Consentimiento paterno y otras infiltraciones semánticas

Preguntamos a la gente si está de acuerdo con esta frase: “Nadie, ni siquiera sus padres, puede obligar a una joven de 16 años a ser madre en contra de su voluntad”. La gente imagina a una chica asustada y obligada a tener un bebé no deseado y en su cabeza se activa el marco progresista de la protección del débil. El resultado es que tres cuartas partes de la población (el 66 por ciento) están de acuerdo con la frase. Piensan que nadie puede forzar a una joven menor de 16 o 17 años a continuar con su embarazo. Incluso entre los conservadores, el porcentaje es mayoritario: del 59 por ciento.

Ahora cambiemos el marco y preguntemos lo mismo, pero de otra manera, a una muestra comparable de la población: “Una joven de 16 años no debe abortar sin el consentimiento de sus padres”. El 73 por ciento está de acuerdo. Y entre los progresistas el porcentaje llega al 64 por ciento. Evocamos el marco conservador de la autoridad (“consentimiento paterno” unido a la fea palabra “aborto”), y entonces la mayoría pasa a defender la postura contraria.

El Gobierno de Rajoy sabe que esto es así, y por eso en la proposición de ley que ha planteado su grupo parlamentario se habla de “consentimiento” de los padres o representantes legales de la menor.

Se recordará que éste asunto era el más controvertido – de hecho el único realmente controvertido – de la ley Aído de 2010, que tuvo como principal objetivo fijar un sistema mixto de plazos y supuestos que terminaba con la vieja ley socialista de 1985. El problema es que el Gobierno de Zapatero y, más en concreto, los técnicos que prepararon aquella ley tan odiada por los conservadores, sufrieron “infiltración semántica”. Es decir, asumieron y extendieron el lenguaje del adversario. Ya he escrito sobre eso aquí hace tiempo: es lo que sucede cuando los progresistas hablamos de “austeridad”, “mercado”, o, a estos efectos, “organizaciones provida”. De manera que el propio Ministerio de Igualdad de entonces, encargado de la ley, asumió el marco del “consentimiento paterno”, lo transcribió incluso en la propia exposición de motivos de la ley y lo extendió con esas mismas palabras. “Consentimiento paterno” se convirtió en el meme prolífico y viral que era capaz de resumir un problema implícitamente: “díscolas e irresponsables niñas que se meten en líos y desobedecen y engañan a sus padres”. Incluso ahora, cuando negamos que eso sea un problema, como cuando este periódico dice que sólo cien mujeres menores de edad abortaron sin consentimiento de sus padres, estamos reproduciendo ese meme, ese marco, esa idea, ese mensaje.

Lo cierto es que en 2002, de manera muy discreta, el Gobierno de Aznar introdujo una modificación en la ley del paciente. Según esa ley, cualquier español es mayor de edad como paciente, con 16 años. Como dijo Bibiana Aído hace años, cuando se tramitaba su ley, “cualquier joven puede ponerse tetas sin que sus padres lo sepan”. No estuvo muy afortunada la ministra porque con tales palabras reproducía el marco de frivolidad y libertinaje que dañaba a su futura ley, pero decía la verdad. Pues bien, en efecto, el PP cambió esa ley para que sólo en dos casos las jóvenes de 16 o 17 años no fueran “mayores de edad como pacientes”: tratamientos de fertilidad e interrupción del embarazo. Para todo lo demás, operaciones de estética incluidas, sí eran mayores, pero para interrumpir su embarazo, no.

Había motivos más que sobrados, por tanto, para eliminar esas excepciones, que evidentemente seguían criterios religiosos. Pero el Gobierno de Zapatero asumió pronto el marco del “consentimiento paterno”. Fue semánticamente infiltrado. Aquella infiltración dificultó mucho la tramitación de la ley, especialmente en ese punto, que hoy Rajoy y los suyos están liquidando. Quizá la cosa habría ido mejor, y hoy el PP lo tendría más difícil, si se hubiera explicado más que en España hay cada año unos 10.000 embarazos de menores, que unos 6.000 se interrumpen, pero que siguen su curso unos 4.000. Y que muchas de esas jóvenes que siguen con su embarazo, en muchos casos truncando sus vidas, lo hacen porque no ven otra opción que contarlo en casa y asumir que sus padres las obligarán a seguir. Tendrían el apoyo de dos tercios de la población española si decidieran rebelarse en silencio ante la imposición de sus padres, y podrían haber tenido –como más o menos tienen ahora – la complicidad de la ley y los médicos. Pero Rajoy el PP van a encargarse de que tal cosa no suceda más.