Patriotas en el paraíso

Salvo excepciones, no se distinguen las grandes empresas españolas por invertir más que nadie en innovación. Sin embargo, 33 de las 35 sociedades que componen el Ibex-35 tienen filiales en paraísos fiscales. En esto la modernidad es máxima y el patriotismo se difumina. Una cosa es reivindicar el valor de la 'marca España' y el daño que le hacen determinados comportamientos de políticos y miembros de la familia real. Otra muy distinta es aportar a la caja común un solo euro más de lo legalmente imprescindible.

Cabría pensar que en los últimos años, tras el estallido de la crisis financiera, se habría reducido esa presencia en territorios 'offshore'. Al contrario: el número de sociedades creadas en paraísos fiscales por empresas y bancos españoles ha crecido, según los datos del último Observatorio de Responsabilidad Civil Corporativa que hoy mismo se hará público. Aunque no lo aclaren, es obvio que lo que buscan con esa presencia es obtener beneficios fiscales para las propias entidades o para sus clientes.

Fortunas ocultas

Aunque muy pocos creyeran a Nicolas Sarkozy cuando proclamó aquella especie de cruzada para la “refundación del capitalismo”, al menos se extendió cierta esperanza sobre el establecimiento de algunos controles que evitaran la repetición de un estallido global como el que se produjo tras la caída de Lehman Brothers. Entre las prioridades que se apuntaron en la cumbre ampliada del G-20 en Washington (noviembre de 2008) y en otras reuniones posteriores figuraba la de acabar con los paraísos fiscales identificados en las 'listas negras' elaboradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se trataba teóricamente de poner fin a un sistema que sustrae a la economía real hasta la tercera parte de la riqueza mundial, según los cálculos más recientes. Y no se trata sólo de multimillonarios individuales o de delincuentes o capos mafiosos sino también de empresas de todo tipo, perfectamente legales.

Enseguida se vio que ni era fácil conseguirlo ni había una voluntad real de intentarlo. Nunca ha habido acuerdo siquiera sobre la definición exacta de paraíso fiscal, en primer lugar porque algunos de los que ocultan y manejan mayores volúmenes financieros se ubican precisamente en territorios de países miembros del G-20. De hecho, una de cada cuatro filiales de las empresas del Ibex-35 está radicada en Delaware (Estados Unidos), que cumple bastantes requisitos para figurar en cualquier lista rigurosa.

Ya que los Gobiernos no han sido capaces de poner coto a la salida de capitales hacia destinos opacos, al menos conviene que las dosis de transparencia cedidas a regañadientes por las grandes corporaciones y por las autoridades de los propios paraísos permitan poner nombre, apellidos y cifras a lo que contribuyen realmente quienes no se cansan de reclamar moderaciones salariales y rebajas de impuestos.