Ahora recortan las alas de la justicia

En un mundo global es universal ya hasta la intimidad de los ciudadanos. Lo son los negocios, lo es la explotación; lo son también la esperanza y las revoluciones. La política global y las redes sociales han borrado las fronteras y tratar de levantarlas no parece la más inteligente ni práctica de las decisiones.

Pero para el Congreso de los Diputados de España con mayoría absoluta del Partido Popular hay que poner frontera a la justicia universal. Y esa barrera son los límites geográficos españoles.

Desde ayer los jueces y fiscales españoles no sólo no podrán contribuir a que se haga justicia con genocidas, tiranos, piratas o criminales de guerra cuyas atrocidades escandalizan y afectan a toda la condición humana, salvo correligionarios o clientes, sino que tampoco podrán actuar contra quienes en el extranjero causen daño, muerte incluso, a ciudadanos españoles. Ya no se podrá juzgar, por ejemplo, a la patrulla militar que asesinó a José Couso en Irak. No es que tuviera muchas esperanzas, pero duele que se cierre esa puerta desde su propio país.

No corresponde a este observador entrar en disquisiciones jurídicas, primero porque no tiene el fundamento que sería necesario y además porque ya hay fiscales, juristas y algún que otro juez que están diciendo y escribiendo argumentos suficientemente contundentes como para desnudar la escasa consistencia del legislador.

Pero sí cabe alguna consideración de tipo moral y quién sabe si hasta político tras la consumación el pasado jueves por el partido del gobierno de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acaba con la justicia universal.

Sin el más mínimo pudor, el propio PP ha reconocido que su razón es que quiere evitar conflictos diplomáticos con naciones poderosas como China por una causa pendiente contra genocidas en el Tibet. En público, añaden que no está la Audiencia Nacional preparada para este menester de juzgar lo de fuera o que la justicia universal es vehículo que algunos utilizan para conseguir protagonismo.

Debilidad argumental a la que se añade una treta formal que orla de desvergüenza esta renuncia histórica. Y es que el Partido Popular ha querido tramitar este fin de la justicia universal por la vía rápida, en forma de proposición de ley que sólo requiere la mayoría absoluta de la cámara, porque un proyecto de ley obligaría a una serie de engorrosos informes del Poder Judicial, los fiscales y algún que otro organismo del que se puede prescindir también cuando uno controla el Parlamento y no quiere complicarse en tiempo y lugar. Y, hombre, algo incómodo sería que el Consejo de los jueces te dijera que no estás haciendo bien.

Por si acaso, vía express. Argucia política que toda la oposición ha denunciado y que no ha servido para esconder el escaso cimiento moral de esta reforma de Gallardón y Rajoy.

Porque probablemente quepa enfrentar a esta decisión el hecho de que ningún argumento político, jurídico o económico debiera primar sobre el hecho de que todos los seres humanos somos iguales. Algo que no deberían dudar en un partido que se confiesa y actúa como católico: “Todo aquello que hacíais a uno de estos hermanos míos, a mí me lo hacíais” (Mateo, 25,40)

Católicos o no, cualquier persona que cree en que tan humanos son los chinos, como los argentinos, los ugandeses o los españoles tiene muy difícil no ya aceptar sino entender lo que ha decidido el Congreso de los Diputados.

Pero es que además este barrido de la justicia universal va a afectar también a ciudadanos españoles. Y eso tiene, desde la perspectiva de quien apoya y aprueba esto, aún menos posibilidad de justificación.

ES evidente que aquí pesa más el miedo a perder posición o negocios con un gigante económico, que la realidad de un mundo global en el que no debería haber impunidad para nadie.

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Con esto, España vuelve a hacer exhibición de debilidad anímica y política cuando se achanta y deja que lo económico prime sobre los principios universales. Pero, claro, para eso hay que tener principios.

Hay, por último, una curiosa consideración que hacer ante esta decisión de una cámara que confunde la soberanía popular con las cifras de su mayoría: la descarada exhibición de rancio nacionalismo que en realidad expresa. Especialmente incomprensible en un momento en que desde esa mayoría se acusa a otro colectivo de exacerbar su posición nacionalista.

Con esta reforma, el Congreso de mayoría del PP dice al mundo que la justicia española sólo puede ser española. Lo cual se me aparece como una sorprendente y supongo que no calculada invitación a quien reivindica que también su justicia, como su fiscalidad o su sanidad, o su patria, sean suyas y puestas bajo frontera.