Política, finanzas y una pensión indecente

La complicidad con los poderes económicos y financieros o incluso la sumisión ante ellos es una de las principales causas del descrédito de la política. Es la percepción que tiene gran parte de la ciudadanía y así lo confirman las encuestas, los estudios cualitativos y los análisis de expertos. El caso de Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Santander hasta hace sólo unas horas, refleja con claridad esa contaminación.

Sáenz fue condenado por el Tribunal Supremo, en sentencia firme dictada en febrero de 2011, a tres meses de cárcel e inhabilitación para ejercer funciones directivas en banca por el delito de acusación falsa. Según el fallo judicial, Sáenz había cometido ese delito en 1994, cuando presidía Banesto, al autorizar la interposición de una querella contra unos empresarios a sabiendas de que no tenían ninguna responsabilidad penal. Varios empresarios estuvieron en prisión por culpa de esa falsa querella.

El último consejo de ministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, celebrado el día 25 de noviembre de 2011, decidió indultar a Sáenz, pero un accionista del propio Santander recurrió el indulto ante el Supremo, que el pasado 12 de febrero anuló parcialmente ese indulto y calificó de “extralimitación” del Gobierno socialista la pretensión de anular no sólo la pena de cárcel sino también los efectos administrativos de la misma. Es decir, el indulto permite esquivar la prisión, pero no 'borrar' los antecedentes penales.

Decreto a medida 

La normativa bancaria vigente exigía precisamente no tener antecedentes penales para poder dirigir una entidad financiera en España. Hasta el último 12 de abril. Ese día, el consejo de ministros del Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un real decreto que relajaba los requisitos exigidos, de modo que alguien con antecedentes penales puede dirigir una entidad si lo permite el Banco de España.

El Gobierno aseguró que no había tomado esa medida para favorecer a Alfredo Sáenz sino porque estaba obligado a transponer una directiva europea en la materia. No era cierto, como refleja en su segundo párrafo el propio texto publicado el 13 de abril en el Boletín Oficial del Estado: “A pesar de que las directrices referidas no tienen naturaleza vinculante...”

No es país para viejos

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Finalmente, Alfredo Sáenz abandona los cargos de vicepresidente y consejero delegado del Santander de forma “voluntaria”, según fuentes de la entidad, sin esperar a lo que resuelva el Banco de España. Aseguran que se trata de un relevo generacional (tiene 70 años y es sustituido por Javier Marín, de 46) acorde con un plan de rejuvenecimiento de la estructura directiva del banco (su presidente, Emilio Botín, cumplirá por cierto 79 el próximo 1 de octubre).

Sáenz se retira con antecedentes penales, sí, pero con ‘derechos de cobro’ de una pensión que asciende a 88,17 millones de euros, una cifra que da para hacer ‘relevos’ durante unas cuantas generaciones en la familia Sáenz. Una cantidad que resulta indecente en el contexto de una recesión que pretende resolverse, entre otras recetas, a base de recortes de salarios y también de pensiones públicas.

El Santander es el primer banco en España y en Europa. No es una entidad intervenida por el Estado, y por tanto son sus accionistas los que pueden valorar la conveniencia o no de determinados sueldos, indemnizaciones o pensiones. Lo que sí ha puesto en evidencia el ‘caso Sáenz’ es la facilidad con la que dos Gobiernos de distinto signo político se han plegado al interés del poder financiero. Y esa factura la paga el crédito de la política.