Nuevos estudios confirman que el control de armas reduce las tasas de mortalidad por disparos

Las declaraciones que el presidente de Vox, Santiago Abascal, hizo el pasado martes todavía resuenan. Su polémica propuesta de cambiar la legislación para que los “españoles honrados” puedan tener un arma en casa para usarla como método de autodefensa ha tenido consecuencias. En medios de comunicación y, también, en política. Sin ir más lejos, el Gobierno fue uno de los primeros en pronunciarse. Lo hizo a través de la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Isabel Celáa: “Es muy insensato, nosotros no queremos armas, no queremos de ninguna de las maneras parecernos a Estados Unidos en ese aspecto”. La comparación era inevitable. EEUU es, sin duda, el país donde más problemas ha causado la legislación sobre las armas de fuego.

El debate allí ha estado encima de la mesa en numerosas ocasiones. Y es que el país ha sufrido episodios que han puesto el foco de la discusión en la necesidad —o no— de restringir la legislación sobre las armas de fuego. El contenido de esos episodios es casi siempre el mismo: una persona abre fuego en un lugar público y hiere o mata a todo aquel que se cruce por su camino. El último tiroteo de este tipo ocurrió en el mes de febrero. El escenario fue una zona industrial de las afueras de Chicago. Pero podría haber sido cualquiera. Un extrabajador de una factoría de la zona mató, con un arma de fuego, a cinco personas.

El guión se repite constantemente porque el acceso a las armas en el país apenas está controlado. Poseer una es un derecho constitucional (gracias a la Segunda Enmienda), aunque luego cada estado puede legislar de un modo más o menos restrictivo las condiciones para poder acceder y portar un arma de fuego. La sucesión de episodios como el que ocurrió el mes pasado en Chicago, de hecho, ha llevado a que muchos estados rectifiquen y cambien su legislación. Lo hizo, por ejemplo, Nueva York, donde hace un mes se aprobó una nueva ley que aumentaba los controles sobre posesión de las armas.

Estados Unidos es uno de los países con más muertes por arma de fuego. Según los datos recogidos por Small Arms Survey, en el año 2016 murieron por arma de fuego 3,1 personas por cada 100.000 habitantes. Un dato muy distinto al que se registró en la Unión Europea en ese mismo año, donde la media se situó en una tasa del 0,3 por cada 100.000 habitantes. Francia e Irlanda, con el 0,6, fueron los países con la tasa más alta. La de España, en cambio, se situó en el 0,1.

Los datos, ¿condicionados por la legislación?

Que las cifras de muertes producidas por armas de fuego en Estados Unidos son muy elevadas es evidente. Y es que, según la CNN, es el país donde más armas para civiles se proveen. Según un informe del Instituto Nacional de Justicia del año 2009, aproximadamente hay unos 310 millones de armas de fuego disponibles para cualquier ciudadano o ciudadana estadounidense. Muchísimas más que en cualquier otro país. Y más que en Europa, donde, según Small Arms Survey, la tasa de homicidios producidos por armas de fuego es mucho menor. Y es que la legislación sobre armas del continente es mucho más restrictiva.

Pero, ¿hay una relación? ¿Se puede vincular la laxitud de las legislaciones con un mayor número de homicidios cometidos con armas de fuego? Para Tica Font Gregori, investigadora del Centre Delas d’Estudis per la Pau, hay una relación evidente, aunque es complicada de demostrar. Sobre todo, porque, explica, no podemos tener en cuenta solo una variable. “Relación hay, aunque también hay otras razones de carácter cultural”, explica a infoLibre. “En Europa tenemos asimilado que cualquiera no mata a otro. Sin embargo, en Estados Unidos sí que está aceptado que por legítima defensa se pueda matar a otra persona”, asegura. Y también hay otros factores que influyen. Según dice, las actuaciones de la policía también podrían tener que ver. “No son tan respetuosos. Aquí no es usual que veamos a la policía matar a alguien. Allí sí, sin entrar en si es legítimo o no”, critica.

Pero insiste: la relación es complicada de establecer. No obstante, no cree que sea casualidad que en Estados Unidos, donde la legislación permite a los ciudadanos tener armas para defenderse o defender a su familia, las tasas de homicidios por arma de fuego sean más elevadas.

En EEUU han intentado dar respuesta, precisamente, a esa pregunta: ¿Hay relación de causa-efecto o es simple casualidad? La respuesta a la pregunta depende del organismo que realice el estudio. Los republicanos siempre han defendido que un mayor control de las armas no habría frenado los tiroteos que se han producido tan a menudo. La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), el mayor lobby de las armas en EEUU, es obviamente el mayor defensor de esta teoría. Pero recientemente varios estudios han querido demostrar lo contrario.

Estudios realizados en EEUU afirman que la relación existe

Organizaciones afines a los demócratas han defendido lo contrario en varios estudios. El más reciente [State Firearm Laws and Interstate Firearm Deaths From Homicide and Suicide in the United States], publicado hace poco más de un año en JAMA Internal Medicine. La conclusión del documento, al que ha tenido acceso infoLibre, es clara: “Nuestros hallazgos apoyan el fortalecimiento de las políticas estatales sobre armas de fuego como medida efectiva para reducir la incidencia tanto del suicidio como del homicidio con armas de fuego”.

Llegan a esa conclusión después de haber analizado la legislación sobre armas en los distintos estados de Estados Unidos, datos que, más tarde, cruzaron con la tasa de mortalidad con armas de fuego en esas zonas del país. Pero también lo hicieron con el análisis de las legislaciones de otros estados cercanos. Y es que, según dijo Elinore Kaufman, uno de los autores, “las armas de fuego pueden cruzar líneas estatales, como cualquier otro bien de consumo”, lo que hace complicado establecer una relación directa y sin aristas. 

Cruzando todos estos datos descubrieron lo siguiente: allí donde las leyes de armas eran más débiles había tasas más altas de homicidios con armas de fuego. Por tanto, los estados con políticas más restrictivas registraban menos muertes.

Se observa en la siguiente tabla, extraída del estudio. Los estados con políticas laxas y cercanos a otros estados con políticas similares registraron, de 2010 a 2014, una tasa de mortalidad por arma de fuego del 1,38. En los que, por el contrario, hay legislaciones más duras, la tasa se situó en 1,11. Aun así, muy elevada si la comparamos con Europa y, en particular, con España.

 

Estudio 'State Firearm Laws and Interstate Firearm Deaths From Homicide and Suicide in the United States'.

Pero no es el único estudio que llega a esta conclusión. Otro elaborado en el año 2013 y publicado también en el mismo medio, sostiene la misma tesis. “Un mayor número de leyes sobre armas de fuego en un estado se asocia con una tasa más baja de muertes con armas de fuego”, dice el informe.

Analiza datos desde 2007 a 2010. En ese periodo, las tasas promedio de mortalidad por arma de fuego por estado variaron desde un máximo de 17,9 (registrado en Louisiana) a un mínimo de 2,9 (en Hawai), por cada 100.000 individuos. Y según este gráfico elaborado por The Guardian, la legislación sobre armas en Louisiana es una de las más laxas. No obstante, según refleja, la de Hawai, aunque más restrictiva, no es una de las que más controlan el acceso y la posesión de armas. 

El informe dividió los estados en función de su legislación contra las armas en distintos bloques. E hizo lo mismo con la tasa de homicidios. Y sentenció: “Los estados con la legislación más restrictiva tuvieron una tasa de mortalidad por arma de fuego más baja con una diferencia de 6,64 muertes por cada 100.000 habitantes al año”.

Y es que tener armas es peligroso. Así, al menos, lo concluyó otro análisis de 15 estudios publicado en Annals of Internal Medicine. En el documento se afirmó que “el acceso a las armas de fuego está asociado con el riesgo de suicidio y con el de ser víctima de homicidio”.

Nueva Zelanda toma nota

Cuando se han producido tiroteos masivos con decenas de víctimas en Estados Unidos, la reacción siempre ha sido la misma. Políticos, ciudadanos, instituciones, medios de comunicación y organizaciones han reabierto el debate sobre si limitar las armas podría evitar que la pesadilla se repitiera. Pero nunca se ha acometido una reforma integral y seria. Y las tragedias de este tipo se siguen produciendo año tras año. Nueva Zelanda, en cambio, ha sido más radical. 

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El pasado lunes, un atentado cometido por terroristas de la ultraderecha xenófoba dejó 49 personas muertas y, al menos, 41 heridas. Tuvo lugar en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch. Un australiano disparó con un arma automática en una de las mezquitas y lo retransmitió por las redes sociales con una cámara adherida a su cuerpo. Hubo dos arrestados más y fue el atentado supremacista más letal desde la masacre en Noruega en 2011. Apenas tres días más tarde, la primera ministra del país, Jacinda Ardern, aseguró que prohibiría de forma inmediata la venta de fusiles de asalto y las armas semiautomáticas, además de los cargadores de gran capacidad y de los dispositivos que permiten realizar disparos más rápidos. 

A Australia, que aplicó una medida similar, le sirvió. El país se convirtió a finales de los noventa en paradigma en lo que a regulación de tenencia de armas se refiere. Lo hizo después de un tiroteo que marcó un antes y un después. Ocurrió en Tasmania, en 1996. Un pistolero, Martin Bryant, abrió fuego contra un grupo de turistas, causando la muerte de 35 personas. En ese momento, no existía una legislación común sobre armas en el país. Pero todo cambió desde ese año.

El Parlamento de Australia aprobó, pocos meses después, el Programa Nacional de Armas de Fuego de 1996. En base a aquel acuerdo, el Gobierno Federal confiscó y destruyó más de 600.000 armas de fuego. A partir de entonces, las muertes por arma de fuego descendieron drásticamente. Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de Australia y la Universidad Wilfrid Laurier concluyó que la tasa de homicidios con armas de fuego pasó de ser un 0,37 por cada 100.000 personas en 1995 a 0,15 por cada 100.000 personas en 2006: una caída del 59,5%, según informó infoLibre.