Greenpeace corta el agua en las oficinas de Florentino Pérez para denunciar que ACS arrebata un río a los indígenas de Guatemala

Este viernes Greenpeace ha protagonizado una protesta en la sede de la empresa ACS, de la que es presidente Florentino Pérez, para denunciar que el grupo español tiene un problema medioambiental con una de sus filiales en Latinoamérica, concretamente con el proyecto hidroeléctrico que impide el acceso al agua de más de 29.000 indígenas quekchí en Guatemala.

Su filial Grupo Cobra ha destruido, según Greenpeace, el curso de un río sin consultar ni obtener el consentimiento los pueblos indígenas afectados. Las obras de la empresa, que ha realizado varias fases de la construcción de infraestructuras del complejo hidroeléctrico RENACE, han supuesto la fuerte alteración el río Cahabón a lo largo de 30 kilómetros.

El proyecto ha producido un daño ambiental significativo, debido a las importantes carencias de procedimiento ambiental y la falta de consenso con los pueblos indígenas. El impacto de la construcción de dichas infraestructuras ha ocasionado la reducción drástica del caudal del río que ha implicado la reducción del derecho al acceso al agua potable para las comunidades indígenas que viven cerca del río, seimpre según la ONG. 
 

Hoy @greenpeace_esp le hacemos saber a Florentino Pérez lo q es sufrir restricciones d agua, como la q sufren más d 29.000 indígenas quekchí en Guatemala gracias a la empresa ACS d la q es propietario.https://t.co/8V3pOSONVQ #AFlorentinoNiAgua pic.twitter.com/ASH727gM6y

— Greenpeace Canarias (@Greenpeacanaria) 13 de abril de 2018

Desde Greenpeace, se señala que "estos proyectos polémicos suelen ir asociados a la criminalización y persecución del movimiento de oposición a estas infraestructuras". Así, en Guatemala, el pasado martes 30 de enero, fue detenido Bernardo Caal Xol, líder indígena del pueblo quekchí que se opone a los megaproyectos hidroeléctricos. En este momento, Bernardo está encarcelado a la espera de juicio por unos cargos basados en testimonios de trabajadores asociados a las empresas constructoras de estas infraestructuras.

La empresa ACS, añade la ONG, "no puede obviar los acuerdos voluntarios firmados o de los que el Estado español forma parte". Según los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a todas ellas, independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura. El cumplimiento del principio de la Diligencia Debida donde el respeto de los derechos humanos es extensible a todas las empresas, sin diferencias entre empresas contratistas y subcontratistas, recuerda la organización.

Desde Greenpeace están impulsando la ratificación de un tratado internacional vinculante sobre empresas transnacionales dentro del marco de Naciones Unidas que salvaguarde el desarrollo de normas obligatorias que acaben con la impunidad actual y verifique que las personas jurídicas puedan ser interpeladas por instituciones penales por sus actividades extraterritoriales.
 

Acción! Los activistas han sido sacados de la cornisa de Acs en Madrid. https://t.co/QyRT8FBAl6 #AFlorentinoNiAgua pic.twitter.com/IYtgxgl1iI

— Greenpeace España (@greenpeace_esp) 13 de abril de 2018