Plaza Pública

La 'beautiful' de los consejos de administración

Pedro Díaz Cepero

Con demasiada frecuencia aparecen en los medios de comunicación noticias relacionadas con los consejos de administración de grandes empresas. No precisamente para informar de donaciones de alguno de sus miembros a ONG y asociaciones de beneficencia. Sin embargo, los abusos en las cantidades asignadas por asistencia a las reuniones del Consejo, la selección de consejeros con criterios políticos, el desmesurado cobro de emolumentos, dietas y bonus en acciones, los créditos concedidos en condiciones favorables, el blindaje de contratos con primas extraordinarias, las indemnizaciones y prejubilaciones millonarias, etcétera, están ahí. Da lo mismo que la empresa vaya rematadamente mal con sus consejos, valga la redundancia, ellos siguen cobrando lo mismo, o más.

Los consejos de administración de muchas de las empresas del IBEX se han convertido en el plácido resort de políticos de uno y otro signoresort –especialmente del PP–. En sus empresas han sentado sus reales los herederos de la beautiful people de los 80 y 90, las bodas de la alta sociedad financiera de siempre y el arribismo político, siempre dispuesto a sacarle partido, valga la redundancia, a los privilegios del poder. En ellos no ha dejado huella la crisis, a no ser que sea para obtener más privilegios.

Están en todos los fregados: la Gürtel, la Púnica, el desfalco de Bankia, el caso Bárcenas, las tarjetas black de Caja Madrid, la financiación ilegal .. Capitalismo endogámico en toda regla. Las mayorías absolutas del PP desde el 2000, que supusieron la toma de control político de grandes empresas, a través de su privatización, y de las Cajas, y, de paso, la participación en los consejos de las participadas, han desembocado en el nivel monumental de la corrupción que estamos conociendo. Sólo la punta del iceberg.

Algunos dirán que las sociedades de capital privado pueden hacer con sus dineros lo que les venga en gana, siempre que estén de acuerdo con los estatutos que se hayan otorgado y con la ley, pero aquí hay una trampa regulatoria. Las empresas tienen también que cumplir una función social, primero con sus trabajadores. Qué deben pensar éstos cuando los consejeros reciben semejantes retribuciones mientras a ellos no sólo no se les aumentan los salarios, sino que se les reducen. De igual manera, los derechos de los pequeños accionistas son menospreciados sistemáticamente, son los últimos en enterarse de todo. Y así predomina el interés de unos pocos: el consejo, que suele proteger muy bien su riñonera antes de las debacles.

Algunos dirán que hay una Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno en las grandes compañías que se ocupa de la vigilancia de procederes irregulares, pero si sigues leyendo sus estatutos te enteras de que sus responsables son elegidos entre sus propios miembros por el mismo Consejo de Administración.

Algunos dirán que las decisiones vitales de la empresa y la elección, cese y retribuciones de los miembros del consejo, está sometida a votación en la junta general ordinaria de accionistas. Pero quien ha asistido a alguna de estas citas anuales de las grandes compañías que cotizan en bolsa sabe que las decisiones no se toman en la Junta General. Vienen ya cocinadas. La gran masa de pequeños accionistas es más o menos consciente de que su voto vale para poco, así que, agradecidos, acaban aceptando un magnífico libro de recetas, un volumen a todo color de España desde el aire, o un paraguas. Sólo con los derechos de voto que acumula el consejo y arrastra de sus directivos y empleados ya suele tener bastante. Las pocas voces contestatarias que se escuchan en estas asambleas vienen a legitimar, a su pesar, la puesta en escena oficial.

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En una crisis como la que atravesamos, estas situaciones de ventaja y favoritismo interclasista crean una gran alarma social, además de ser profundamente injustas. No son suficientes las recomendaciones voluntaristas de “buen gobierno” señaladas en la ley. Es urgente revisar las funciones y, sobre todo, los límites y privilegios de los miembros de los consejos de administración. La fijación de un techo en sus remuneraciones y dietas con arreglo a determinadas variables (facturación de la empresa, situación patrimonial, evolución de la acción, aumentos o descensos salariales de la plantilla, etcétera), la penalización en sus emolumentos si la empresa entra en pérdidas, la selección y el número de nuevos consejeros, independientes, con criterios profesionales y no políticos, etc. son, entre otras, medidas de control que deben ser adoptadas por la autoridad estatal que se determine, sea desde Economía, Hacienda o la CNMV, y rigurosamente sometidas a auditoría.

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Pedro Díaz Cepero es sociólogo y escritor.

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