La ONU cifra en 509.000 los rohinyás exiliados y pide ayuda ante las epidemias

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) ha elevado este martes a 509.000 el número de rohinyá que ha huido del estado de Rajine (oeste) hacia Bangladés, en el marco de la crisis en la región.

El coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, ha destacado las "horribles" condiciones de vida que sufren los desplazados, recalcando que se debe impedir que la situación se convierta en una catástrofe, ante la aparición de brotes de enfermedades.

Tanto Lowcock como el director ejecutivo del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), Anthony Lake, han reclamado a la comunidad internacional que entregue fondos para ampliar la respuesta humanitaria.

Este mismo martes, Andrej Mahecic, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ha destacado que se ha detectado un brote de enfermedad diarreica que ha llevado a las organizaciones que trabajan sobre el terreno a habilitar decenas de camas para atender a los pacientes.

La agencia, que colabora con las autoridades locales y otros socios en materia sanitaria, prevé abrir dos centros más la próxima semana y abrir en cuestión de días varios centros ambulatorios con puntos de "rehidratación". De esta forma, se agilizará la atención inmediata a personas enfermas.

Otro de los frentes girará en torno al saneamiento de los enclaves donde han recalado los refugiados, en los cuales ya se han habilitado por ahora 250 letrinas y 32 tuberías. ACNUR también apoya la labor del Ministerio de Sanidad bangladeshí de vacunar contra el cólera a los rohinyá que han llegado desde Birmania.

"Todavía no hay estadísticas claras sobre los casos de diarrea acuosa aguda entre los refugiados recién llegados y vamos a tomar pedidas para prevenir enfermedades graves y muertes", ha dicho Mahecic, que sí ha confirmado "una tendencia al alza" en el número de enfermos con "deshidratación grave".

Los rohinyá han llegado a Bangladés huyendo de Rajine desde el 25 de agosto, cuando una serie de ataques por parte de milicianos de esta comunidad contra puestos de seguridad desencadenaron una operación militar a gran escala que ha dejado al menos 400 muertos. Esta operación ha sido denunciada por la ONU como "limpieza étnica".

Bangladéss y la inmensa mayoría de la comunidad internacional han reclamado a Birmania que acoja de nuevo a los rohinyá que han huido del país, tras lo que la líder de facto del país, Aung San Suu Kyi, se ha mostrado dispuesta a iniciar un proceso de verificación, si bien los términos no están claros.

Los rohinyá son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en Rajine. Son más de un millón de personas, pero el Gobierno birmano no les reconoce como ciudadanos porque considera que son descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha recordado recientemente que los rohinyás llevan décadas despojados de sus derechos civiles y políticos, también de los derivados de la ciudadanía.

En febrero, la oficina de Al Hussein publicó un informe basado en entrevistas a rohinyás que huyeron a Bangladés por otra operación militar birmana que, según el alto comisionado, ya "sugería" que había ataques "generalizados y sistemáticos" contra los rohinyás, llegando a alcanzar "posiblemente" la consideración de "crímenes contra la Humanidad".

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Suu Kyi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ha hecho frente a numerosas críticas por su postura durante la crisis y ha llegado a denunciar la existencia de "un gran iceberg de desinformación" para "crear problemas" y "beneficiar los intereses de los terroristas".

Así, condenó la semana pasada los abusos en el estado de Rajine pero no realizó alusiones a la limpieza étnica que estarían llevando a cabo las fuerzas de seguridad del país, según denunció la ONU, lo que ha provocado una respuesta fría de la comunidad internacional.

Las autoridades birmanas aseguran que las operaciones en Rajine tienen como objetivo luchar contra "terroristas", pese a las denuncias sobre ataques por parte de las fuerzas de seguridad contra civiles, entre ellos niños.