Desencriptando el HSBC

La Audiencia Nacional ha rechazado la extradición a Suiza del informático Hervé Falciani, lo cual es una buena decisión para los contribuyentes españoles porque respalda la investigación judicial sobre los evasores fiscales. Sin embargo, el mismo auto deja flotando la duda de si el HSBC, uno de los tres primeros bancos del mundo, se irá prácticamente ‘de rositas’ en este monumental fraude. Durante la vista oral del caso, la fiscalía definió gráficamente al HSBC como “un paraíso fiscal en sí mismo”.

La argumentacion del tribunal, más allá de la técnica jurídica, es de sentido común. Sostiene que Falciani, al sustraer y facilitar a la justicia información para identificar a 130.000 presuntos defraudadores de distintos países, lo que hace es denunciar actividades ilegales, y sería absurdo castigar precisamente a quien colabora en la persecución de delitos. Las autoridades suizas acusan a Falciani de espionaje financiero, revelación de secreto bancario y robo de datos relativos a clientes. El auto de la Audiencia responde que en el Derecho español “no existe protección penal específica del secreto bancario como tal”.

Falciani, la única persona capaz de desentrañar un complejísimo encriptado con los datos de los evasores, sigue bajo protección en España y está facilitando a la Fiscalía Anticorrupción la identificación de personas y empresas españolas que habrían ocultado al fisco al menos 6.000 millones de euros.

No bastan las multas

El relato que hacen los jueces para llegar al fallo en el que rechazan la solicitud de extradición contiene elementos casi calcados del informe que en diciembre pasado redactó el Departamento de Justicia de EEUU sobre las actividades del HSBC. Queda muy claro que ese banco, como tantos otros que operan desde Suiza con filiales en todo el mundo, “da soporte y auxilio al fraude fiscal” e incumple las obligaciones de transparencia establecidas por la normativa internacional. Por eso ha sido multado reiteradamente en EEUU y también en España, como se refleja en el propio auto judicial.

Es obvio que al HSBC le ha compensado pagar multas millonarias e incluso reconocer (como hizo en EEUU) parte de las irregularidades cometidas, con tal de evitar el banquillo. Es en este punto en el que hay que exigir que se ponga fin a la actuación hipócrita de los Estados. Resulta obsceno que mientras se recortan salarios, pensiones y todo tipo de gastos sociales se siga consintiendo la existencia de un negocio mundial de fraude fiscal.

El auto judicial cita un “informe de la fiscalía” que vendría a insinuar que no hay posibilidad de perseguir penalmente la actividad del HSBC, y que sólo se puede aspirar a descubrir y castigar a los evasores españoles. No está claro si ese informe al que se refiere el auto es de la fiscalía o de la Agencia Tributaria. Quedan muchas zonas de sombra en el llamado ‘caso Falciani’, entre ellas la incógnita de por qué pasaron meses desde que se tuvo conocimiento de las revelaciones del informático en Francia hasta que se inició oficialmente la investigación en España.

Los ciudadanos tienen derecho a exigir que esa investigación a los evasores sea completa y, en el momento oportuno, absolutamente transparente. Pero es prioritario también desmontar las grandes máquinas del fraude. Y para ello no bastan las multas.