Panamá: más allá de los nombres

Los nombres que va desvelando día tras día el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (y en España, La Sexta y El Confidencial) a partir de 11,5 millones de documentos que contienen los archivos del despacho Mossack Fonseca en Panamá logran algo fundamental: visibilizar la gigantesca hipocresía del capitalismo financiero mundial. Es imprescindible conocer quiénes son los que ocultan su riqueza mientras los asalariados sostienen lo que aún queda del Estado del Bienestar. Conviene, sin embargo, no olvidar que el grueso del botín no está en las cuentas de esos famosos sino en los entramados societarios de empresas y bancos, asesorados por grandes bufetes de abogados y capaces de torcer la mano a gobiernos democráticos y a instituciones internacionales.

Los nombres

Proclama Bertín Osborne que le “encabrona” tener que dar "cincuenta mil explicaciones de algo que es legal”, sin querer percatarse de que lo que encabrona a millones de ciudadanos es precisamente que sea legal esquivar o minimizar las obligaciones con el fisco. Y que se aprovechen de ello además personajes que a menudo han percibido ingresos públicos. Aduce Pilar de Borbón (tres días después de conocerse que mantuvo una sociedad opaca en un paraíso fiscal durante cuarenta años y que la clausuró a las pocas horas de la coronación de su sobrino Felipe VI) que el origen de la decisión de abrir cuentas lejos de España estuvo en el miedo a un secuestro de ETA. Es normal que millones de ciudadanos se encabronen ante la sorprendente evidencia de que la infanta Pilar tuviera más urgencia en ocultar su dinero que en ocultarse ella misma. (Con más motivo cuando sabemos que su difunto marido, gestor también durante una época de los dineros del monarca, había abierto empresas en Panamá para percibir comisiones del negocio del petróleo).

Podríamos seguir con las reacciones del ministro Soria, de Vargas Llosa, de Messi, de Imanol Arias, de Almodóvar… y las que vengan. La argumentación oscila entre la excusa de la “legalidad”, la amenaza de demandas por difamación o la acusación contra sus gestores, que habrían tomado decisiones sin su consentimiento. La primera duda es fácil de despejar si quieren hacerlo: basta con hacer público lo que han declarado a Hacienda. También es obvio que no es lo mismo hacer trampas durante tres meses que durante cuarenta años, o que el volumen de la tropelía sea de unos miles de euros o de unos cuantos millones. Pero desde el punto de vista de la ética pública o de la ejemplaridad, todos ellos “encabronan” al ciudadano que paga sus impuestos y acepta que, pese a lo que hubo que escuchar en el juicio del caso Nóos, “Hacienda somos todos”. Ejercer la política (por tanto el servicio público) y tener o haber tenido sociedades opacas al fisco es incompatible: una indignidad reprochable al señor Soria, a Arias Cañete, a Cameron, a Macri, a Putin…

Los números

Bienvenida sea la filtración de nombres y apellidos, siempre que no caigamos en el error de fijar la mirada en el dedo que señala una luna llena de fraude fiscal. Pese a la dificultad de concretar las magnitudes del latrocinio, hay ya estudios suficientes que permiten hacernos una idea. Entre ellos, conviene citar las investigaciones de Gabriel Zucman, profesor de la London School of Economics y autor de La riqueza oculta de las naciones. Basándose en datos del Banco Central Suizo, del Tesoro estadounidense y de estimaciones de diversas fuentes, Zucman calculaba en 2013 que los paraísos fiscales esconden al menos 7,6 billones de dólares sólo en activos financieros de fortunas particulares, es decir sin contar propiedades inmobiliarias o arte, por ejemplo. Esa cifra duplica la deuda total de las economías de la periferia europea que vienen sufriendo las políticas austericidas. Zucman comprobó además que el volumen de dinero escondido en paraísos fiscales se ha incrementado un 15% desde 2009, el peor año de la crisis.

Organizaciones como Oxfam Intermon vienen denunciando la gigantesca hipocresía de gobiernos e instituciones económicas internacionales, que proclaman supuestos avances en la lucha contra los paraísos fiscales cuando en realidad han actuado como cómplices de una válvula imprescindible en el funcionamiento del capitalismo financiero global. Tras aquella reunión del G-20 en primavera de 2009, cuando Sarkozy anunció la “refundación del capitalismo” y la decisión de clausurar esos territorios opacos, lo cierto es que ha habido muy pocos pasos hacia la transparencia, y los que se han dado parecen haber venido forzados precisamente por el escándalo provocado por filtraciones masivas de datos, como ocurrió con los casos Luxleaks o Falciani, y ahora con los papeles de Panamá.

Este mismo martes, la Comisión Europea ha presentado una nueva directiva que obligará a 1.900 multinacionales (de ser aprobada por el Parlamento, posteriormente por el Consejo Europeo y más tarde transpuesta a la legislación de cada país miembro) a hacer públicos los impuestos que pagan en cada país y a desvelar su actividad y negocios en paraísos fiscales. Pese a que de inmediato las grandes empresas ha puesto el grito en el parqué, ¿qué credibilidad podemos otorgar a una Comisión presidida por Jean Claude Juncker, el ex primer ministro que 'inventó' precisamente la ingeniería fiscal que esas mismas multinacionales aprovechan en su país, Luxemburgo? ¿Qué crédito tiene una institución cuyo comisario de Energía sigue siendo Miguel Arias Cañete, de quien sabemos que tanto él como su familia han utilizado compañías precisamente en Panamá?

Pongamos la lupa un poco más cerca: el 74% de las empresas del Ibex-35 mantiene ocultos sus negocios en paraísos fiscales, según el informe más reciente de la Fundación Compromiso y Transparencia, y 13 de las grandes empresas que cotizan en el índice bursátil español ni siquiera han suscrito el código de buenas prácticas de la Agencia Tributaria. De las que sí lo han firmado, un tercio reconoce tener presencia en territorios off-shore.

Hay soluciones

Los gurús del neoliberalismo económico y de la ausencia de regulaciones al capitalismo financiero han conseguido instalar, con la inestimable ayuda de sus masivos altavoces mediáticos, la idea de que los paraísos fiscales siempre existirán. Que si se ponen obstáculos en un lugar esos capitales se refugiarán en otro, y nunca faltarán escondites a la distancia “de un click”, puesto que las herramientas digitales y codificadas hace tiempo que permitieron evitar el traslado de maletines con dinero negro. Se trata de otro engaño masivo. Hay soluciones si de verdad existe la voluntad política de abordarlas.

El propio Zucman propone un plan que incluye algunos pasos fundamentales y posibles:

1) La creación de un registro mundial de los títulos financieros indicando sobre una base nominativa quién posee cada acción y cada obligación. Si fue posible a finales del siglo XVIII crear catastros sobre las propiedades inmobiliarias que permitieron en algunos países acabar con los privilegios fiscales de la nobleza o del clero, ¿acaso es imposible en el siglo XXI crear un catastro financiero propiedad de los Estados?

2) Para lograr que los registros de datos sean útiles, tiene que haber un intercambio automático de información entre los países, y ese sistema debe extenderse a los bancos situados en paraísos fiscales. No hace falta marear más las listas negras o blancas de los países, Estados o regiones que son o no paraísos fiscales: ningún territorio debe quedar fuera de esa obligatoriedad de suministro de información. Por tanto Luxemburgo en Europa, como Delaware o Nevada en Estados Unidos, deben cumplir ese requisito exactamente al mismo nivel que Francia, España o Alemania.

3) Es cierto que un solo país no puede afrontar el problema. Suiza o Singapur sólo cederán a las exigencias internacionales bajo amenaza de fuertes sanciones, que incluirían aranceles aduaneros. Como apunta Zucman, según las propias normas de la Organización Mundial de Comercio, los países afectados por el expolio que supone para sus arcas públicas el secreto bancario blindado en esos paraísos fiscales están en su derecho de imponer unas represalias iguales al perjuicio que padecen. Si hubiera una voluntad común de Estados Unidos y de las principales potencias europeas de castigar la elusión fiscal, ninguno de esos feudos resistiría la prueba.

4) Si se dispone de un catastro financiero (y el Fondo Monetario Internacional tiene medios técnicos para crearlo), será posible aplicar un impuesto progresivo sobre las fortunas.

5) La solución a la elusión fiscal que trasciende los nombres propios pasa por una reforma radical del impuesto sobre las sociedades, de modo que se graven de verdad las ganancias globales de las empresas. Ejércitos de expertos contables y bufetes especializados en ingeniería financiera logran que las multinacionales manipulen las ganancias país por país, compensen unos resultados con otros y no paguen nada o casi nada en impuestos en los países donde obtienen la mayor parte de sus ventas. Son los trucos de los Google, Apple, Amazon, Ikea, McDonald's…

La “refundación del capitalismo” podría haber empezado por algunas de estas medidas, pero para ello sería imprescindible un rescate urgente de la política, condicionada en sus decisiones por poderes ajenos a las urnas y contaminada por individuos que precisamente han utilizado la política para acumular un patrimonio que ocultan en esos paraísos fiscales.

Esta es quizás la batalla más urgente contra la lacra de la desigualdad y la pobreza, como vienen denunciando organizaciones civiles y expertos independientes. Y como evidencian los datos. Si en España se consiguiera simplemente equiparar el nivel de fraude fiscal al de la media europea, podrían recaudarse hasta 25.500 millones de euros más al año. Nada menos que los nuevos recortes que Bruselas quiere aplicarnos por la desviación del déficit. Los nombres propios deben servir para poner el acento en lo fundamental: cada euro que llega a un paraíso fiscal, por vías legales o directamente por fraude, se resta a lo disponible para hospitales, escuelas, carreteras o dependencia.

P.D. Circula en las redes la tesis conspiranoica según la cual no hay nombres de estadounidenses ni alemanes en los papeles de Panamá, para concluir que la filtración de documentos es una maniobra de Washington y Berlín para desviar la atención o para "ganar clientes". Desde el Consorcio de Periodistas de Investigación, Mar Cabra recuerda que el origen periodístico de los papeles está precisamente en un medio alemán, el Süddeutsche Zeitung (SZ), que está publicando nombres de presuntos evasores germanos. Medios estadounidenses como Fusion TV. Chanel o Miami Herald también están publicando los resultados de la filtración. Si aparecen menos nombres de estadounidenses, probablemente tiene que ver con el hecho de que EEUU dispone de sus propios territorios off-shore, como lo son Delaware o Nevada.