Guía para evitar la contrarreforma

Primero. Pelear contra el silencio. Cuando yo tenía 13 años, en el Colegio San Agustín de Madrid a los niños se nos mostraban en diapositivas piernas y bracitos diminutos ensangrentados, aspiradoras intrauterinas, enormes tijeras quirúrgicas, papeleras llenas de restos humanos. En esos años, a principios de los 80, la Iglesia y los conservadores –ahí estaban ya quienes nos gobiernan ahora, o sus padres, literalmente– utilizaban cada uno de sus terminales, incluidos los auditorios de los colegios concertados para su cruzada contra el “asesinato de bebés” o “la muerte de inocentes en el vientre de sus madres”. Así veían ellos la amenaza de la ley del aborto que ahora reivindican, y que tanto sudor le costó al Gobierno socialista de entonces. Fracasaron en el intento de impedir su aprobación, a pesar del inmenso ruido que hicieron con sus exhibiciones de diapositivas salvajes en los colegios religiosos, cartas pastorales en las iglesias, manifestaciones en las calles, coro de los medios conservadores dominantes y feroz oposición de la derecha en las Cortes.

Tras quince años callados, los conservadores volvieron a generar algo de ruido en 2009 y 2010, cuando Zapatero y la ministra Bibiana Aído lideraron un nuevo cambio en la ley para igualarla a las legislaciones de la mayoría de los estados de la Unión Europea, alcanzando un amplio consenso en las Cortes, que incorporó incluso votos del PNV y de CiU, dos partidos de extracción cristiana. Pero en aquella ocasión la derecha pensó que no convenía asustar a su electorado más centrista, que podría darle el gobierno unos meses después. El Gobierno de Zapatero estaba ya herido de muerte por las penurias de la crisis, y caería solo. Sí, se organizaron unas cuantas manifestaciones por aquí y por allá, pero el PP eligió la discreción… y esperar.

Y aquí está de nuevo, aplicándose en la realpolitik: unos días antes de Navidad, con el Parlamento cerrado, con el soniquete del sorteo de la Lotería y la gente pensando en los langostinos y el turrón, el Gobierno anuncia su contrarreforma. Al día siguiente de la presentación del proyecto por el ministro, nadie del PP comenta. Curioso. Primera advertencia, pues: el Gobierno y el PP van a tratar de no decir mucho. Hará como con los desahucios, la ley de transparencia, los cambios en las normas de los registradores, Bárcenas, o las vallas con cuchillas… aguantar en silencio y no discutir… Muy Rajoy: total, ¿para qué líos? Tienen un inmenso poder institucional y pueden aprobar lo que les venga en gana con su mayoría parlamentaria. La izquierda progresista debería pues redoblar el esfuerzo para generar atención, porque el Gobierno no va a entrar en debate. Incluso podría en el trámite parlamentario ceder un poco y pasar por magnánimo.

Será necesaria una gran alianza, que cuente no solo con las feministas, sino con todas las mujeres. Y con los hombres. Y con los médicos, los intelectuales, los artistas, los indignados, los sindicatos, los universitarios… O logramos que el grito sea clamoroso, o el Gobierno volverá a aplicarse en el genuino modelo Rajoy: “La segunda ya tal…”, “lloviendo mucho, gracias…”, “las cosas son como son”, “me voy que estoy un poquillo cansao…” No hay nada más agotador en una campaña que la ausencia de respuesta del adversario. El empeño inicial debería ser mantener la tensión para evitar que la causa caiga en el olvido.

Segundo. Estamos en una cruzada contra la maternidad forzada. Es importante entender que más allá de la desidia estratégica del Gobierno, quienes quieren forzar a las mujeres embarazadas a ser madres –digámoslo como lo vemos– se consideran auténticos cruzados salvadores de niños. Lo viven con verdadera pasión. Se sienten “defensores de la vida”. Son apasionados, están movilizados, cuentan con la fuerza de la llamada de Dios, actúan convencidos y se sienten héroes que esconden a pequeños bebés contra la ira de Herodes. Por eso salen a la calle en familia con sus niños en brazos, se dicen “pro-vida”, y nosotros se lo compramos muchas veces llamándoles “pro-vida”; bonito regalo les hacemos.

Ya está bien. Ni un regalo semántico más. Esta contrarreforma que el Gobierno anuncia bajo el nombre “Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”, es ni más ni menos que una “ley de maternidad forzada” y una pura y nítida supresión del derecho de las mujeres a decidir cuándo quieren ser madres. Algunos carecemos seguramente de la fuerte motivación trascendental que llena los templos religiosos, pero estaríamos dispuestos a salir a la calle por la libertad de las mujeres y para que las compañeras, las esposas y las hijas de padres como yo –de cinco hijos, por cierto, que nadie me dé lecciones en esto– puedan interrumpir su embarazo si es en un plazo determinado, para no arruinar su vida o la vida de su hijo.

Reclamar esa libertad de las mujeres a ser madres cuando quieran, exige dar algo a cambio: hay un momento a partir del cual sólo un descerebrado no reconocería que ahí dentro hay un bebé. Un embrión de ocho semanas no es un feto de seis meses. Por eso tienen sentido las leyes de plazos. Y por eso a individuos como yo nos suenan un poco chirriantes eslóganes como “mi bombo es mío” o “tu ley me la paso por el coño”, como han vociferado algunas organizaciones especialmente cabreadas. Con todos los respetos por las organizaciones feministas, que siempre han estado y están en la vanguardia de la defensa de los derechos de las mujeres, esta no es una causa ya sólo de las feministas más militantes. Nos corresponde a muchos más. También a los hombres, aunque el derecho a decidir sobre la maternidad les corresponda a las mujeres y no a nosotros.

Tercera. Es sencillamente mentira que con esta ley se restaure el orden constitucional. No se lo admitamos. Paremos esa mentira en cada ocasión. Alberto Ruiz Gallardón, hijo de José María Ruiz Gallardón, ponente del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de 1985, en una suerte de venganza personal por la memoria de su padre, afirma que el Tribunal Constitucional reconoció entonces al nasciturus como “un bien jurídico protegido”. Y con esa cantinela tiñe de apariencia jurídica una decisión netamente religiosa. Sí, el Constitucional dijo que “el nasciturus es un bien jurídico protegido”, pero negó taxativamente que “al nasciturus le corresponda también la titularidad del derecho a la vida”. Punto: acogiéndonos a la doctrina constitucional, un embrión fecundado, un nasciturus, no es titular de derecho a la vida. Y luego dijo el Constitucional: “… Esta protección que la Constitución dispensa al nasciturus implica para el Estado con carácter general dos obligaciones: La de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, como última garantía, las normas penales.” Y aquí suelen dejar de leer los muy tramposos coristas del Gobierno. Pero resulta que la frase siguiente de la sentencia dice: “Ello no significa que dicha protección haya de revestir carácter absoluto; pues, como sucede en relación con todos los bienes y derechos constitucionalmente reconocidos, en determinados supuestos puede y aun debe estar sujeta a limitaciones, como veremos posteriormente”. Y, efectivamente, luego el Tribunal dijo que los supuestos de aquella ley (violación, malformaciones, daño para la madre) eran aceptables porque la libertad y la dignidad de las mujeres sí son derechos. Es cierto que luego se pidió (antes los recursos se resolvían previamente a la entrada en vigor de las leyes), que la ley fijara las cautelas (informes médicos, etc.) para garantizar el cumplimiento de esos supuestos, pero la sentencia fue clara en cuanto a la legalidad de los supuestos y la primacía de los derechos de la mujer en determinadas condiciones.

Si tanto respeto tiene el ministro de Justicia por la Constitución, ¿por qué no espera a que su Tribunal sentencie sobre el recurso que los conservadores presentaron contra la Ley de 2010, que amplió los derechos de las mujeres con una ley mixta de plazos y de supuestos, en línea con las legislaciones europeas? Es muy sencillo: no quiere esperar porque sabe que el Tribunal sentenciaría a favor de aquella Ley, cuya redacción se completó con cien ojos y mil precauciones precisamente porque se sabía que habría recurso inmediato. Pareciera que Gallardón hijo no quería someterse al bochorno que ya sufrió su padre hace 29 años: que el Tribunal diga que en España manda la Constitución y no el Catecismo. Así que antes de que lo diga (como hizo con el matrimonio homosexual, por cierto), mejor liquidar el asunto. Pues bien, deberíamos tener ya preparados media docena de grupos de juristas pluma en mano dispuestos a redactar recursos de inconstitucionalidad en cuanto la ley se apruebe. Ya que tanto les gusta la Constitución, hablemos de Constitución.

Cuarto. Esta es la aplicación de un principio religioso inaceptable desde cualquier otro punto de vista. Se inventan principios jurídicos y médicos para justificar decisiones religiosas. No son muy valientes, no: más les valdría decir lo que piensan: que un óvulo fecundado es un ser humano y abortar un asesinato. Los ginecólogos que no son religiosos saben que esa presunción solo vale para quien aplica un axioma religioso. La biología y la medicina consideran que hay un ser humano independiente cuando su vida es ya independiente de la de la madre. Y el derecho laico considera que hay una persona, es decir, un sujeto de derechos, en esas mismas condiciones. Gobiernos con fuerte ascendencia religiosa como el nuestro o como los de América Latina, rechazan por ese motivo las leyes de plazos de corte europeo avanzado. Aceptar los plazos es aceptar la relativización del concepto de “vida”. Pero todas las cartas de derechos universales de cualquier tipo, excepto, obviamente, las que están de una u otra manera influidas por las iglesias, entienden que “vida” como derecho es un concepto “indeterminado”. Que hable el Tribunal Constitucional español, de nuevo: “La vida es un concepto indeterminado sobre el que se han dado respuestas plurívocas no sólo en razón de las distintas perspectivas (genética, médica, teológica, etc.), sino también en virtud de los diversos criterios mantenidos por los especialistas dentro de cada uno de los puntos de vista considerados”. Una vez más, solo con un catecismo en la mano puede defenderse que un embrión fecundado o un embrión de 8 semanas tenga derecho a la vida.

Quinto.

Forzar a las mujeres a ser madres afecta a la libertad de todas, pero más aún a las más pobres. Ese rosario de informes que el ministro Gallardón quiere pedir a las mujeres para que puedan interrumpir su embarazo en los dos supuestos aún contemplados (violación y peligro para la madre), es menos tortuoso y menos inhibidor para la mujer rica. Las mujeres ricas o simplemente pudientes, cogerán un Easyjet y se plantarán en Londres. Las mujeres ricas tienen amigos médicos con los que orientarse. Las mujeres ricas tienen más recursos, también para entender que, bajo el supuesto “grave peligro para la salud psíquica de la mujer” pueden colarse abortos de otro modo ilegales. Las mujeres pobres se rinden antes. Conocen menos. Tienen menos recursos. No olvidemos lo que sucedía en España justo cuando los socialistas preparaban su famosa ley de los 80: heroicos ginecólogos y heroicas monjitas salvaban a bebés no deseados, o de madres que los héroes consideraban pecadoras, o poco preparadas, para darlos en adopción a familias pudientes de la sociedad burguesa bienpensante. Puede que esas historias de niños robados, monjas “salvaniños” y madres solteras desvalidas, no fueran posibles hoy, pero los elementos de la trama nos siguen pareciendo tan vigentes como entonces.

Tres ideas para resumir:

- Esta ley que se anuncia fuerza a las mujeres a ser madres contra su voluntad: podríamos llamarla “ley de maternidad forzosa”.

- Sólo conforme al catecismo se puede justificar esta ley, porque el Constitucional ha señalado taxativamente que a un embrión no le corresponde el derecho a la vida.

- La ley de maternidad forzada que se anuncia permitirá abortar las mujeres ricas que sepan usar el supuesto de peligro psíquico, pero se lo pondrá muy difícil a la mayoría de las mujeres con menos recursos.

No claudiquemos: España no puede dejar pasar esta contrarreforma lamentable.