Plaza Pública
Adolfo y el inicio de la jurisdicción universal
Argentina. Primera quincena de julio de 1977. Adolfo recibe una llamada. Ha de presentarse en El Dorado a las 17:00 horas de la tarde vestido de civil. Van a “trasladar” a cerca de 25 personas. Acude. Baja al sótano y está presente entonces cuando se suministra la primera dosis a los 25 congregados y les hacen bailar al son de música brasileña para “celebrar su suerte”. Ya están subiendo a un avión, pequeño –un Skyban– donde, antes del traslado, ingieren la segunda dosis.
El apellido de Adolfo es Scilingo, militar argentino; las dosis son de pentotal y “trasladar” deviene un eufemismo para la eliminación sistemática por diversos métodos de todo aquel que pensara distinto, o que pensara más allá de la dictadura. En esa tarde de julio, la elección fue la de arrojar a aquellos 25 inocentes al mar.
Un Adolfo convencido de su impunidad, consagrada negro sobre blanco en la Ley de Amnistía y Punto Final, se paseó por distintos programas de televisión relatando uno de los episodios más oscuros de la historia argentina: los vuelos de la muerte. Sin embargo, la lucha contra esa impunidad tras la violación sistemática, grave y masiva de Derechos Humanos había evolucionado en un nuevo instrumento procesal: el Principio de Jurisdicción Universal.
La Jurisdicción Universal nace de la idea de que los Derechos Humanos han de ser dotados de la mayor protección posible y de que la impunidad, que los vuelve estériles, debe frenarse con todos los medios que permita la Ley. Así, por este principio, los tribunales de cualquier Estado pueden procesar, y condenar en su caso, con independencia de dónde hayan ocurrido los hechos y de la nacionalidad de las víctimas y actores, a los autores de ciertos crímenes que el ser humano, como comunidad, entiende que son particularmente odiosos, como los crímenes de guerra, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y la tortura.
Sobre la base de este principio, en 1996, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional comenzó a investigar en España los crímenes cometidos por la dictadura militar en Argentina. Adolfo Scilingo, de paso por la Península, acudió al juzgado en calidad de testigo y salió de él como acusado. Tras un largo camino judicial, Scilingo fue condenado en el año 2005 por la Audiencia Nacional a 640 años de prisión. Dos años más tarde, la sentencia no solo fue ratificada sino que su condena se elevó a 1084 años de prisión.
Esta sentencia desplegó sus efectos tanto fuera como dentro de España. En nuestro país, se impulsó la persecución de otros crímenes como los de la dictadura de Augusto Pinochet o casos más recientes como el del genocidio del Tíbet, la muerte del periodista José Couso o las torturas en Guantánamo. En Argentina, la Ley de Amnistía y Punto Final fue derogada, abriéndose el camino a un “megajuicio” en el que ya se han incoado procedimientos contra más de 800 personas. Es la Jurisdicción Universal como instrumento efectivo en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, para ciertos Estados, esta lucha está por debajo de otros intereses económicos y políticos. Pero entonces, así empezó todo.
