El auto imputa y apunta

La jueza Mercedes Alaya, instructora de la causa sobre los ERE fraudulentos de Andalucía, ha dictado un auto en el que imputa a unos y apunta a otros. Imputa a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez y a otros 19 altos cargos y ex altos cargos de la Junta. Entre ellos figura también el actual número dos de la consejería de Presidencia, Antonio Lozano. Pero todo el mundo ha entendido que el auto apunta más arriba aún. Concretamente a José Antonio Griñán, presidente actual del PSOE y de Andalucía y sucesor de Magdalena Álvarez como consejero económico de Manuel Chaves entre 2004 y 2009. 

La propia Alaya anuncia en su escrito que "ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas, las cuales (...) habrían permitido [un] uso indebido de las transferencias de financiación (...) y el dispendio continuado de fondos públicos". El siguiente "paso cualitativo" podría alcanzar a Griñán, aunque eso significaría que el macrocaso pasaría al Tribunal Supremo en lo referido al presidente andaluz, y al Tribunal Superior de Andalucía en el caso del resto de consejeros aforados.

El extraño "paso cualitativo"

La magistrada hace responsable a Magdalena Álvarez de hacer un uso ilícito de las transferencias de financiación y de conceder "subvenciones sociolaborales al margen de la normativa reguladora". Griñán, incluso la actual consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, han realizado y autorizado la misma utilización de esos fondos públicos, pero los 12 folios del auto dictado por Alaya no explican las razones por las que su "paso cualitativo" se detiene por ahora en una exconsejera y no en otros. 

En el plano judicial, el auto de Alaya es duramente criticado por su inconsistencia, especialmente cuando las razones que aduce son sobradamente conocidas desde hace años, pero en el plano político tiene el carácter de auto-ventilador. El PP se aferra a él para difuminar el encarcelamiento del extesorero Luis Bárcenas, aplicando ese criterio suicida para la política (en general) de pretender que "todos son iguales". Algunos dirigentes socialistas ceden a la tentación de hablar también de "causa general" en el caso de los ERE, que es lo que dicen desde la derecha acerca de todos sus desmanes, ya se trate de financiación irregular, de sobresueldos o de cuentas millonarias en Suiza. Para demostrar que no todos son iguales, basta con que los cargos públicos imputados dimitan de inmediato hasta aclarar sus responsabilidades. En Andalucía no cabe imaginar lo de Valencia, donde la quinta parte de los parlamentarios del PP están imputados en casos de corrupción. Todavía hay diferencias. 

Será la propia justicia, vía recursos y querellas si corresponden, la que decida si la jueza de los ERE está dilatando intencionadamente un proceso en el que ha imputado ya a un centenar de personas y en el que sigue apuntando a otras. Y la justicia deberá hacer pagar a quien corresponda el escandaloso robo de dinero público o el nepotismo en su administración. La responsabilidad política tiene su propio cauce, y asumirla es la mejor forma de establecer la diferencia. Dicen que Griñán anunció su retirada también condicionado por el caso ERE. Quizás no estaba dispuesto a que nadie lo comparase con Camps.