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Justicia por tierra y por aire

Publicada el 21/08/2013 a las 06:00 Actualizada el 20/08/2013 a las 22:08
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"No puede ser más barato pagar por la vida de los pasajeros que invertir en seguridad". Ángeles Piretti, madre y abuela de dos de las 154 víctimas mortales del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas.


Ha querido el destino hacer coincidir este martes 20 de agosto el quinto aniversario de uno de los más graves siniestros de la aviación civil española y la imputación de responsables de Adif por fallos de seguridad en el descarrilamiento del Alvia 150, ocurrido cerca de la estación de Santiago el pasado 24 de julio, la segunda mayor catástrofe ferroviaria en España con 79 fallecidos. 

Casi a la misma hora que la Asociación de Afectados por el accidente de Spanair rendía homenaje a sus familiares muertos y denunciaba que la causa pueda acabar "archivada y sin responsables", el juez de Santiago Luis Aláez dictaba un auto en el que reprocha "infracciones penales graves" a las autoridades encargadas de "garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria".

Lo primero que intentan las grandes empresas tras un siniestro es achacar toda la responsabilidad al consabido "error humano". Siempre se apunta al piloto, al maquinista, al conductor. Se trata de no asumir la más mínima laguna de tipo técnico, estructural o normativo. Se recurre a la obviedad de que ningún tipo de transporte es "seguro al cien por cien".

El juez Aláez deja claro en el primero de los once folios que componen su auto que "la causa esencial del descarrilamiento del tren Alvia 150 (...) ha sido la indebida conducción llevada a cabo por Francisco José Garzón Amo por circular a una excesiva velocidad". Pero dedica las otras diez páginas a razonar, argumentar y establecer (provisionalmente en esta fase del proceso) que "ha existido una omisión de cautelas elementales por quienes tienen la misión de garantizar la seguridad de la circulación". Considera que la pronunciada curva de A Grandeira en la que ocurrió el accidente y la velocidad máxima a la que podía circular el tren (200 kilómetros por hora) hacían altamente "previsible" la posibilidad de un descarrilamiento. En román paladino: los responsables (a identificar en Adif y Renfe) de la seguridad de esa vía estaban obligados a instalar los sistemas técnicos adecuados para que el tren frenase automáticamente ante cualquier posible despiste del maquinista. Tal imprudencia supone una conducta delictiva.

La frustración de las víctimas
 
El recorrido judicial del accidente de Santiago acaba de iniciarse, mientras los familiares de las víctimas del vuelo de Spanair han visto cómo su causa era archivada por la Audiencia de Madrid. Frustración quizás similar a la de los afectados por el accidente de Metro de Valencia que costó la vida de 43 personas el 3 de julio de 2006, un caso reabierto tras la presión social conseguida a raíz de la emisión de un Salvados en La Sexta que denunciaba las escandalosas lagunas del proceso y las presiones políticas que condicionaron su archivo.  

Siempre son las propias víctimas, quienes perdieron a padres, hermanos o hijos, los que mantienen el pulso de esas causas justas que no devuelven una vida pero que pueden salvar muchas. Los afectados por el accidente de Spanair están pendientes del Tribunal Constitucional y dispuestos a llevar la batalla incluso a los órganos judiciales europeos. Los miembros de la Asociación de Víctimas Metro Valencia mantienen el tercer día de cada mes concentraciones para exigir justicia.

Durante el acto de homenaje celebrado en Gran Canaria en memoria de los pasajeros del JK5022 de Spanair, Ángeles Piretti tuvo también un recuerdo para los fallecidos en Santiago. No sólo basado en la solidaridad de la pérdida sino también en la exigencia de que se haga "todo lo necesario"  para prevenir este tipo de accidentes. Y eso pasa por llegar hasta las últimas consecuencias en cada investigación judicial. Las grandes compañías no pueden quedar blindadas simplemente con un seguro para indemnizar a las víctimas (60.000 euros por fallecimiento en el caso de Santiago). Así no se garantiza la seguridad ni tampoco la justicia.







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4 Comentarios
  • Jhal Jhal 22/08/13 05:06

    (Mis sentido duelo hacia las víctimas). La gente, el pueblo, quiere Democracia. Los poderes económicos nos imponen Mercacracia, ser simples mercancías: - laborales, significa trabajar al salario más bajo posible, de por vida. - comerciales, significa ser consumidores (no usuarios) que consuman, y reconsuman productos de por vida - financieros, significa endeudarnos lo máximo posible, para vivir permanentemente debiendo dinero, de por vida ( y la de nuestros hijos) - espirituales, significa tener la dependencia permanente de soporte espiritual para mantenerlos de por vida.  Y en la Mercacracia, la muerte es despreciada y no tiene pena legal. 

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  • Alfar Alfar 21/08/13 17:24

    Al parecer muchos hemos visto a Marhuenda hoy en la tele, (qué cruz). Entre otras cosas se ha metido con el juez  de Santiago, por que dice que se ha erigido en ingeniero de caminos. Al parecer este "profesor universitario" ignora, que un juez se puede hacer asesorar por todos los especialistas que crea necesario, para emitir sus juicios. Necesitamos unas vacaciones de Marhuenda, por favor.

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  • baldos baldos 21/08/13 11:08

    Apreciado Jesús, un articulo impresionante como todo los suyos, donde la verdad es esa que la vida de una persona se cotiza a la baja, no para todos pues no voy a repetir lo dicho por Belley, sobre el católico y de derechas, que la verdad que no se como tiene el don de la ubicuidad, que le ocurre como los anuncios que esta en todas las emisoras, si es Director de la Razón, que se limite a su trabajo y no se lo quite a periodistas en paro.

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  • Belley Belley 21/08/13 00:10

    Justo el mismo día en que el facha Marhuenda ha vomitado ante las cámaras "¡Que se jodan (los egipcios)!", Maraña nos muestra en este hermosísimo texto lo que es la solidaridad con los que sufren. ¡Gracias!

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