Cómo evitar la "amenaza" de que fármacos surgidos de investigaciones con fondos públicos acaben comercializados por el sector privado

La irrupción del coronavirus en la vida de los ciudadanos de todo el planeta, y sobre todo su letalidad, ha provocado una carrera contrarreloj en la que compiten el virus y la ciencia. Los ensayos clínicos no han dejado de multiplicarse desde que el SARS-CoV-2 comenzó a extenderse. Pero los avances son lentos. Más que nada porque la innovación científica requiere de unos pasos que, a pesar de la emergencia, hay que seguir. Por eso la Organización Mundial de la Salud (OMS) no espera que haya una vacuna viable antes de 2021. Un posible tratamiento, en cambio, podría estar disponible más pronto. Sin embargo, la llegada de ese esperado momento no implica necesariamente que la inmunización ante el virus o un fármaco para tratarlo llegue a todo el mundo. Al menos, no si el tratamiento pasa de las manos de lo público —donde está ahora la investigación— a las de lo privado de las farmacéuticas que podrían desarrollarlo y comercializarlo. Esa es la "amenaza" que podría surgir, según explica Vanessa López, directora de la organización Salud por Derecho, que ha publicado este jueves un informe alertando de ese riesgo. 

La carrera por la búsqueda de la vacuna o de tratamientos eficaces contra el covid-19 es internacional. A lo largo y ancho del planeta se han puesto en marcha distintos ensayos clínicos para intentar encontrar la fórmula que nos permita enfrentarnos al virus. Pero los que de momento están más cerca de encontrarla son los científicos chinos. Las autoridades del país informaron el pasado mes de marzo de que ya habían dado luz verde a que una vacuna que hasta el momento solo había dado buenos resultados en animales comenzara a ser probada en humanos. En España, mientras tanto, hay siete investigaciones prometedoras: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) coordina dos iniciativas para buscar una vacuna eficaz, y hospitales como el Vall d’Hebron, el Ramón y Cajal, La Paz, el Gregorio Marañón y el Clinic de Barcelona trabajan ya probando el sarilumab, un fármaco contra la artritis que podría mitigar el impacto del covid-19 en los pulmones y conseguir, así, que el síntoma más grave y el que puede llegar a provocar la muerte del paciente afectado se viera muy minimizado. 

Todas estas investigaciones, como es lógico, cuestan dinero. ¿Y cómo se hace frente a los costes? Fundamentalmente mediante la inversión pública en I+D, según el informe publicado este jueves por Salud por Derecho. "Uno de los principales impulsos de esta actividad investigadora se ha dado gracias a la inversión pública, no solo desde los Estados, sino también desde otros espacios internacionales, como la Unión Europea, o a través de otras iniciativas cuyos principales donantes siguen siendo los países a través de contribuciones voluntarias", indica la organización en el documento. 

Es lo que ocurre casi siempre y con casi cualquier investigación en el terreno científico: la innovación suele ser financiada por los fondos públicos. En España por ejemplo, y según otro informe que publicó Salud por Derecho el año pasado, la Administración lidera el 62% del gasto, frente al 38% que llega del sector privado. El problema es que buena parte de los resultados de esas investigaciones acaban siendo vendidas en forma de patentes a la industria, que es la encargada de desarrollar los medicamentos que luego vende al Estado, que deja de tener de este modo control sobre asuntos tan relevantes como el precio al que se venden tratamientos eficaces contra las enfermedades. 

Y esto es lo que podría ocurrir con la vacuna o con el tratamiento contra el covid-19. Al menos, si no se evita, también, desde los Estados y los organismos públicos. 

"La amenaza es real"

Esa forma de funcionar es la que explica que, según López, el modelo de innovación esté "roto". "La manera en la que funciona el sistema actual de la investigación y el desarrollo de fármacos está sustentado en la propiedad intelectual y en las patentes. Eso presenta problemas. Por ejemplo, hay monopolios donde una compañía farmacéutica tiene la sartén por el mango y pone el precio que considera" a los productos que desarrolla y comercializa a partir de una investigación que ha sido financiada por fondos públicos, denuncia en conversación telefónica. 

Hay ejemplos de ello. La plataforma No es sano —en las que se encuentra la propia Salud por Derecho y, entre otras, la Organización Médica Colegial de España— emitió un estudio hace ahora dos años en el que evidenciaba que algunos de los medicamentos que habían demostrado ser eficaces contra distintos tipos de cáncer y que habían sido desarrollados con financiación pública estaban siendo vendidos en el mercado a un precio muy superior al de los costes de producción. Es el caso, por ejemplo, de trastuzumab. Las primeras investigaciones de Dennis Slamon para desarrollar este medicamento para combatir el cáncer de mama contaron, en un primer momento, con el apoyo de la industria farmacéutica que, más tarde, pasó a considerar el proyecto poco rentable y retiró su apoyo al proyecto. En ese momento, Slamon consiguió el apoyo de fundaciones para continuar desarrollando su fármaco que, tras mostrar su eficacia, recuperó la financiación de la industria. No obstante, "casi el 50% de los ensayos clínicos relacionados con este medicamento se produjeron en centros públicos o con el dinero de fundaciones y universidades", reveló el informe. "Hoy en día, trastuzumab, que está comercializado por Roche, ha generado más de 60.000 millones de euros en ventas desde que salió al mercado y está sujeto a un entramado de más de 40 patentes", denuncia.

El peligro es que ese esquema puede repetirse con el tratamiento o con la vacuna para enfrentarse al coronavirus. "El volumen de inversión pública en la investigación con respecto al covid-19 está siendo importantísima", dice López. "El riesgo es que alguno de estos ensayos resulte exitoso y el tratamiento o la vacuna acabe siendo comercializado en exclusiva por una farmacéutica, lo que puede llevar a un problema de abastecimiento y suministro tremendo" y, por ende, "a precios abusivos". "No podemos depender únicamente de una empresa que esté produciendo un fármaco o una vacuna porque son muchos millones de personas las que lo necesitarán al mismo tiempo", dice. "En este momento, la amenaza de problemas de abastecimiento, de que no existan suficientes dosis en el mundo para acceder a ellas y de que haya que racionar a quién se vacuna y a quién no es real", lamenta. 

¿Cuál es la solución para que eso no ocurra? López lo tiene claro. Solicita que el esquema de funcionamiento de la innovación científica cambie "radicalmente". "En primer lugar, necesitamos que los contratos de financiación con fondos públicos vayan acompañados de cláusulas que aseguren que los resultados de las investigaciones tengan licencias abiertas, no exclusivas, para que haya varios productores que puedan comercializar el producto. Y también que el conocimiento sea compartido", dice. De este modo, gracias a la competencia, habría un suministro garantizado, el acceso no estaría racionado y el precio sería razonable. Así, además, se aseguraría el "retorno social" de la financiación pública. 

Algunos países ya han comenzado a hacerlo. Según el informe de la organización, "Australia o Canadá contemplan cláusulas en sus contratos de financiación de la I+D para salvaguardar el interés general y la disponibilidad de los productos desarrollados" contra el covid-19. 

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Según el informe, España ya ha dispuesto 30 millones de euros para la investigación contra el covid-19. Todo ese fondo se reparte principalmente entre dos instituciones: el Instituo de Salud Carlos III —que gestiona una convocatoria de 24 millones de euros para financiar proyectos de investigación— y el CSIC —que tiene 4,5 millones de euros destinados al Centro Nacional de Biotecnología. "Además, varios equipos de investigación españoles se suman a este impulso en nuestro país através de proyectos europeos que acumulan una financiación de 2,4 millones de euros", señala el informe. 

Por su parte, y también según el estudio de la organización, Canadá ha invertido en proyectos nacionales alrededor de 180 millones de euros y Alemania ha destinado 145 millones a financiar a la Coalición para la Innovación y Preparación para las Epidemias (CEPI).

Hasta el momento hay contabilizados 557 ensayos clínicos relacionados con el SARS-CoV-2 en China, 424 en Estados Unidos —de los cuales 360 son no comerciales— y 44 en la Unión Europea —de los cuales 36 están liderados por universidades, centros públicos de investigación y otras entidades sin ánimo de lucro. Solo siete son financiados exclusivamente por la industria farmacéutica.