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El Gobierno de Biden defiende ante los tribunales que la ley del aborto de Texas es una "amenaza" al Estado de Derecho

  • El Departamento de Justicia estadounidense aspira a impugnar la nueva ley de Texas que prohíbe el aborto a partir de la sexta semana
  • Según el abogado del Gobierno esta ley podría ser el pretexto para que otros derechos fundamentales se vieran afectados
  • Las autoridades federales de Texas aseguran no tener ninguna autoridad para salir en defensa del derecho constitucional al aborto

Publicada el 01/10/2021 a las 18:20 Actualizada el 01/10/2021 a las 19:07
Protestas contra la ley del aborto en Texas

Protestas contra la ley del aborto en Texas

EP

El Departamento de Justicia de Estados Unidos considera que la nueva ley de Texas que prohíbe el aborto a partir de la sexta semana de gestación supone "una amenaza abierta al Estado de Derecho", tesis con la que aspira a impugnar la reforma ante los tribunales, según informa Europa Press.

El abogado del Gobierno de Joe Biden, Brian Netter, ha solicitado este viernes en una vista una moratoria en la aplicación de la ley, que ya entró en vigor el pasado 1 de septiembre. Netter asegura que esta imposibilita la interrupción voluntaria del embarazo desde una etapa tan inicial que prácticamente lo ilegaliza por completo.

La Administración federal cree que el sistema de "vigilantes" que establece la ley, que alienta la vigilancia y la denuncia ciudadana, es en realidad un "ardid" para esquivar la jurisprudencia previa del Tribunal Supremo, por lo que Netter ha querido ir más allá y advertir de que no solo están en juego políticas sobre aborto.

"El precedente establecido por este caso dictará si la batería de derechos garantizados por nuestro acuerdo nacional es fiable o puede manipularse", ha añadido. Según el abogado, podrían verse afectados derechos fundamentales como la libertad de expresión, informa la agencia de noticias Bloomberg.

Texas, por su parte, sostiene que las autoridades federales no tienen ninguna autoridad para salir en defensa del derecho constitucional al aborto. Un representante de la Fiscalía estatal, Will Thompson, ha alegado que una potencial moratoria en la aplicación de la nueva orden -a la espera de que el caso sea debatido de forma más amplia- lastraría su cometido final.

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