La división entre los métodos para elaborar una 'app' de rastreo pone en riesgo la desescalada coordinada en Europa

Desde el primer momento en el que se inició el debate sobre cómo será la desescalada de medidas contra el covid-19, el uso de aplicaciones y tecnología digital en general ha estado en el punto de mira. Lo digital no es una varita mágica que nos librará de un rebrote, pero las experiencias de otros países –en especial, Corea del Sur– constatan que puede ayudar, y mucho. Sobre todo para lo que todos los expertos coinciden que es necesario tras la apertura progresiva del confinamiento: el llamado rastreo. Se trata de identificar rápidamente a un posible contagiado por el SARS-CoV2 y aislarlo no solo a él, sino a las personas con las que haya estado en estrecho contacto durante el periodo en el que ha estado incubando el virus.

Para este proceso puede ser muy útil el smartphone que la inmensa mayoría llevamos siempre con nosotros. Eso sí, no se descartan métodos manuales: en Estados Unidos se propone la contratación de 100.000 trabajadores para hacer un seguimiento de los nuevos enfermos, aislarlos y detectar el camino que ha transitado el agente infeccioso. Y así poder detenerlo.

¿Pero qué tiene que ver un teléfono móvil con el rastreo? Mediante la tecnología que utiliza, es posible identificar no solo dónde estamos en cada momento, sino con quién entramos en contacto a lo largo de nuestra jornada. Así, de manera anónima, tanto el Gobierno español como Apple y Google han estudiado si nos saltamos o no el confinamiento y cuánto se han reducido nuestros viajes diarios, como se explica aquí. Esta utilidad ante una pandemia global se acrecienta, además, si cada usuario ofrece información sobre su estado de salud. Hay herramientas, por lo tanto, para saber con quién ha estado un posible enfermo de covid-19, es decir, a quién ha podido contagiar. Sin embargo, esta valiosa fuente de información entra en conflicto con el derecho de todo ciudadano en un país democrático a que no le monitoricen: su privacidad e intimidad está resguardada por ley. Y enraizada con este conflicto está la división entre las dos principales alternativas que barajan los países europeos para implementar, en las próximas semanas, una aplicación móvil de rastreo.

Al principio no había debate. El Consorcio de Rastreo Paneuropeo de Proximidad para Preservar la Privacidad (PEPP-PT, siglas en inglés) parecía estar ganando la carrera. Se trata de una ONG fundada por ingenieros y técnicos de todo el continente, que apadrina distintos sistemas que desembocan en el desarrollo de una aplicación móvil que conjugue la necesidad del explicado rastreo, saber quién se contagia y con quién ha estado en contacto, con la privacidad que exige la Unión Europea para cualquier proceso conjunto. La mayoría de los países del continente se unieron, entre ellos España. El consenso parecía garantizado, pero han surgido voces discrepantes y se ha producido una secesión de técnicos que ahora trabaja en un proyecto aparte.

PEPP-PT, precisamente para garantizar la privacidad de los usuarios, estaba y sigue estando muy lejos de alternativas que hemos visto en otros países. No va a exigir, para la entrada a espacios públicos o privados, un código QR que certifique si el usuario está sano y no ha estado en contacto con posibles enfermos. Tampoco, en principio, vendrá la policía a buscarte si descubre, mediante la geolocalización, que te has movido sin autorización, como en Taiwan. Esos escenarios, en principio, están descartados: la Ley Europea de Protección de Datos permite una cierta flexibilidad cuando hay un fin mayor a proteger –la salud pública, en este caso–. Pero no hasta esos extremos.

El consorcio funcionó como un paraguas mediante el cual se apadrinaron y apoyaron varias iniciativas, con diferencias pero también con semejanzas. Los sistemas ideados por este consorcio identifican, mediante el uso de la tecnología bluetoothbluetooth –de comunicación entre dispositivos– con quién ha estado una persona que declare en la aplicación tener síntomas de covid-19. Avisa a dichos contactos para que guarden cuarentena. Así, en teoría, se logra frenar la propagación del virus. El problema es la gestión y el almacenamiento de estos datos. Y si se quiere utilizar la aplicación simplemente para esto, para avisar de si estás en riesgo de tener el coronavirus, o para algo más: permitiendo que otras instancias –generalmente, los Gobiernos– tengan acceso a los datos.

Centralizado vs. descentralizado

Para abordar estas diferencias hay que entender unos conceptos que están en boca de los expertos que están participando en el debate: el de centralización de los datos y el de descentralización. El consorcio PEPP-PT, en un principio, trabajaba bajo el segundo paradigma. La información sobre quién ha contraído el covid-19 y las personas con las que ha tenido contacto, en este modelo descentralizado, no sale de los smartphones. Por lo tanto, un Gobierno u otro ente superior no puede acceder al conocimiento que le permita elaborar un mapa de contagios. Simplemente sirve para avisar a los usuarios del peligro que pueden correr, de la necesidad de guardar cuarentena para no seguir esparciendo el SARS-Cov2. Pero hace unos días se produjo una ruptura.

Un grupo de técnicos, ingenieros, informáticos e investigadores decidió desvincularse del consorcio PEPP-PT y avanzar independientemente con su propio protocolo: DP-3T. El motivo, aseguran, es que PEPP-PT viró de un modelo descentralizado a uno centralizado, mediante el cual la información sobre contagiados y contactos de estos contagiados se transmite a un servidor. DP-3T, que en un principio estaba operando bajo el paraguas de este consorcio, se separó debido a que entendían que las reglas del juego habían cambiado. Y querían seguir avanzando en un sistema que no se comunica de ninguna manera con una base de datos ajena a la de los propios usuarios. Mediante su proyecto, la información no es accesible para los Gobiernos. Solo funciona al servicio de los ciudadanos. El sistema que ahora defiende PEPP-PT sí permite en teoría a los Estados elaborar un mapa, más o menos detallado, de cómo se extiende el virus. A costa, entienden sus detractores, de la privacidad.

"La diferencia fundamental está en si alguien tiene capacidad para hacer una reconstrucción total del trazado de contactos. Unos enfoques lo permiten y otros no. Al final se trata de qué es lo que necesitas para resolver este problema de salud pública", explica el investigador de la Universidad Carlos III de Madrid Juan Tapiador. "Si lo que quieres es avisar a una persona y solo avisar a una persona", el modelo descentralizado es el más garantista. Si quieres ir más allá no sirve, explica.

Tapiador y otros investigadores escépticos con las labores del consorcio PEPP-PT denuncian su opacidad: ahora mismo hay sobre la mesa declaraciones de intenciones, pero no se sabe qué tipo de app proponen exactamente. Solo se conocen sus especificaciones y sus intenciones de centralizar la información por boca de los secesionistas, los que se han ido y han avanzado por su cuenta con el proyecto DP-3T. Lo que sí se sabe es que países como Alemania e Italia están apostando decididamente por el modelo centralizado, que se comunica con un servidor. Y han anunciado que seguirán bajo el paraguas de PEPP-PT. "Afirman que sin esta visión global de lo que está pasando no se pueden tomar grandes decisiones de gobernanza", explica el experto. En el otro bando, Suiza y Austria han comunicado que sus apps para controlar el covid-19 se basarán en el código abierto publicado por DP-3T. España, por otro lado, se adhirió al consorcio cuando todo era consenso y felicidad, pero al cierre de este reportaje aún no se ha confirmado qué bando escogerá tras la ruptura. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que está comandando la toma de una decisión sobre qué sistema de rastreo utilizar, está aún analizando los movimientos que se están produciendo durante los últimos días.

¿Un modelo donde la información, en teoría, no sale de los smartphones, el descentralizado que propone DP-3T, no limitaría demasiado la acción del Gobierno para detener la pandemia? "Que lo digan", resume Tapiador. Él y otros muchos defienden que, mientras que los Ejecutivos del continente europeo no especifiquen qué es lo necesario para limitar los rebrotes, hay que apostar por un modelo "conservador". "Desconozco si hay una necesidad patente de conocer esa información", explica, esa "visión global" de los contagios que han argumentado países como Alemania. El peligro que se asume desde el principio, argumenta esta carta firmada por Tapiador y por otros 300 expertos, es que los Gobiernos empiecen teniendo acceso a información privada de la movilidad y de la salud de los ciudadanos para protegernos contra el coronavirus… y terminen convirtiendo ese paso en permanente. Y que, utilizando como excusa una pandemia, el control de los ciudadanos sea la norma.

El papel de Apple y Google

Los defensores del modelo centralizado, sin embargo, cuentan con un importante hándicap: dos de las mayores empresas tecnológicas del planeta, Apple y Google, cuyos sistemas operativos gobiernan la inmensa mayoría de los teléfonos inteligentes del planeta, no están de su lado. Apuestan por la alternativa, por la descentralización, por DP-3T. Explicado para profanos: las herramientas que han puesto a disposición de los desarrolladores tanto Apple como Google para adaptar las apps a los sistemas operativos que funcionan en los móviles (iOS en el caso de la compañía de la manzana, Android en el caso de Google) dificultan técnicamente al primer modelo en pro del segundo. Los defensores del consorcio PEPP-PT lo utilizan como el principal argumento en contra de sus rivales: mejor que los Gobiernos tengan acceso a los datos antes que las empresas. Desde DP-3T lo consideran absurdo: Apple y Google van a tener acceso, si quieren, a cualquier información. Sea la app que sea, y sea el protocolo de rastreo que sea. "La alternativa para evitarlo es no tener teléfono", dijo este martes a Business Insider uno de sus responsables.

Bruselas pide invertir en sanidad tras una crisis que revela sus "deficiencias"

Ver más

Este movimiento de los dos gigantes ha equilibrado una balanza que, en un principio, parecía volcada a favor del modelo centralizado del consorcio PEPP-PT. La divergencia puede ser una muy mala noticia en una Europa sin fronteras como la actual, opina Tapiador. Si unos países apuestan por otro modelo y otros por otro, el rastreo de los contactos se dificulta y se hace imposible en zonas fronterizas. "Hoy he estado hablando con un colega que vive en Suiza y trabaja en Francia", explica Tapiador: no sabe qué va a hacer si ambos países siguen estrategias distintas.

"Si eso pasa, esto no sirve para nada. Si en Suiza le imponen un modelo y en Francia otro... esto es inviable. O lo haces de manera global o no lo haces. Si no se llega a un consenso, lo que posiblemente suceda es que no se implante ninguno". Y ahora mismo, asegura el experto, las posiciones están tan distanciadas que a corto plazo no parece viable el acuerdo.

El ingeniero de software Sergio López, consultado por infoLibre, apunta a otro posible hándicap: la voluntariedad. Todos los modelos que se barajan parten de que no va a ser, ni es posible, obligar a los ciudadanos a instalar nada en sus smartphones. smartphonesLa Agencia Europea de Protección de Datos lo ha dejado claro. En un país en el que Vox animó a boicotear un sencillo estudio de movilidad elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, ¿estas herramientas son viables? "Hay que convencer a la gente de que es seguro hacerlo. En Alemania no tendrán problemas: un estudio afirmó que el 60% de ellos estaban a favor de instalarse apps para contener el coronavirus. Pero en España el clima político es complicado. Y hay que tener un grado de penetración por encima del 60% para que estas soluciones funcionen", asegura.