Impuesto sobre la credibilidad

El mayor problema de la profunda reforma fiscal que plantea Alfredo Pérez Rubalcaba es la credibilidad que puede transmitir Alfredo Pérez Rubalcaba. Por lo demás, esa propuesta que el PSOE lanza “en defensa de las clases medias” está basada en datos difícilmente discutibles y responde a un principio de la izquierda tan justo como malamente ejecutado desde el poder: que los más ricos paguen más.

Sostiene el PSOE que la presión fiscal en España (es decir el porcentaje del PIB que representan los ingresos tributarios, incluidas las cotizaciones sociales) es casi ocho puntos inferior a la media europea en 2011. Y es cierto: aquí, de cada 100 euros de la riqueza generada en el país cada año, poco más de 32 se pagan en impuestos, mientras que la media en la UE-15 son 40 euros de cada 100. Esa es la parte del PIB con la que pagamos la sanidad, la educación, las infraestructuras, cualquier inversión pública. Ese 32%, por cierto, vuelve a ser el mismo porcentaje de presión fiscal que teníamos en el año 2000, cuando entre 2004 y 2007 habíamos superado el 37%. La caída brutal de recaudación se ha debido a la reducción de ingresos por el estallido de la burbuja inmobiliaria, pero no sólo se puede adjudicar a la crisis. Con el PSOE en el Gobierno se redujo el Impuesto de Sociedades, se extendieron las deducciones para que las empresas lo esquivaran y se suprimió el Impuesto de Patrimonio, recuperado en 2011, en la penúltima curva de Zapatero como presidente saliente y Rubalcaba como candidato necesitado de propuestas que llegaran a un electorado defraudado.

Gravar la riqueza

Sostiene el PSOE que el modelo fiscal es inadecuado, porque el 90% de esa presión fiscal descansa sobre las rentas del trabajo, sobre los asalariados, y sólo el 10% restante sobre las rentas del capital. Más allá del redondeo, también es cierto, como lo es la fabulosa pérdida de ingresos que supone una economía sumergida que contribuye también a que la recaudación sea absolutamente sensible a los ciclos económicos, en un grado sólo comparable a Grecia o a Irlanda.

Propone el PSOE crear una especie de “impuesto sobre la riqueza” que integre de una forma mucho más justa la valoración del patrimonio y de la renta, de forma que no sea posible que quien habita un chalé de lujo, conduce coches de importación y posee sicavs, acciones... pueda tributar en una proporción infinitamente menor que el que vive de una nómina. Plantea el PSOE revisar toda la cantidad de deducciones a las rentas del capital y fijar un gravamen mínimo a las grandes corporaciones, para acabar con el abismo que separa la supuesta tributación teórica y la real. Con estas y otras medidas calcula el PSOE que se reduciría a la mitad la diferencia entre la presión fiscal en España y en el resto de Europa, y que podrían recaudarse 40.000 millones de euros en cinco años.

¿Cuál es entonces el principal problema, más allá de la obviedad de que es más fácil proponer desde la oposición que actuar desde el Gobierno? El problema es que ese posible “impuesto sobre la riqueza” estuvo preparado, argumentado y calculado en más de una ocasión durante la última etapa de Gobierno socialista. No hubo coraje para sacarlo adelante. El PSOE acierta con esta ambiciosa propuesta de fiscalidad progresiva, pero el partido, y muy especialmente su dirección actual, sigue sometido a un durísimo impuesto sobre la credibilidad.