La fiscal de la Corte Penal Internacional abre un examen preliminar sobre la situación en Venezuela

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha anunciado este jueves la apertura de un examen preliminar sobre la situación en Venezuela desde abril de 2017 ante el presunto uso excesivo de la fuerza por el Gobierno y la actuación violenta de algunos manifestantes, informa Europa Press.

Según ha explicado en un comunicado, desde 2016 ha estado siguiendo "de cerca" la situación en el país, que es parte del Estatuto de Roma por el que se creó el TPI, y tras "una revisión cuidadosa, independiente e imparcial" de comunicaciones e informes sobre "presuntos crímenes que potencialmente estarían bajo la jurisdicción" del Tribunal de La Haya, ha decidido que procede la apertura de un "examen preliminar".

En concreto, se analizarán "los crímenes presuntamente cometidos desde al menos abril de 2017, en el contexto de las manifestaciones contexto de las manifestacionesy la inestabilidad política relacionada", ha indicado Bensouda.

En concreto, ha precisado, "se ha denunciado que las fuerzas de seguridad del Estado han hecho con frecuencia un uso excesivo de la fuerza para dispersar y disolver las manifestaciones, y detenido a miles de miembros reales o percibidos de la oposición, algunos de los cuales han sido presuntamente objeto de graves abusos y maltratos bajo arresto", que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, ha agregado la fiscal, también se ha informado de que "algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violentos, lo que tuvo como resultado que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran muertos o heridos".

Bensouda ha recordado que corresponde a la Justicia del país investigar y procesar a los responsables de crímenes internacionales y ha dejado claro que el "examen preliminar no es una investigación" sino un proceso por el que se busca determinar si hay "base suficiente para abrir una investigación" propiamente dicha.

Información "sesgada"

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha criticado la decisión que ha tomado este jueves el TPI de abrir un examen preliminar por la violencia empleada en las manifestaciones opositoras del año pasado y supuestos malos tratos a detenidos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por considerar que se basa en información "sesgada".

Saab ha denunciado que "la información que maneja la fiscal jefe del TPI pareciera sesgada, pues no ha tenido la oportunidad de comunicarse (con las autoridades venezolanas) para saber sobre la judicialización de los hechos de violencia suscitados en el país".

El jefe del Ministerio Público ha indicado que tiene en su poder, y a disposición del TPI, "documentación que demuestra que se han atendido los casos". "Se han efectuado informes minuciosos sobre las imputaciones y acusaciones por estos hechos de violencia y estamos dispuestos a demostrar tales argumentos", ha recalcado.

Saab ha reiterado la voluntad del Estado venezolano de "castigar a quienes violen los derechos humanos y no permitir la impunidad". En este sentido, ha destacado que "gracias a acciones conjuntas con el Gobierno se logró que se prohibieran las armas de fuego durante las manifestaciones" opositoras de 2017.

En cualquier caso, ha recordado a la Corte Penal Internacional que "deben actuar de forma complementaria", es decir, "cuando los casos no hayan sido judicializados" en el propio país y ha incidido en que en Venezuela las autoridades judiciales sí han actuado.

"Una victoria"

Sin embargo, los críticos con el Palacio de Miraflores han recibido la decisión del Tribunal de La Haya como una medida de presión que podría empujar a Maduro a adoptar decisiones a las que hasta ahora se ha resistido para mejorar la situación en la nación caribeña.

"Saludamos el inicio de un examen preliminar en el TPI sobre crímenes de lesa humanidad", ha dicho la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz, que el pasado 16 de noviembre aportó "más de 1.690 pruebas que sustentan el caso" contra Maduro y su Gobierno en La Haya.

El abogado español Javier Cremades, que forma parte de la defensa internacional del líder opositor Leopoldo López, ha considerado que se trata de "una victoria para todos aquellos que están denunciando que el régimen de Maduro está cometiendo torturas, detenciones ilegales y otros atropellos de los derechos fundamentales".

Cremades ha valorado, en declaraciones a Europa Press, que se trata de "un primer paso para volver a garantizar la libertad y los derechos humanos en Venezuela" y que, "si el procedimiento sigue adelante, podría acabar con Maduro en la cárcel, tal y como hemos visto con algunos genocidas de la guerra de los Balcanes".

En la misma línea, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Jose Miguel Vivanco, ha indicado que permitirá "intensificar la presión sobre las autoridades venezolanas para que pongan fin a las violaciones de derechos humanos en el país y para que los responsables de abusos sean llevados ante la Justicia".

"El Poder Judicial venezolano ha garantizado la impunidad, pero las decisiones del TPI podrían lograr que las víctimas venezolanas puedan ser oídas por un tribunal independiente", ha señalado. "Está enviando un mensaje contundente de que está siguiendo muy de cerca los aberrantes abusos del régimen de Maduro", ha apostillado.

HRW también remitió el pasado mes de noviembre al TPI su propio informe sobre Venezuela, según el cual "los abusos durante 2017 fueron parte de una práctica sistemática de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas". "Aunque esta no fue la primera vez que se castigó el disenso durante la presidencia de Maduro, la magnitud y la gravedad de la represión alcanzaron niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela", afirma la ONG.

Examen preliminar contra Duterte

El Tribunal Penal Internacional también ha notificado que está revisando de forma preliminar las acusaciones presentadas contra el presidente filipino, Rodrigo Duterte, por presuntos crímenes contra la humanidad, según ha informado este jueves el portavoz de la Presidencia Harry Roque.

El portavoz ha indicado que la pesquisa sobre las acusaciones presentadas contra el dirigente filipino, que lo acusan de ser cómplice de la muerte de miles de filipinos en el marco de la guerra contra las drogas, "supone una pérdida de tiempo".

"Está cansado de ser acusado de crímenes contra la humanidad... Prometió que protegería al país de las amenazas contra la seguridad nacional", ha aseverado Roque durante una rueda de prensa, según ha recogido el diario local The Philippines Star.

En este sentido, ha insistido que una revisión preliminar de las acusaciones no constituye una investigación en sí misma, un matiz que no da la victoria a los opositores y críticos con el presidente.

La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, ha confirmado posteriormente la apertura del "examen preliminar" tras haber seguido "de cerca" desde 2016 la situación en el país y tras "una revisión cuidadosa, independiente e imparcial" de comunicaciones e informes sobre "presuntos crímenes que potencialmente estarían bajo la jurisdicción" del tribunal.

Según ha explicado, se analizarán los "crímenes presuntamente cometidos desde al menos el 1 de julio de 2016", cuando comenzó el mandato de Duterte, "en el contexto de la campaña de guerra contra las drogasguerra contra las drogas lanzada por el Gobierno".

En este sentido, Bensouda ha recordado que se ha denunciado que "miles de personas han sido abatidas por razones relacionadas con su presunta implicación en el presunto uso ilegal o tráfico de drogas". "Aunque algunos de estas muertes han ocurrido presuntamente en el contexto de enfrentamientos entre o dentro de bandas, se ha denunciado que muchos de los incidentes implicaron ejecuciones extrajudiciales en el curso de operaciones policiales antidroga", ha agregado.

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Cerca de 4.000 personas han muerto durante los últimos 19 meses en el marco de la guerra contra la drogas, una medida que ha sido duramente criticada por la comunidad internacional.

El presidente filipino ha desafiado en numerosas ocasiones al TPI y ha insistido que está dispuesto a entrar en prisión y pudrirse en una celda para salvar a los filipinos del crimen y el narcotráfico. Asimismo, ha amenazado con retirar al país del TPI y ha acusado a los abogados en Europa de "corruptos" y "estúpidos".

La Policía de Filipinas, por su parte, ha asegurado en diversas ocasiones que las muertes registradas durante las operaciones policiales son legítimas.