
ayudar a las personas afectadas por la orden presidencial del pasado viernes y presentaron
más de un centenar de demandas.
En
Boston, la jueza de distrito Allison Burroughs emitió este domingo una orden cautelar por siete días que impide
la expulsión de dos iraníes que trabajan impartiendo clases en la Universidad de Massachusetts y que quedaron retenidos en el Aeropuerto Internacional de Logan.
La decisión de Burroughs va un poco más allá que la de Donnelly, ya que
prohíbe a las autoridades detener y no solo expulsar a personas con la documentación en regla.
El director de la
Unión por las Libertades Civiles Estadounidense en Massachusetts, Matthew Segal, destacó que la orden de Burroughs supone
"una gran victoria para la justicia". "Le hemos dicho al presidente Trump que nos veríamos en los tribunales si ordenaba esta
prohibición inconstitucional contra los musulmanes (...). Lo ha intentado, y los tribunales federales de Boston y de todo el país lo han frenado", subrayó.
La juez del distrito de Alexandria,
Virginia, Leonie Brinkema, emitió anoche una orden judicial que prohíbe al Departamento de Seguridad Interior la
expulsión de entre 50 y 60 personas que estaban retenidas en el Aeropuerto Internacional de Dulles
pese a tener permiso de residencia. Dulles es uno de los aeropuertos más importantes de la zona de Washington D.C.
La orden de Brinkema exige además al Departamento que facilite la comunicación de los afectados con abogados, informó el Centro de Ayuda Legal y Justicia de Virginia, dedicado a
prestar asistencia profesional a personas con pocos recursos.
En la costa oeste fue el juez de distrito Thomas Zilly, de
Seattle quien el sábado
prohibió la expulsión de dos individuos que no han sido identificados. Zilly ha programado una nueva vista para el 3 de febrero.
A nivel de gobiernos estatales, los fiscales generales demócratas de
California y Nueva York están estudiando cómo atacar la orden ejecutiva de Trump. También estudian la situación los fiscales de
Pensilvania y Hawaii.
Daniel Bernabé
Aroa Moreno Durán
Benjamín Prado
