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Buzón de Voz

Quién es quién contra la corrupción

¿Cualquier otra democracia “homologable” habría resistido los escándalos de corrupción que aquí hemos conocido en los últimos años? Seguramente sí. Lo que es difícilmente imaginable en ninguna democracia consolidada es la respuesta que en España se ha dado hasta ahora al fenómeno de la corrupción. Por una razón sencilla: la reacción política ha sido y es un insulto permanente a la ciudadanía. El problema no está en saber lo que hay que hacer para dignificar la política y garantizar controles rigurosos en la gestión de lo público. La cuestión es quién tiene hoy la credibilidad suficiente para defender y poner en marcha ese plan de regeneración.

- No será, desde luego, Esperanza Aguirre, de cuyo equipo de confianza en la comunidad de Madrid han salido ya más imputados por corrupción que niños cantores del colegio de San Ildefonso. Hay que ser cazatalentos para tanto tino. Que Francisco Granados presidiera en 2003 la comisión de investigación del tamayazo y este lunes fuera detenido por la Guardia Civil lo dice todo sobre la 'era Aguirre'. Se llega al poder tras un oscuro tráfico de votos, se tapa cualquier posibilidad de conocer la verdad del transfuguismo y se acaba protagonizando una macrorredada. Eso sí, siempre con grandes risas y mucho desparpajo. Pues bien, Esperanza Aguirre, todavía presidenta del PP de Madrid, tiene la osadía de anunciar medidas anticorrupción. Dice que exigirá a todos los candidatos que se presenten por el PP “una declaración detallada de sus bienes, intereses, cualificación profesional y de sus ingresos salariales antes de entrar en política”.

- No será María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, cuya explicación sobre la “indemnización en diferido” a Luis Bárcenas es probablemente el vídeo político español más visto de la historia de Youtube, de modo que tiene la credibilidad a la misma altura que el alcantarillado de Toledo. Cospedal y alguno de sus principales colaboradores aún tienen que aclarar si -como mantiene Bárcenas- además de sobresueldos en efectivo el extesorero les entregó 200.000 euros para financiar una campaña electoral. Pues bien, María Dolores de Cospedal tiene la osadía de proclamar sobre la corrupción: “el PP está tan escandalizado como los ciudadanos”. Y que está “trabajando sin descanso” para que las “malas prácticas no se vuelvan a producir nunca más”. (Por cierto, si Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, tuviera que hacer la declaración de bienes e ingresos que ahora exige Aguirre, necesitaría un pendrive de alta capacidad).

- Y no será, tampoco, Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del PP, responsable directo del nombramiento de Bárcenas como tesorero y responsable único de haberle dado su apoyo explícito por SMS cuando ya todos esos “ciudadanos escandalizados” sabíamos que Bárcenas tenía cuentas millonarias en Suiza. Y, antes de eso, máximo responsable también de mantener (y disfrutar) el sistema de sobresueldos en efectivo instaurado por Aznar en la cúpula del PP. Rajoy nunca ha explicado otro punto clave al que sigue sin otorgarse la importancia que merece y que cruza los papeles de Bárcenas y el caso Gürtel. ¿Por qué tras el estallido de la trama destapada por el juez Garzón varios de los implicados en la misma pasaron a tener algunas de las nóminas más altas del partido sin causa ni funciones que lo justificaran? Caros silencios. Pues bien, Mariano Rajoy ha anunciado este martes (después de pedir perdón a los españoles en nombre del PP) que tomará medidas de regeneración política, cosa que ya ha anunciado al menos otras diez veces desde que llegó a La Moncloa. El PP, que ha aprobado decenas de leyes aplicando su mayoría absoluta, prefiere buscar pactos más amplios en “esas cosas”, “estos hechos” o “esos temas”, o sea sobre corrupción, palabra que ya no existe en el diccionario de Rajoy, como tampoco existen los nombres de Rato, de Matas, de Camps o de Bárcenas, que son simplemente “esa persona de la que usted me habla”. Entre los primeros efectos políticos de la Operación Púnica está el hecho de que el PSOE se haya comprometido públicamente a no firmar ningún pacto anticorrupción con el PP. Parece mentira que hayan hecho falta una macrorredada y demasiadas horas de incomprensible silencio de Tomás Gómez sobre su sucesor en la alcaldía de Parla (y presunto chorizo) para que en Ferraz asumieran que pactar sobre corrupción con el PP certificaría definitivamente la autenticidad de 'la casta' y otorgaría a Podemos tantos votos o más que las 'tarjetas B' de Caja Madrid.

Comisión independiente o elecciones

Basta escuchar o leer a un par de juristas, algún filósofo, tres políticos honrados (que los hay) y una docena de mujeres y hombres con sentido común para poner negro sobre blanco un abanico de medidas que dignifiquen el servicio público y garanticen que, aunque surja alguna corruptela en el futuro, nunca podrá amontonarse ya otro estercolero. Esas medidas, algunas de las cuales propuso en su día la Izquierda Plural en el Congreso y sólo el PP votó en contra, tienen que ver con la transparencia, la financiación de los partidos, las penas aplicables a delitos inherentes a la corrupción, los plazos de prescripción de los mismos, la obligatoria devolución del dinero público sustraído…

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Todos esos mandamientos se resumen en dos: transparencia y controles. Y para que se cumplan hace falta en primer lugar la voluntad, la mentalidad y la decisión de que así sea. La transparencia es incompatible con las pantallas de plasma, con las ruedas de prensa sin preguntas o con los contratos públicos opacos. Un control de la gestión política exige la absoluta independencia judicial y de los órganos reguladores, así como la dotación de los medios técnicos y humanos necesarios para cumplir su función.

Todo esto es el “qué” de la anticorrupción. Pero a día de hoy, el primer problema es el “quién”. A la vista del escenario y de los niveles de credibilidad, tendría más sentido pensar en una comisión de personalidades de la llamada sociedad civil, independientes, con presencia también de representantes políticos sin tacha, cuyo trabajo sí permita conseguir después un amplio acuerdo parlamentario.

La otra solución en democracia es evidente: que hablen las urnas. Cuanto antes. Cada partido deberá decidir quién es quién frente a la corrupción o el paro y quiénes son o han actuado como verdaderos “antisistema”.

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