La UE empieza a activar sus planes de contingencia ante la incapacidad de May de ratificar el acuerdo para el 'Brexit'

A cien días de que Reino Unido salga definitivamente de la Unión Europea, Bruselas sigue preparando el terreno para un Brexit caótico. Ante la incapacidad de la primera ministra británica, Theresa May, de sacar adelante en Westminster el pacto suscrito por los equipos negociadores de ambos bloques el pasado mes de noviembre, el Ejecutivo comunitario ha comenzado este miércoles a aplicar su plan de contingencia ante un futuro “escenario límite” con la aprobación de un paquete de medidas pensadas para mitigar los daños que podrían derivarse de una ruptura desordenada. Aunque para Bruselas la ratificación del acuerdo sellado sigue siendo “una prioridad”, la Comisión Europea es plenamente consciente de que el reloj sigue corriendo y de que una salida por las bravas el próximo 29 de marzo causaría “fuertes perturbaciones” para los ciudadanos y empresas europeas. Por todo ello, el Ejecutivo liderado por Jean-Claude Juncker considera “esencial” tener listo el escudo antes de esa fecha.

En ningún caso todas estas medidas, tal y como recuerdan desde la Comisión, podrán “atenuar el impacto global de la falta de acuerdo”. Tampoco, añaden, “compensarán de modo alguno la falta de preparación de las partes interesadas ni reproducirán plenamente las ventajas de la adhesión a la UE o las condiciones de un eventual periodo de transición”. Se trata, por tanto, de fórmulas que por lo general tienen carácter temporal, alcance limitado y que son adoptadas unilateralmente por Bruselas. Además, están centradas en aquellos ámbitos en los que es “absolutamente necesario” proteger “los intereses vitales de la UE”. En concreto, el paquete se circunscribe a los derechos de los ciudadanos y a aspectos tales como los servicios financieros, el transporte, el cambio climático o las aduanas y la exportación de mercancías, con el único objetivo de transformar un divorcio caótico en un “aterrizaje suave”. Dichas medidas de contingencia, deja claro Bruselas, no se aplicarán a Gibraltar.

Los derechos de los ciudadanos

En la comunicación hecha pública este miércoles, el Ejecutivo europeo insiste en que la protección de los derechos de los ciudadanos es una “prioridad”. Por ello, llama a los Estados miembro a adoptar “un planteamiento generoso” con todos los nacionales de Reino Unido asentados en la Unión Europea. En este sentido, pide a los Veintisiete que tomen medidas para que todos los ciudadanos de Reino Unido que “residan legalmente” en un país de la UE el día que se oficialice la salida sigan siendo considerados residentes legales “sin interrupción” y que adopten “un enfoque pragmático” para emitir documentos de residencia temporal hasta que puedan emitirse los permisos de residencia definitivos. Un “planteamiento generoso” que se mantendrá siempre que haya reciprocidad por la otra parte. “Las Oficinas de Representación de la Comisión en Reino Unido vigilarán de cerca la posición de Reino Unido con respecto a la residencia continua de los ciudadanos europeos”, avisa Bruselas.

Además, pide a los Estados miembro que adopten “todas las medidas posibles” para “garantizar la seguridad jurídica y la protección de los derechos de seguridad social” adquiridos por aquellos ciudadanos que ejercieron su derecho a la libre circulación antes del divorcio. Aunque el Ejecutivo comunitario explica que “proporcionará asesoramiento concreto y detallado” a los Veintisiete este jueves para lograr un “enfoque coherente de contingencia” en esta materia, Bruselas da algunas pinceladas. Entre ellas, la Comisión insta en el documento a los Estados a “exportar las pensiones de jubilación a Reino Unido, aunque sea un tercer país”. “Esto se aplicaría a aquellos ciudadanos que continúen residiendo en Reino Unido después de la salida, pero también a los de Reino Unido que adquirieron el derecho a una pensión de jubilación antes de la fecha de salida”, completa el documento.

Servicios financieros y transporte

El financiero es uno de los sectores que más preocupan a Bruselas de cara a un Brexit sin acuerdo. No obstante, tras estudiar el caso con el Banco Central Europeo y las Autoridades Europeas de Supervisión, el Ejecutivo comunitario ha concluido que sólo es necesario “un número limitado de medidas” para salvaguardar la estabilidad financiera. Así, la Comisión ha adoptado este miércoles dos reglamentos delegados que facilitan la novación, para un periodo limitado de un año, de determinados contratos de derivados OTC. Además, ha dado luz verde a dos decisiones “de equivalencia temporal y condicional” para garantizar que no habrá durante 12 meses ninguna alteración inmediata de la actividad en la compensación centralizada de derivados y que no se producirán perturbaciones durante dos años en los servicios de depositarios centrales para los operadores europeos que utilizan a día de hoy operadores del Reino Unido.

Otro de los frentes a cubrir es el del transporte. En relación con el tráfico aéreo, Bruselas avisa de que “se interrumpirá” a partir de la fecha de salida si no se cierra el acuerdo, que fija un periodo de transición de 21 meses tras el Brexit. Por ello, ante la posibilidad de una salida caótica, el Ejecutivo europeo ha adoptado una propuesta de reglamento que garantice durante un año “la prestación de ciertos servicios aéreos” entre los dos bloques, permitiendo a las compañías aéreas de Reino Unido volar por la UE pero sólo de forma directa, es decir, punto a punto sin hacer “paradas” intermedias. Esta medida, se apresuran a añadir, está sujeta a que el Reino Unido “confiera derechos equivalentes” a las aerolíneas de la Unión Europea y a que garantice “condiciones de competencia leal”. Junto a esto, Bruselas también ha propuesto un segundo reglamento para prolongar durante 9 meses la validez de algunos certificados de seguridad de la aviación.

La Comisión también pretende garantizar una “conectividad básica” en relación con el transporte por carretera, que se verá “severamente restringido” y se limitará “a un sistema internacional de cuotas” si se produce un divorcio desordenado. Para ello, ha adoptado una propuesta de reglamento que permita durante nueve meses transportar mercancías a los Estados miembro a los operadores de Reino Unido, siempre y cuando este país también otorgue “derechos equivalentes” a los europeos y se respeten “condiciones de competencia equitativas”.

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El Ejecutivo comunitario también recuerda que si no se ratifica el acuerdo se aplicará toda la legislación europea sobre productos importados y exportados el día de la ruptura, lo que incluye la imposición de aranceles e impuestos. En este sentido, insta a los Estados a “tomar todas las medidas necesarias” para estar en condiciones de aplicar el Código Aduanero de la Unión y todas las disposiciones relativas a la fiscalidad indirecta en relación con Reino Unido. Además, ha adoptado también un reglamento delegado para “incluir los mares que rodean al Reino Unido” en las “disposiciones sobre plazos en los que las declaraciones sumarias de entrada y las declaraciones previas a la salida deben presentarse antes de salir o de entrar en el territorio aduanero de la Unión”. Y se ha propuesto añadir a Reino Unido a la lista de países para los que una autorización general de exportación de productos de doble uso –aquellos que se pueden usar tanto a nivel civil como militar– es válida en toda la UE.

En relación con la política medioambiental, Bruselas recuerda que si el Brexit se cierra con el “escenario límite” entonces Reino Unido dejará de participar directamente en el Sistema de Comercio de Emisiones, por lo que las “asignaciones que haya emitido pueden crear una situación de exceso de oferta”. A fin de evitar la “distorsión del mercado” que podría producirse, la Comisión ha acordado suspender temporalmente a partir del próximo 1 de enero al Reino Unido de la asignación gratuita de derechos de emisión, subasta e intercambio de créditos internacionales. Además de esto, Bruselas asevera que Londres tampoco podrá participar tras la ruptura en el sistema de cuotas para la comercialización de hidrofluorocarbonos. En este sentido, ha decidido permitir una asignación de “cuotas anuales adecuadas” a las empresas del Reino Unido para el acceso a este mercado hasta el 31 de diciembre de 2020.

El Ejecutivo comunitario también ha acordado continuar, aunque se produzca un divorcio caótico, con el programa Peace en Irlanda del Norte, vista “la importancia de la cooperación regional en el área”. Además, teniendo en cuenta que con la salida de Reino Unido de la UE se requieren “ciertas adaptaciones a las normas de estadísticas, Bruselas ha adoptado un reglamento sobre la inclusión del país en las estadísticas sobre balanza de pagos, comercio internacional de servicios e inversión extranjera directa.