Por amor, por estética... y por la pasta

"Ella aportaba el capital simbólico de la realeza. Muñoz hacía el trabajo sucio". Fernando Muñoz fue un Urdangarin del siglo XIX, y "ella" era la viuda de Fernando VII, la reina regente María Cristina. Lo cuenta muy bien la historiadora Isabel Burdiel en su magnífica biografía de Isabel II. No hubo en aquella época un gran negocio en España del que la pareja no se llevara comisión: "Las obras del Manzanares, la canalización del Ebro, el puerto de Valencia y, fundamentalmente, las primeras concesiones de ferrocarriles, como el de Aranjuez o el de Langreo", sin despreciar una astilla por la adjudicación de las minas de Almadén o un porcentaje por abastecer de carbón a Filipinas o por traficar con esclavos. El tal Muñoz pasó de ser guardia de corps a ostentar el título de duque de Riansares, después de casarse en secreto con María Cristina, a la que embarazó nueve veces. Entre el uno y la otra amasaron tal fortuna a costa del erario público que ni siquiera comprando alguna cabecera de periódico consiguieron evitar el escándalo político. Para salvar el trono isabelino, "ella" tuvo que renunciar a la regencia e instalarse en París con su amado duque, no sin antes llevarse consigo las joyas de la corona. Literalmente.

Los autos del juez José Castro han venido argumentando que la infanta Cristina aportaba al Instituto Nóos el "capital simbólico de la realeza", mientras su marido, Iñaki Urdangarin, exjugador de balonmano y todavía duque de Palma, "hacía el trabajo sucio". Después de años esquivando su imputación, la infanta ha declarado este sábado seis horas en el juzgado de Castro como imputada por delito fiscal y blanqueo de capitales. Y ha seguido al pie de la letra lo que viene a ser una especie de "manual del imputado". Consiste, resumidamente, en negarlo todo, en no recordar nada y en ser lo más impresciso posible en las respuestas.

Estrategia de defensa

En el caso de la infanta, su abogado penalista, Jesús Silva, ya había adelantado su estrategia de defensa a primeros de enero: "Ella actuó por fe en su matrimonio y por amor a su marido". Y la infanta no se ha salido del guión. Por "confianza" en su marido, compartía al 50% la sociedad mercantil Aizoon, a la que fueron a parar al menos 1,2 millones de euros de los casi seis que el Instituto Nóos (sin ánimo de lucro) captó de contratos con las administraciones públicas. Por la misma confianza, ni se fijaba, o no recuerda o no le consta que Aizoon cargara con todos tipo de gastos personales, familiares o del hogar, desde fiestas de cumpleaños a viajes de vacaciones, libros de Harry Potter o clases de baile. Pese al testimonio jurado de dos exempleados de hogar de la pareja, la infanta tampoco sabe o recuerda que cobraran en negro o que fueran contratados como empleados de la citada sociedad mercantil.

"Ella" es una mujer muy bien formada, licenciada en Ciencias Políticas, con un máster en Relaciones Internacionales y con años de experiencia como ejecutiva en la Fundación La Caixa. Pero ha ejercido ante el juez como ignorante total respecto a la economía doméstica, los ingresos y los gastos o las declaraciones a Hacienda: "Confiaba en mi marido". Lo cual tiene otra consecuencia estratégica que ya se venía advirtiendo: ha señalado a su marido como responsable de todo. El amor tiene un límite cuando se llega al banquillo.

El juez Castro, aclamado por los ciudadanos a la salida del tribunal, no dejó pregunta sin hacer pese a lo insustancial de las respuestas. Y consiguió alguna muy significativa, si no en el ámbito jurídico, sí en el político e institucional. "¿Por qué la Casa Real, a través del conde de Fontao, les ordenó a usted y a su marido en 2006 dejar el instituto Nóos?". "Por estética", respondió la infanta en dos ocasiones. Y "por imagen", añadió después. Y esta es una de las claves del llamado caso Urdangarin, de su origen y de sus consecuencias. Ninguno de sus protagonistas, implicados o salpicados han actuado o reaccionado por un criterio mínimamente ético. Se trataba de estética, de imagen. Parece que en 2006 se consideró que los chanchullos del Instituto Nóos podían ensuciar la foto de la monarquía. No se trataba, por tanto, de ejemplaridad, sino de estética.

El juez y el sistema

Sería prolijo recoger aquí lo que pudo haber sido y no fue. Si en lugar de enviar a la pareja a Washington una temporada, la "investigación" del conde de Fontao hubiera llevado a la Casa del Rey a exigir a Urdangarin que devolviera voluntariamente lo sisado y asumiera sus responsabilidades. Pero no había costumbre. Un año antes ya se habían publicado las primeras informaciones sobre la sorprendente compra del palacete de Pedralbes por parte de Urdangarin y Cristina. Con sus ingresos declarados no habrían podido pagar ni en tres vidas la hipoteca concedida (esa es otra) por La Caixa. Por mucha confianza y amor que existiera en el matrimonio, faltaba la pasta. Los números no cuadraban, ni siquiera con la ayuda de un préstamo (o donación o lo que fuera), del propio rey. Y en este punto, por cierto, la infanta ha recuperado toda la memoria para defender con rotundidad la ignorancia de su padre respecto a los manejos de Nóos. 

En los últimos días se han escuchado cantos sobre el "buen funcionamiento del sistema", sobre la base de que "por primera vez, una infanta se sienta en el banquillo". Hasta el momento, la pieza del sistema que viene funcionando perfectamente es el juez que lleva el caso. José Castro tendrá que decidir tras el intenso interrogatorio si ve o no materia para acusar a la infanta, y de qué modo su testimonio afecta al resto de la causa. En cuanto al "sistema" en general, los criterios "estéticos" que han guiado a la Casa Real no sólo han supuesto un disparo en la rodilla de la monarquía sino que han afectado también a la credibilidad de otras instituciones, desde la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción.

Por último, es cierto que no hay precedentes de que una infanta se siente en el banquillo en este país, pero repasando la historia, eso tiene más que ver con la escasa fortaleza democrática que ha caracterizado a España que con la ausencia de motivos para juzgar a infantas, regentes y hasta reyes. (La inmunidad también ayuda).