Desigualdad: la sinrazón de Estado

La cultura política de la transición, condicionada por tantos miedos reales como forzados, ha venido poniendo en valor el llamado 'sentido de Estado' en la práctica democrática. Ante cualquier encrucijada crítica aparecía una 'razón de Estado' capaz de justificar pactos supuestamente necesarios para salvarnos de males terribles. Ha habido 'pactos de Estado' sobre terrorismo, pensiones, financiación autonómica, mercado laboral, fiscalidad, política exterior... Mayormente los acuerdos de Estado se plantean y se firman cuando la derecha está en el poder, porque cuando pasa a la oposición tiene por costumbre manifestarse contra la política antiterrorista del Gobierno y recoger firmas contra la reforma del Estatuto catalán o contra la subida del IVA, por citar tres ejemplos.

Últimamente arrecia el raca-raca acerca de la posible-y-hasta-probable-futura-necesidad de alcanzar acuerdos de Estado para evitar la presunta ingobernabilidad del país ante el riesgo de fragmentación y el hundimiento del bipartidismo. De la misma forma que el conde de Romanones se inventaba reglamentos y comisiones ministeriales para pudrir los asuntos en lugar de solucionarlos, un siglo después se echa mano del 'pacto de Estado' como ungüento mágico que lo mismo tapa hemorragias que garantiza la silla indefinidamente a sus administradores.

De Navarra a Ceuta

Resultó patético escuchar a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, proclamando su confianza en “el sentido de Estado de Rubalcaba” para echar a los socialistas navarros a la jaula de las fieras que falsamente les acusaban de “pactar con Bildu”. Pero dicho y hecho. Ya casi nadie habla del escándalo de corrupción denunciado por una alto cargo de Barcina, mientras el PSN se ha visto humillado desde Madrid y parece culpable en lugar de acusador. Todo bajo la injustificable argumentación de la “responsabilidad” en la lucha contra el terrorismo. No importa que PP y UPN voten lo mismo que Bildu en ayuntamientos navarros y vascos y hasta en el parlamento de Euskadi. Ni tampoco que Bildu sea una organización política legal. Ellos pueden.

Las facilidades que desde el PSOE se han dado al Gobierno para que salga lo menos mal posible de su inadmisible gestión de los sucesos que costaron la vida a quince inmigrantes en Ceuta resultan también patéticas. La dirección socialista otorgó un margen de confianza para escuchar las explicaciones en el Congreso de los responsables de Interior, y se conformó además con que diera la cara un subalterno, en lugar del propio ministro. (Mejor habría sido escuchar a los propios guardias civiles que cuentan a quien les quiera escuchar las órdenes que recibieron y por qué pasó lo que pasó). Da la impresión de que cualquier 'cabeza de turco' servirá para justificar después un pacto de Estado sobre inmigración, sin reprobar siquiera a un señor que se dedica a rendir homenajes a la Virgen al tiempo que miente a los ciudadanos.

Foto con los sindicatos

En vísperas de ese lamentable sainete en el Congreso supimos por un comunicado de Moncloa que Rajoy se había reunido con el presidente de la patronal y con los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras para recuperar el Diálogo Social y negociar una agenda de contenidos y un calendario de negociaciones. Sin previo aviso: ahí va la foto de una reunión. ¿Alguien entiende algo? Se trata de un Gobierno que ha decidido y aplicado unilateralmente la reforma laboral, la de pensiones y un recorte en las prestaciones por desempleo, por no mencionar la caída de los salarios que todas las estadísticas reflejan excepto las que maneja Montoro.

Los responsables sindicales parecen haber decidido demostrar (una vez más) su 'sentido de Estado' asistiendo discretamente a una cita cuya imagen y pie de foto administra Rajoy. Y acuden a la Moncloa el mismo día que se conoce un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre desigualdad cuyas conclusiones deberían sonrojar al Gobierno anterior y al actual, y provocar la convocatoria urgente del único pacto de Estado que hoy por hoy estaría sobradamente justificado. España es el país en el que más ha aumentado la desigualdad. Durante la primera mitad de la crisis (2007-2010), el 10% más pobre de la población española perdió casi un tercio de sus ingresos, mientras el 10% más rico veía reducirse los suyos sólo un 1%. Todos los datos que se van conociendo sobre la segunda mitad de la crisis señalan que esa desigualdad se multiplica bajo el mandato del PP, cuyas medidas austericidas han castigado aún más a los sectores más débiles sin frenar el desempleo ni tampoco el endeudamiento. Y sin tocar la solapa a quienes más tienen.

¿Es hoy imaginable un Pacto de Estado contra la Desigualdad? No, porque tendría que incluir precisamente reformas distintas a las que impone la troika y el PP ejecuta obedientemente: sobre fiscalidad y fraude a la Hacienda pública, sobre el mercado laboral, sobre incentivos reales a la creación de empresas, sobre regulación del sector financiero, sobre I+D+I, sobre igualdad de oportunidades en la educación pública... Sobre todo aquello que ha obligado en 2013 a emigrar a más de 126.000 españoles que huyen de un 'sentido del Estado' que les niega el futuro.