Los
incidentes violentos registrados en las
protestas contra el Gobierno ecuatoriano se han saldado ya con el
procesamiento formal de 260 personas, de las cuales casi la mitad corresponden a la provincia de Guayas, donde se encuentra la ciudad de Guayaquil, según un balance de la Fiscalía General recogido por Europa Press.
En concreto,
a Guayas corresponden 112 de los 260 procesamientos. Pichincha, cuya capital es Quito, ha registrado un total de 30, mientras que el resto de casos se reparten por otras 14 provincias. La Fiscalía ha señalado que, entre los delitos que se le imputan a estos procesados, figura paralización de un servicio público, daño a bien ajeno, ataque o resistencia a la autoridad, robo, porte de armas, asociación ilícita y violación de la propiedad privada.
Según la Defensoría del Pueblo, al menos
1.070 personas han sido detenidas en los últimos ocho días, de las cuales tres de cada cuatro han quedado en liberad sin que se les imputase delito alguno. Esta oficina ha informado también de al menos cinco fallecidos, así como de 855 heridos.
Las protestas, que tienen como principal impulsor a la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), comenzaron tras el paquete de medidas económicas anunciado el 1 de octubre por el Gobierno de
Lenín Moreno y que
planteaban una eliminación del subsidio al combustible.
El presidente se ha ofrecido a
dialogar "directamente" con los indígenas, aunque estos han rechazado por ahora cualquier acercamiento y reclaman que antes el Gobierno derogue el conocido como paquetazo, gracias al cual
Ecuador podría recibir una inyección de 4.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Hago un llamado a los
dirigentes a dialogar directamente conmigo. Sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883. Hablemos de dónde deben dirigirse esos recursos y asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan", ha afirmado Moreno en un vídeo publicado en su cuenta de la red social Twitter, subrayando que "siempre tiene voluntad de diálogo".
La Defensoría del Pueblo ha advertido en un comunicado de que "la falta de diálogo, acercamientos y definiciones dentro del paro nacional ha dejado resultados devastadores para toda la población ecuatoriana". "Es urgente deponer posiciones y acciones que generen retroceso y violencia, para encontrarnos nuevamente como seres humanos de un Ecuador que requiere unirse, trabajar y reconstruirnos hacia un país de paz", ha añadido, con un mensaje expreso
al Gobierno para que "ceda posturas" y "tienda puentes" hacia el diálogo.