Asesoría verbal: el método Corleone

La desfachatez con la que han reaccionado algunos de los miembros del partido del Gobierno ante el descubrimiento de que cobran miles de euros por tomar café con empresas adjudicatarias de obra pública los sitúa más allá del peyorativo término con el que los calificara el nuevo partido emergente Podemos: Casta. Su desconexión, impunidad y privilegio con respecto al mundo que ellos mismos crean para los demás ciudadanos con las leyes que promulgan, les sitúan fuera de la esfera de sus administrados. Han construido una realidad paralela, una vida al margen de las leyes que se aplican al común de los mortales con un único fin: Lucrarse.

Ya indignaban lo suficiente los desvíos de fondos públicos hacia empresas en las que recalan nuestros gobernantes cuando terminan su carrera política para recuperar ese dinero depositado, esas acciones de incautación de fondos que llaman eufemísticamente: puerta giratoria, pero esta ansiedad de empezar el desfalco desde el escaño traspasa los límites de lo permisible, no digo de lo legal porque ellos, con sus normas, se permiten todo, incluso prácticas que en el mundo de la empresa estarían penadas con cárcel. Así, por ejemplo, que un alto ejecutivo de una compañía automovilística se entreviste con la cúpula de la competencia puede considerarse espionaje industrial y la ley castiga esas prácticas. Sin embargo, hemos visto algún exministro asesorando a la vez a dos bancos rivales sin que salten las alarmas. Cuando dos bancos se permiten tener un asesor común sin sentirse traicionados es porque, en realidad, el asesor en cuestión no trabaja en ninguno de los dos sitios, sino que le estarían remunerando servicios prestados cuando ejercía la función pública.

También hemos escuchado al responsable de una empresa adjudicataria de obras públicas explicar el concepto por el que paga una nómina a Martínez Pujalte: tomar un par de cafés al mes y hablar de cuestiones de interés.

Incluso el incombustible señor Trillo, estricto moralista con los casos ajenos y laxo con los propios, actualmente representando los intereses patrios en el Reino Unido, cobraba un pastón por estos menesteres. ¿Alguien puede explicar la diferencia entre tener comprado a un diputado y tenerlo en nómina? Lo primero suena mal, lo segundo es compatible con el cargo, esa es la gran diferencia, pero en la práctica parece lo mismo. Sólo hay una forma honrada de cobrar de una empresa y es trabajar a favor de sus intereses.

Si es legal para unos, es legal para todos y así llegaríamos a la privatización del Congreso, del Estado, que es lo que ocurre en esos países dónde los llamados lobbies eligen con su dinero a su candidato, como si fuera una apuesta en una carrera de caballos: ponen y quitan presidentes.

Asesoría verbal, ése es el concepto por el que cobran. Uno, que ve lo que tiene que hacer el personal para ganarse la vida, y no digamos los jóvenes, a los que, en muchos casos, ni siquiera pagan cuando encuentran un trabajo, se queda maravillado porque lo de la asesoría verbal sólo lo había visto en las películas del El Padrino y como una práctica exclusiva de mafiosos. De qué deben hablar estos señores para que una charla que cuesta miles de euros, una asesoría tan cualificada, no quede reflejada en ninguna parte, en ningún documento, ningún informe, nada. Imaginemos que al receptor de la asesoría verbal se le olvida por el camino lo que le han dicho, qué putada.

No sé con qué tipo de empresas trabajan los diputados a tiempo parcial, pero visto lo informales y dejadas que son, no veo yo que estén cualificadas para recibir obra pública con la cantidad de dinero que nos cuesta a los ciudadanos. No parecen serias administrando sus recursos.

Además, que no digo yo que sea así, aunque lo piense, estos pagos pueden ser interpretados por cualquiera que tenga dos dedos de frente como una comisión en toda regla, un soborno, o un aliciente a cambio de información privilegiada de cara a los concursos públicos. Los jueces no suelen ver relación causa efecto entre las donaciones a los partidos y las adjudicaciones de obra pública, aunque uno se pregunta cómo se justifican esos pagos a fondo perdido en los consejos de administración de las empresas, ¿por simpatía? ¿por afinidad política? No termino de entenderlo. Si no se obtiene rédito alguno de esos pagos es un robo a los accionistas en toda regla.

Al trascender estas cosas tan feas como amorales, los señores diputados se han puesto manos a la obra y, en lugar de pedir perdón por estas prácticas y comprometerse a atajarlas por el buen nombre del Sistema, han decidido trabajar en la ampliación del marco de las incompatibilidades para que cuando les pillen en un café cobrando fajos, eso sí, por transferencia y con factura, para que nadie piense que el negocio es marrullero, no se les pueda reprochar nada por lo legal ni por lo ético. Y si hay que aportar un informe, pues se aporta, aunque sea bajado de internet como ocurrió en el caso del señor Fabra.

Los jueces no verán relación entre los pagos y las adjudicaciones, pero es incuestionable que existe una relación directa entre estos pagos y los precios de la obra terminada porque todos los gastos entran en el mismo saco, y si la empresa en cuestión es deficitaria se va al garete. Por tanto, un patriota verdadero que presta su servicio al pueblo desde el Congreso de los Diputados en un partido de derecha tradicional, liberal y conservador, no debería cobrar por estas asesorías, sino prestarlas gratis para evitar la ruina de España, esa España que tan bien defendió Trillo de los invasores de la isla de Perejil, y que tiene sus ojos permanentemente puestos en Gibraltar.

Mientras, a la pregunta de qué le parecen los salarios de seiscientos euros por trabajar jornada completa durante un mes, seguirán respondiendo eso de: “Menos es nada”. Unos cracks, son unos cracks.

Deberían poner otra casilla en la declaración de la renta junto a la de sus colegas de la Iglesia para “asesoría verbal”. Seguro que hay muchos fans de esta modalidad de derivación de recursos al bolsillo de los que administran la pasta porque, la verdad, ya no cunde el desánimo ni la desesperación, vivimos tiempos de delirio y me da la impresión de que seguiremos viendo prodigios que la razón educada en la honradez jamás intuyó. Mientras, sacarán más leyes para seguir criminalizando al ciudadano.

Así, Esperanza Aguirre sale diciendo que los sin techo se organizan en mafias para vivir “mejor que bien” a costa del Estado. La verdad es que a estos “sin techo” los veo muy despistados a la hora de elegir una mafia en la que meterse para vivir de puta madre. Así les va. Ahí sí que doña Esperanza les podría prestar asesoría verbal, en ese campo su cualificación es excelente. Claro que no sé yo si los “sin techo” pasarían el casting para ocupar las listas de su partido que lleva a cabo la flamante y dicharachera candidata del PP a la alcaldía de Madrid, pero una pregunta la puede dar por contestada y es esa que hace a los pretendientes de si tienen una cuenta en Suiza. Los que las tienen pertenecen a otra mafia que no hay que buscar “en desiertos remotos ni en montañas lejanas”, doña Esperanza. Sólo tiene que levantar la vista y contemplar lo bonita que ha quedado la reforma de la sede del partido, esa que, según el fiscal anticorrupción, pagó Bárcenas de su bolsillo por la cara.

Ante este estado de cosas, nosotros no necesitamos asesorías sino pastillas.