Brasil

Bolsonaro quiere aprobar inmediatamente una ley para dotar de impunidad a la Policía

infoLibre

El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha pedido este viernes a todos los poderes del Estado que aprueben inmediatamente un proyecto de ley de "seguridad jurídica" para la Policía, en el que se contempla la imposibilidad de que sean juzgados por hechos ocurridos mientras están de servicio.

"Sin garantías necesarias para que los agentes de seguridad pública actúen en favor de los ciudadanos de bien, la reducción de los delitos no ocurrirá a la velocidad que piden los brasileños", ha publicado Bolsonaro en su cuenta oficial de Twitter.

"Los tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial tienen que asumir este compromiso urgentemente", ha añadido.

Bolsonaro prometió durante la campaña adoptar el llamado "excluyente de ilicitud" para operaciones de seguridad pública en la lucha contra crimen: una excepción que concedería a la Policía, por ejemplo, usar la fuerza letal sin temor a las consecuencias.

"Hay un problema, llega un Policía, y lo resuelve", explicó Bolsonaro durante la campaña en una entrevista al Jornal Nacional publicada en agosto. "Si mata a tiros a diez, a quince o a veinte tipos, tendríamos que darle una medalla, no llevarle a juicio, haya pegado diez tiros a cada uno o les haya pegado treinta", añadió.

Los críticos de esta propuesta consideran que la excepción da carta blanca a la Policía para actuar sin ningún tipo de restricciones y avisan de esta legislación podría incluir además, la expansión de las circunstancias por las que el Ejército podría integrarse en la seguridad local, como por ejemplo en forma de patrullas de rutina por los barrios del país, lo que podría desembocar en una militarización de la vida pública.

Espera captar inversiones de casi 1.700 millones de euros

El presidente brasileño espera captar "rápidamente" inversiones por importe de unos 7.000 millones de reales (1.637 millones de euros) mediante concesiones ferroviarias, así como en una docena de aeropuertos y cuatro terminales portuarias del país.

"Rápidamente atraeremos inversiones iniciales de unos 7.000 millones de reales con concesiones ferroviarias, 12 aeropuertos y 4 terminales portuarias", ha anunciado el mandatario brasileño a través de su perfil oficial en Twitter.

 

"Con la confianza de los inversores en condiciones favorables para la población, rescataremos el desarrollo inicial de las infraestructuras de Brasil", añadió.

Jair Bolsonaro dictó poco después de tomar posesión este martes como presidente de Brasil una orden ejecutiva por la cual despoja a la Fundación Nacional de Indígenas (FUNAI), que se ocupaba de todos los asuntos relacionados con las comunidades nativas, de la tarea de localizar y delimitar estas tierras, tierras indígenas y de afrodescendientes, una importante victoria para la industria agraria.

También transfirió al Ministerio de Agricultura la regularización de las tierras quilombolas, como se conocen popularmente en Brasil los terrenos de las comunidades afrodescendientes, que correspondía al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).

Bolsonaro ha comenzado así a cumplir sus promesas. Durante la campaña electoral, ya anunció su intención de abrir estos terrenos a la actividad comercial, en un claro gesto hacia el sector agrario, uno de los poderes fácticos de Brasil.

Supervisar y coordinar las actividades de las ONG

Bolsonaro ha emitido un decreto para permitir al Gobierno supervisar y coordinar las actividades desarrolladas por ONG y organizaciones internacionales en Brasil, lo que podría suponer la restricción del trabajo desempeñado por muchas de ellas.

El decreto temporal, que expirará a menos que sea ratificado en un plazo de 120 días por el Congreso, ordena al secretario de Gobierno de Brasil, Carlos Alberto Dos Santos Cruz, "supervisar, coordinar y monitorizar las actividades y acciones de organizaciones internacionales y ONG en el territorio nacional".

El decreto forma parte de una serie de medidas impulsadas por la Administración de Bolsonaro durante su primer día al frente de la Presidencia brasileña. El director de la ONG Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, ha indicado que la medida podría ser entendida de manera positiva aunque suscita preocupación.

"Si el objetivo es facilitar una relación constructiva entre los grupos de la sociedad civil internacional y el Gobierno, bienvenido sea", ha aseverado. "Sin embargo, me impactan los términos como supervisar y monitorizar, lo que sugiere una falta de entendimiento del papel independiente que deben tener estas entidades en una sociedad abierta y democrática", ha expresado.

Bolsonaro no ha expresado las razones que le han llevado a tomar dicha medida, pero ha afirmado en su cuenta de Twitter que las ONG "han manipulado y explotado" a la población indígena del país", formada por unas 900.000 personas. "Integremos juntos a estos ciudadanos y valoremos a todos los brasileños", ha continuado.

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