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Plaza Pública

Calles contra el olvido

Jaime Ruiz Reig | Cristina Almeida

“Todavía es fértil el útero del que surgió esta bestia”. Bertolt Brecht

Asistimos, una vez más, a un debate en los medios de comunicación, más que en los ciudadanos y ciudadanas, sobre la ciudad y sus espacios públicos, sobre la ciudad y su memoria, sobre, en definitiva, la memoria histórica y la memoria democrática de nuestro país. El uso sensacionalista de hechos e intenciones, la falta de rigor y la nada ajustada información a lo sucedido y a los actores intervinientes han sido capaces de proyectar, en determinados sectores de la opinión pública, que el Ayuntamiento de Madrid, la Cátedra de Memoria Histórica-UCM y las organizaciones ciudadanas no saben qué hacer o cómo gestionar el espacio público. Reducir todo a quitar y poner nombres, en vez de disponer de un proyecto para incorporar la ciudad a la cultura democrática existente en nuestro entorno geopolítico, es un grave error. Como señalaba atinadamente Timothy Garton Ash, reflexionando sobre el futuro de la UE, debemos trasmitir a las nuevas generaciones nuestro pasado de guerra, ocupación, holocausto o dictaduras fascistas... para que no vuelvan nunca más.

A todo ello hay que sumar que 40 años después de la muerte del dictador, en nuestro país hay más de 150.000 personas víctimas de desapariciones forzadas, 2.381 fosas comunes desperdigadas por la geografía española y miles de casos de niños robados, secuestrados, durante la dictadura. Delitos que son imprescriptibles según el derecho humanitario internacional.

Nos indigna que se haya utilizado una lista de nombres tildados de franquistas, conocida desde hace años públicamente puesto que así la expone su autor, el historiador A. Ortiz en su página web, para descalificar una cátedra extraordinaria de la UCM, a su directora, equipos y colaboradores. Cátedra multidisciplinar que cuenta con más de 12 años de trabajos, colaboraciones y promoción de propuestas con diversas organizaciones y entidades públicas y privadas, sin que se conozca problema alguno de calidad en sus tareas y actividades. Que se haya puesto bajo sospecha la relación entre Ayuntamiento y la única Cátedra de Memoria Histórica en nuestra comunidad autónoma sin entender su necesaria tramitación administrativa. Indigna que los anteriores responsables del Gobierno municipal del PP presuman de haber inaplicado, ignorado o incumplido la Ley 52/2007 de Memoria Histórica y pretendan justificar nuevos aplazamientos que supondrían dificultar el derecho de los madrileños a conocer su historia y a cumplir con el deber de memoria.

Que existe un conflicto de memorias en nuestro país es evidente. Pero si la Constitución española se aproxima a sus 40 años de existencia, lo que la sitúa como el mayor periodo de vida democrática que hemos tenido en nuestra historia y pretendemos educar a nuestros jóvenes en sus valores, resulta llamativo que aún existan sectores políticos y grupos sociales, reducidos pero poderosos, que mantienen su adhesión práctica a la dictadura o se sienten herederos de la misma. O sin identificarse con la dictadura están haciendo el juego a través de la publicación de noticias de evidente falsedad para propiciar las teorías mas reaccionarias de nuestra democracia.

El Estado español ni investiga ni deja investigar los crímenes del franquismo y la guerra civil. Los derechos de las víctimas del franquismo a la verdad, la justicia y la reparación siguen esperando. El intento establecido por la Ley de la Memoria Histórica se ha demostrado insuficiente e, incluso, burlado en ocasiones. Yla justicia cerró sus juzgados a estas víctimas aplicando leyes democráticas para delitos imprescriptibles.

Tras las últimas elecciones municipales y autonómicas, muchos gobiernos se han planteado atender las justas demandas de víctimas y familiares. El Ayuntamiento de Madrid, su actual Gobierno, se ha comprometido a cumplir la Ley 52/2007 y a atender las recomendaciones de Naciones Unidas en su ámbito, para las sociedades que han sufrido traumas considerables como el caso de nuestra historia. La primera tarea a la que se nos invitó a las asociaciones y entidades de memoria histórica fue para plantear el estudio de los espacios públicos en nuestra ciudad, espacios ciudadanos que son de los madrileños y que éstos deben recuperar para que se generen los lazos afectivos con el espacio. Una auténtica apropiación ciudadana de plazas y calles en la que los vecinos las sientan como suyas y las cuidan, asumiendo la cultura de participación y de educación en valores que faciliten la convivencia. Los lugares, calles, domicilios o monumentos tienen la obligación de facilitar a las personas, a los ciudadanos, el establecimiento de relaciones entre nuestra historia, nuestra memoria colectiva y las implicaciones con nuestro presente. Nuestra visión del pasado la recibimos de la cultura social que nos envuelve, y que se mantiene viva a través de diversas representaciones, y por la pedagogía de nuestras conmemoraciones. Esta inmersión cotidiana en la ciudad, en su historia, refleja de dónde procedemos, quiénes pueden servirnos de ejemplo porque nos han ayudado a mejorar nuestra vida o cómo eran determinados lugares en los que las actividades humanas se realizaban en otras épocas. En definitiva, utilizar el espacio en el que habitamos para la enseñanza de los valores democráticos y humanitarios.

Aquí hemos carecido de políticas públicas de memoria democrática, y llegamos tarde y mal al encaje europeo e internacional, al tratamiento de nuestro pasado conflictivo y bárbaro. Sólo tenemos que mirar a Alemania, Francia, Italia, etc... O a muchos países de Latinoamérica.... Y aprendamos de sus experiencias.

Las administraciones, todas, deben establecer un primer paso solicitando la colaboración, debate y comunicación pertinente que facilite al conjunto de los ciudadanos la comprensión que valore la tarea de recuperar la memoria, su propia memoria en general, sin temor al debate abierto para poner a sus calles y plazas nombres y títulos que expresen como homenaje público a los resistentes y a las víctimas y también los hechos significativos, dentro de una política pública que debe ir más allá del deber de memoria y transformarse en un derecho de ciudadanía. Multitud de actores son necesarios, historia y memoria se acercan como complementarias y no opuestas, es la utilización de la memoria democrática como nueva identidad civil. "Los sistemas políticos dictatoriales intentan suprimirla o por lo menos distorsionarla. Abolir el pasado, el contenido de la Memoria o maquillarlo ha sido siempre, y muy especialmente en el siglo XX, un objetivo prioritario de los totalitarismos..." (T. Todorov).

El espacio público es donde se fija la visión del pasado colectivo. Calles, plazas o itinerarios son elementos para el conocimiento histórico y el uso de la memoria y el recuerdo para la construcción de una sociedad democrática y una ciudadanía más libre. Las políticas de olvido no ayudan a superar los traumas del pasado.

Madrid, capital de nuestro Estado, tiene un Gobierno municipal dispuesto a cumplir con las leyes y a atender los derechos de las víctimas de la dictadura, en el ámbito de sus competencias. Dispone de la colaboración de sus universidades y de las organizaciones sociales y ciudadanas, preocupadas por la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos. Y debe establecer su propio protocolo para que todos los madrileños entiendan cómo se procede a utilizar los espacios públicos, para que éstos sean instrumentos de aprendizaje de su pasado y garantía de un futuro democrático con participación y convivencia ciudadana. A lo que deben colaborar no solo los madrileños, sino los medios de comunicación que de forma leal sirvan sin mentiras a la explicación de esta memoria democrática.

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Jaime Ruiz Roig

es presidente de Amesde (Asociación por la memoria social y democrática).Cristina Almeida es vocal de Amesde.Amesde

Cristina Almeida

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