Paga y calla

Estos señores que se llaman a sí mismos neoliberales, pero que operan como una banda organizada para escudriñar cualquier rincón donde pueda estar escondido un euro de los ciudadanos, a los que deberían amparar, para derivarlo a las empresas que les reservan un puesto en su consejo de administración, no cesan en su empeño por empobrecer las arcas públicas y nos dan una nueva noticia de rescate de esa minoría empresarial y de altas finanzas para la que gobiernan, en detrimento del bienestar de la ingrata ciudadanía que con sus algaradas banderizas se empeña en perturbar el orden y la tranquilidad de las mañanas de los fines de semana manchando la marca España.

Ahora tenemos que pagar las pérdidas de las autopistas de peaje que nadie solicitó, que eran innecesarias, que no se usan y en cuya construcción se han forrado las empresas del ramo. Lo llamaban “milagro económico”, ¿recuerdan?

No es de extrañar que las empresas beneficiarias del saqueo de lo público reciban con los brazos abiertos a estos administradores que, con su gestión, se convierten en socios capitalistas de hecho por la gran cantidad de dividendos que les procuran desde sus cargos. Aunque en principio pueda resultar paradójico que les nombren consejeros en sectores que han hundido previamente, no lo es: la habilidad que desempeñan al servicio de la empresa privada arruinando los servicios que gestionan desde la Administración les carga de razón a la hora de afirmar que la gestión pública es un desastre.

“Dejemos que lo hagan ellos, los empresarios, que son los que saben”, dicen, pero obvian un pequeño detalle, que al traspasar los servicios a estas empresas nos quedamos sin ellos. Sí, me refiero a esa pequeña tontería de perder la propiedad de las cosas, detalle al que parecen no dar demasiada importancia pero que nos enfrenta a la cruda realidad de que se están quedando con todo. A ellos sí les importa. Lo siguiente es el agua.

Así, la labor de Rodrigo Rato en Bankia no parece para tirar cohetes, pero no le supone mácula alguna en el currículum de cara a su posterior fichaje en el Banco Santander, donde ya había trabajado, y a pesar de que en una extraña clasificación de la revista Businessweek quedó como el quinto peor consejero delegado del mundo. ¡Qué cosas!

También podríamos recordar que está imputado en el proceso que se sigue por la salida a bolsa de Bankia. Dolores de Cospedal salió a la palestra para felicitar al banco por el excelente fichaje del que calificó de artífice del “milagro español” y, refiriéndose a su imputación, declaró que la institución habría ponderado el hecho. Lo que no sabemos es si, dado el mundo en que vivimos, el hecho de estar imputado cuenta para bien o para mal de cara a formar parte de esos consejos de administración.

Recientemente se revisó una ley que impedía a personas con problemas judiciales pertenecer al consejo de administración de un banco. No se entiende en qué puede beneficiar esa revisión la calidad de la composición de los consejos, a no ser que alguien planteara la cuestión desde la perspectiva de que se trataba de una discriminación innecesaria, ya que en esas juntas los convictos por delitos económicos estarían entre iguales, y que prescindir de ellos podría privarles de algunas de las mentes más brillantes de este país, toda vez que la honradez carece de valor en este nuevo orden neoliberal que nos gobierna.

La cuestión es que, en plena era de recortes, con un deterioro del sistema de salud creciente y, posiblemente, irreversible; con la educación por los suelos; un paro estabilizado en unas cifras inasumibles; se dedican a rescatar proyectos absurdos de un alto coste socializando las pérdidas de empresas privadas mientras venden a bajo precio las joyas de la corona. Gestión infame y desvergonzada la de estos grandes gestores.

En el tope de la definición de un Gobierno contra la ciudadanía podríamos situar la celebración por parte de los responsables de la Comunidad de Madrid de la sentencia del Tribunal Supremo que declara “improcedente” el ERE de los trabajadores de Telemadrid. El haber despedido a ochocientos trabajadores a través de una medida que se salta la ley no les supone el menor problema de conciencia, tampoco que el tribunal haya estimado que la indemnización debe ser muy superior a la que se pretendía: el dinero no es suyo, emprendieron una batalla contra los trabajadores y entienden que la están ganando.

Celebran el despido colectivo como una gran victoria. Ni un ápice de responsabilidad en la interpretación de la sentencia en el sentido de estar cometiendo una ilegalidad. Olvidan que son gestores al servicio de la ciudadanía y que el desempeño de sus funciones entraña una responsabilidad que tienen que asumir, por supuesto dentro de la ley. Cuando llegaron al poder los neoliberales, Telemadrid era una televisión con unos buenos índices de audiencia, llegó al 14% de media, competitiva y de calidad.

Desde los distintos Gobiernos del PP la hundieron, bajaron esos índices al 4%, y convirtieron los servicios informativos en una vergüenza para la profesión del periodismo y en el paradigma de la manipulación, al tiempo que humillaban a los trabajadores que pagamos los ciudadanos sometiéndoles a condiciones de trabajo que chocan frontalmente con la independencia del ejercicio de su profesión, que han denunciado una y otra vez, sin que la sociedad recoja su protesta como merece, y enfrentándose desde la dirección de los informativos al derecho a la libertad de información que exigimos los que pagamos los medios de comunicación públicos. Llevamos muchos años costeando ese órgano de propaganda de la señora Aguirre.

La deuda de la cadena se ha multiplicado al reducir esos índices de audiencia, cuestión que no parece preocuparles, al tiempo que incrementan de manera absurda los cargos de elementos afines a la causa de alta remuneración y dilapidan millones en la contratación de servicios ruinosos a empresas de amigos consiguiendo llevar la televisión a la quiebra en beneficio exclusivo de esa élite empresarial a la que dirigen todas sus acciones.

Hoy celebran ese despido colectivo los que afirman sin rubor que su prioridad es la generación de empleo.

Hoy encuentran un nuevo motivo de indignación los que creen en una sociedad más justa y ven cómo se derivan recursos que deberían ir destinados a servicios necesarios en esta época de crisis tan cruel a sanear las cuentas de empresas que más tarde aparecen en sede judicial como donantes desinteresadas de grandes cantidades de dinero al partido.

Mientras, sus colegas plantean por toda solución para salir de este desastre la elaboración de una Ley de Seguridad Ciudadana que impida a los ciudadanos que pagamos este desmán manifestar en la calle la repulsa inevitable que provoca este atraco generalizado y señalar con el dedo a sus responsables.

Lo dice el Tribunal Supremo: “Actúan al margen de la ley”, y ellos, en lugar de pedir disculpas y dar explicaciones de sus fechorías, lo celebran. Han hecho mucho daño a esos trabajadores y eso, al parecer, les llena de contento. A esto hemos llegado.