En Europa, a diferencia de lo sucedido en EEUU, ni el Banco Central Europeo (BCE) ni unas débiles instituciones comunitarias dotadas de una irrelevante capacidad presupuestaria para actuar de forma anticíclica, han sido capaces de resolver de forma satisfactoria las necesidades de financiación exterior de algunos países del euro (Portugal, Grecia, Irlanda, España, Chipre), tras el colapso que sufrieron los mercados financieros mundiales a partir de 2007.

El BCE tuvo más en cuenta los imaginarios peligros inflacionistas de una expansión monetaria que las necesidades crediticias reales de particulares, empresas y estados. Esto fue acompañado por la imposición por parte de la Comisión Europea, fundamentalmente por las presiones de los gobiernos alemán, holandés y finlandés, de unas estrictas políticas de austeridad salarial y de gasto público a esos países. El saldo global de esas medidas ha sido tan negativo que varios de estos países han visto como se colapsaba su demanda interior, agudizándose la crisis hasta tal extremo que ha llegado a ralentizar la incipiente recuperación de los países centrales.

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