Regulación y regeneración

La investigación sobre la contabilidad del Partido Popular y la interminable estafa de las preferentes son dos ejemplos palmarios de los agujeros negros que afectan a los principales órganos reguladores.

Es un escándalo que las cuentas del PP registren durante doce años pagos al presidente de un banco, o al bufete jurídico que fundó, pero ese escándalo se multiplica hasta la caricatura cuando el Tribunal de Cuentas da su visto bueno una y otra vez a esos mismos pagos o permite que un partido registre las nóminas de diputados a cargo de una editorial de libros ¡de contabilidad!.

Es indecente que centenares de miles de ahorradores pierdan gran parte de su dinero porque los bancos engañaron a la mayoría de ellos con la promesa de que las "preferentes" equivalían a depósitos garantizados con intereses muy atractivos. Y es una burla general que grandes fondos ligados a algunos de esos bancos utilicen trucos en la bolsa para controlar sus propias pérdidas a costa de disparar aún más las de los preferentistas. ¿Sirve la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para poner freno a algún disparate?

Agujeros normativos

Ambos órganos reguladores, Tribunal de Cuentas y CNMV, comparten una misma enfermedad: la politización, aunque no es la única que sufren. El artículo 136 de la Constitución y la Ley orgánica del Tribunal de Cuentas encargan a este organismo la tarea de fiscalización permanente de la actividad económico-financiera del sector público. Nada más y nada menos. Pero nada nuevo. El órgano ha existido en España, con distintos nombres, desde mediados del siglo XIV, con monarquías, repúblicas y dictaduras. Con o sin partidos políticos. En su versión actual, su composición responde precisamente a las cuotas de los partidos. Anda sobrado el Tribunal de consejeros (doce, elegidos por Congreso y Senado) pero carece de técnicos suficientes para cumplir su función. Hasta el Tribunal Supremo se ha quejado de que en el órgano fiscalizador de cuentas públicas haya más funcionarios nombrados a dedo que de carrera. Un órgano dedicado a descubrir delitos económicos que en muchos casos prescriben a los cuatro años suele tardar cinco en analizar las cuentas de los partidos. Con eso está dicho todo.

Algo muy similar ocurre con la CNMV. Su cúpula tiene siete consejeros, y su actual presidenta, Elvira Rodríguez, ex ministra del PP que en realidad (según su entorno) habría preferido dirigir el Tribunal de Cuentas, se ha quejado este miércoles en el Congreso de que no tiene medios humanos y técnicos suficientes para atender tantas reclamaciones de los inversores. La globalización financiera facilita que los especuladores vayan muy por delante de sus teóricos vigilantes. Pero además hay enormes lagunas normativas. Cada investigación que abre la CNMV tarda entre año y medio y dos años en concluir, y la identidad de los acusados no se desvela hasta que se registra finalmente la sanción. La Reserva Federal de Estados Unidos anuncia a qué entidad, banquero o fondo concreto abre una investigación, de forma que al menos se produce desde el primer minuto el señalamiento vergonzante de los probables infractores.

Instrumentos de control

Harían falta, además, mecanismos de intervención inmediata. ¿Por qué la CNMV no suspendió la cotización de Bankia el jueves pasado? Grandes fondos ligados a inversores institucionales se dedicaron a vender millones de acciones que aún no tenían, provocando así una caída del precio y un nuevo hachazo a los preferentistas particulares. Si la legislación vigente permite una descarada operación especulativa, hay que cambiar urgentemente esa legislación. Nadie debería poder vender una acción que aún no ha comprado. Y mientras tanto, el órgano regulador debería tener instrumentos para evitar esas manipulaciones del mercado que bordean la legalidad. Una sanción dos años más tarde, sobre todo si sólo es económica y no conlleva la inhabilitación del sujeto o la entidad implicada, tiene un escaso o nulo efecto disuasorio.

Ha anunciado Elvira Rodríguez que habrá sanciones para nueve grupos financieros por la venta de preferentes, pero que este producto "no puede calificarse de estafa". Lo cual confirma que hay un problema en la normativa regulatoria. Si las exigencias a las entidades por parte del Banco de España y la capacidad de control inmediato de la CNMV fueran las necesarias, no se habría engañado a los ahorradores en su buena fe. Ahora sólo queda la vía de los tribunales de justicia para que un engaño masivo sea castigado como estafa.

El mayor descrédito de la política, junto a la débil respuesta a los casos de corrupción, es desde hace años la evidencia de que las decisiones importantes están condicionadas por poderes no elegidos, fundamentalmente económicos y financieros. Llueven últimamente propuestas de reforma de la Ley Electoral y de la Ley de Partidos como necesidades urgentes para "regenerar" la democracia. Y hacen falta. Pero resulta sospechoso que ilustres impulsores de esa "regeneración" parezcan olvidarse de los órganos reguladores que tanto incomodan a las élites de las finanzas.