Privilegiados

No creo que sea precisa una encuesta del CIS para presagiar un incremento de la abstención en caso de que en junio haya que repetir las elecciones legislativas. Cualquiera de nosotros, en conversación con familiares, amigos y compañeros de trabajo, puede registrar un nuevo incremento de la desafección respecto a la política politiquera en los más de tres meses transcurridos desde el 20-D. Lamentablemente, la mayoría de nuestras nuevas señorías han cobrado de nuestros impuestos en este trimestre por dedicarse al tacticismo partidista.

Hemos visto a un Gobierno en funciones que se niega a dar cuenta en el Parlamento de lo poco y malo que va haciendo. Sus mediocres ministros siguen cobrando sus sueldos íntegros (unos 70.000 euros anuales) más los pluses correspondientes (les llaman “indemnizaciones” y alcanzan entre 10.500 y 22.000 euros anuales libres de impuestos) por ser también miembros del Congreso, según informa elplural.com. Esos pluses, precisa otra información de ese diario digital, también se añaden a los 100.000 euros anuales de otros altos cargos del Ejecutivo que consiguieron escaño el 20-D, como Jorge Moragas y Álvaro Nadal.

Entretanto, hemos conocido nuevos escándalos de corrupción del PP que, al menos en Madrid y Valencia, lo aparentan a una organización dedicada básicamente al saqueo de las arcas públicas. Y, gracias a Rita Barberá, hemos sabido que uno puede cobrar del Senado sin aparecer por allí ni presentar el pertinente certificado de baja justificada.

Ha sido un invierno decepcionante. En la oposición al PP hemos visto incesantes ruedas de prensa de portavoces parlamentarios para machacar frasecitas tan simplonas como asesinas que los gacetilleros pudieran presentar como “titulares”. También hemos asistido al fracasado intento de una investidura con trampa: el aspirante llevaba la mano izquierda atada a la espalda aun a sabiendas de que con la derecha no llegaba. Incluso el partido que despertaba más esperanza entre sus votantes se ha enredado de tal manera que cabe imaginar que sería el principal perjudicado por el aumento de la abstención en junio: lo malo de pelearse con un borracho es que tú también pareces borracho.

¿No podrían haber aprovechado nuestras señorías estos tres meses para, a falta de mayoría suficiente para formar gobierno, ir limpiando las sentinas de nuestro sistema político? Quizá la desafección ciudadana fuera menor si se les hubiera visto, por ejemplo, aprobar medidas urgentes para reducir sus propias prebendas. En su recién publicada obra Diputados y senadores: los privilegiados (La Esfera de los Libros), mi compañera Yolanda González les ofrece un montón de pistas para que pongan manos a la obra. ¿Por qué no se contentan con sus sueldos y renuncian a pluses, dietas, ayudas a la vivienda, cacharrería electrónica de alta gama, coches oficiales, taxis pagados sin necesidad de justificar el desplazamiento, viajes gratis a sitios que no son su circunscripción, indemnizaciones por desempleo superiores a las de sus conciudadanos, ventajas ante la pensión por jubilación y chollos semejantes? Y ya de paso, ¿por qué no establecen la absoluta incompatibilidad del escaño con cualquier actividad retribuida?



Lo sé: algunas decenas de señorías, en particular las de Podemos y Ciudadanos, se han recortado voluntariamente algunas sinecuras. No digo que todas las señorías sean iguales, lo que digo es que la ciudadanía no ha percibido en este trimestre la existencia de un esfuerzo colectivo, institucional, orgánico, para hacerlo. ¿Dónde están los proyectos para terminar con las puertas giratorias entre la política y las grandes empresas? ¿Para cuándo la abolición de la gran mayoría de los aforamientos? ¿No pueden las Cámaras legislar sobre estos y otros asuntos –como las situaciones de emergencia social– aunque no haya un nuevo Ejecutivo?

Porque de lo que sí que nos hemos enterado es de que 64 diputados de la anterior legislatura han pasado a cobrar un subsidio por desempleo (2.813 euros mensuales) que duplica el máximo atribuido al resto de los asalariados españoles. Nadie les niega a sus señorías el derecho a esa prestación, pero ¿por qué es superior a la de otros?

Yolanda González acierta al no emplear esos eufemismos politiqueros que tanto dañan la credibilidad del periodismo español, ella llama a sus señorías por la palabra en castellano que corresponde a su situación: privilegiados. No hace tanto tiempo, cuando alguien planteaba este asunto, recibía de oficio un aluvión de críticas que solían incluir el latiguillo de demagogia –habitual entre la élite política y periodística para descalificar una propuesta sin tener que estudiarla a fondo– y la fórmula castiza de chocolate del loro. La eliminación de estos privilegios, se decía, tan solo supondría la eliminación del chocolate del loro.

¿Qué quieren que les diga? Esta respuesta siempre me ha parecido un insulto a los españoles para los que dos mil o tres mil euros pueden suponer la frontera con la miseria, la frontera con un desahucio, un corte de luz, el abandono de la atención a un familiar dependiente o la renuncia a los estudios por parte de un hijo. ¿Cuántas situaciones concretas podrían resolverse con los millones de euros que los contribuyentes nos ahorraríamos con las renuncias a los privilegios denunciados por Yolanda González? Digamos que tan solo unas miles: pues eso ya sería fenomenal.

La falta de empatía de tantos políticos profesionales con los sufrimientos de la gente ha contribuido al malestar de millones de españoles en los últimos años. De ellos esperaban iniciativas que aliviaran esos sufrimientos, y también que predicaran con el ejemplo y se apretaran el cinturón. Con honrosas excepciones, esas esperanzas han sido vanas.

El recorte de los privilegios de diputados y senadores tiene también otra dimensión profunda. Nuestras señorías repiten que están en ello por “vocación de servicio público”, pero dan la impresión de que en realidad lo hacen como un jugoso ganapán. Si no, ¿por qué no establecen reglas de juego que limiten su estancia en la política? ¿Es saludable que alguien ocupe puestos legislativos o ejecutivos durante veinte o treinta años seguidos? A mí no me lo parece: me gustaría que los políticos tuvieran su propio trabajo al que regresar tras un período en despachos oficiales: fontanero, profesor, abogado, comerciante, funcionario, agricultor…

Crisis es cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, decía Gramsci. Y eso, fíjense, es lo que ocurrió el pasado 20 de diciembre.