Sanidad

Castilla y León llevará a los tribunales el copago en hospitales que implantó Mato

Farmacia de un hospital.

La voluntad del Ministerio de Sanidad de permitir a las autonomías cobrar por los fármacos que dispensan a los pacientes en la farmacia hospitalaria para que los tomen en su casa sigue haciendo aguas incluso entre las comunidades gobernadas por el PP. Castilla y León –muy combativa cuando se publicó la medida en el BOE– ha anunciado ahora que presentará un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra la resolución publicada el pasado 10 de septiembre por el departamento que dirige Ana Mato. 

Fuentes de la Consejería de Sanidad castellanoleonesa señalaron a infoLibre que la decisión se tomó tras recibir el pasado viernes una "contestación negativa" por parte del Ministerio de Sanidad al requerimiento realizado por la Junta para que no se aplicara este copago. Aunque los servicios jurídicos están estudiando la redacción del recurso, que se presentará en un plazo máximo de dos meses, la Junta argumentará que la medida, al afectar a los fármacos que se dispensan en los hospitales a enfermos graves o crónicos, no tendrá carácter disuasorio y tampoco supondrá un ahorro para las arcas públicas. "Si no va a generar ahorro y no va a disuadir a los pacientes de utilizar esa medicación, no encontramos ningún elemento positivo”, dijo este lunes el consejero de Sanidad castellanoleonés, José María Sáez Aguado, en unas declaraciones recogidas por El Diario de León

Asimismo, en la Junta estiman que la resolución, que fue dictada por la Dirección General de Cartera de Servicios Básicos y Farmacia, "se ha realizado de manera inadecuada con una norma sin rango suficiente y por un órgano incompetente”. A juicio de esta institución, el requerimiento debería haber sido emitido por el Gobierno de España o el Ministerio de Sanidad en forma de real decreto u orden ministerial porque, de esa forma, se garantizaría "la igualdad de todos los ciudadanos españoles en el acceso a esos medicamentos y en las condiciones de compra". 

En el Ministerio de Sanidad argumentan que la contestación negativa a ese requerimiento, en el que la Junta basa su recurso, tiene su razón de ser en un informe que este departamento encargó a la Abogacía del Estado. En ese documento se detalla que la resolución fue dictada por el órgano "competente" para el "desarrollo y ejecución de la política farmacéutica del Departamento y quien resuelve sobre las condiciones de prescripción y dispensación de los medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional Salud".

Además, los abogados del Estado señalan que, de retirarse, se provocaría una situación de inseguridad jurídica para los pacientes, pues estos medicamentos podrían dejar de tener la consideración de "fármacos de aportación reducida" –la resolución establecía que se pague un 10% de su valor hasta un total de 4,20 euros por envase– y pasar a estar sujetos al mismo sistema que el resto de fármacos. Este es el mismo argumentó que ya dio Sanidad hace dos meses para justificar la medida. Según fuentes de este departamento, estas medicinas sí se dispensaban en algunas autonomías en farmacias convencionales con una receta. 

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Rebelión autonómica 

Sin embargo, Castilla y León no es la única comunidad que se ha revuelto contra esta medida. Andalucía presentó un recurso de alzada contra su aplicación ante el Ministerio de Sanidad pidiendo su retirada y el Gobierno vasco anunció el pasado 13 de noviembre que interpondría otro pidiendo su anulación. Fuentes del Ministerio de Sanidad dicen no saber en qué comunidades se está aplicando este copago y recuerdan que sí está funcionando en Ceuta y Melilla, los dos únicos territorios que siguen siendo competencia de este departamento en materia sanitaria. 

No obstante, en el momento de su entrada en vigor otras autonomías como Asturias, Navarra o Canarias ya mostraron su rechazo y plantearon la posibilidad de presentar recursos. Otras como Galicia o Madrid dijeron que aplazarían su aplicación debido a la falta de tiempo para ejecutar toda la logística necesaria. La realidad es que ninguna de las dos lo ha implantado todavía. En la primera, según fuentes de la Conselleria de Sanidade, no se aplicará hasta 2014. En la segunda, según señalan en el entorno del consejero, no hay fecha a la vista y Javier Fernández Lasquetty ya dijo que tardaría "un tiempo" en aplicarse en Madrid. 

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