Plaza Pública

Qué Comisión de Garantías queremos para Podemos

Ana Laura Cannilla | Pablo Castaño | Manuel Maroto

Uno de los problemas tradicionales de la cultura organizativa de los partidos españoles ha sido el carácter cosmético de sus órganos disciplinarios y de control, los habitualmente denominados “comités de derechos y garantías”. El mantenimiento de un clima de militancia basado en el respeto a normas comunes, aprobadas democráticamente, exige de la existencia de órganos independientes y con capacidad de actuación suficiente para aplicar esas normas de forma imparcial. Estos órganos deberían, además, contribuir a una racionalización del funcionamiento del partido, evitando que el peso de la resolución de los inevitables conflictos internos recaiga sobre los órganos ejecutivos.

La histórica inoperatividad de estos órganos de control en el sistema español de partidos explica en parte el olvido generalizado del mandato constitucional de democracia interna del artículo 6 de la Constitución, la naturaleza fuertemente oligárquica de los principales partidos y su impotencia organizativa a la hora de implementar sus códigos éticos, relegados a la categoría de papel mojado a fuerza de demostrarse incumplidos en la práctica. Sin una cultura militante que entienda las normas internas como herramientas para resolver los conflictos internos, estos se canalizan a través de rencillas, faccionalismos y relaciones exclusivamente basadas en la confianza y la desconfianza.

En el caso de Podemos, los Estatutos aprobados en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre constituyeron un importance avance respecto a esa larga tradición política. Las normas de Podemos consagran un modelo de Comisión de Garantías fuerte e independiente que debe garantizar no solo un marco de funcionamiento interno más ético que el del resto de partidos, sino también más eficaz en la aplicación de normas y resolución de conflictos. La Comisión definida en Vistalegre constituye un órgano innovador capaz de promover una cultura militante lo más ajena posible a las patologías endémicas en los partidos españoles tradicionales. Recordemos que la descomposición y la corrupción generalizada de unos partidos fuertemente degradados por esas inercias organizativas fueron un ingrediente fundamental de la crisis de legitimidad que dio lugar al extraordinario fenómeno político que es Podemos.

Un año y medio después de la constitución de la primera Comisión de Garantías Democráticas de Podemos, creemos que la reflexión sobre el papel y las funciones de este órgano debe estar presente en el debate organizativo que se ha abierto en el partido. Todos somos plenamente conscientes de la carrera de obstáculos electorales que ha sido la vida del partido hasta ahora y, con la convocatoria de nuevas elecciones, así va a ser por unos meses más. Sin embargo, esto no es óbice para abordar la independencia de Garantías. Nuestra experiencia como integrantes de la Comisión nos ha llevado a conclusión de que, si bien el diseño estatutario de la Comisión es adecuado en relación a sus fines y competencias, es urgente proteger la independencia estructural del órgano.

Que los componentes de la Comisión de Garantías sean elegidos por primarias supone de por sí un avance con respecto al ejemplo del resto de partidos, pero no es suficiente para vencer las inercias organizativas antes mencionadas. Cuatro sencillas modificaciones estatutarias podrían contribuir a reforzar la independencia y autonomía funcional de la Comisión, y con ella la división de poderes dentro de la organización. Primero, la asignación para la Comisión de recursos materiales, humanos y de comunicación suficientes, así como el reconocimiento de la autonomía del órgano para gestionarlos en un estricto régimen de transparencia. Segundo, la prohibición de que sus integrantes sean candidatos a ningún cargo interno o público durante su mandato ni en el periodo posterior inmediato. Tercero, que los integrantes de Garantías no puedan desempeñar ninguna otra función remunerada dentro de Podemos distinta a la que en su caso les corresponda como cargos electos de la Comisión. Cuarto, el establecimiento de canales directos de comunicación orgánica entre las Comisiones de Garantías y los órganos de dirección política, de tal manera que exista una comunicación fluida que no dependa de la intermediación de personas individuales por sus relaciones de confianza.

Estas modificaciones estatutarias garantizarían que los miembros de la Comisión no sientan la obligación de responder durante su mandato ante nadie más que la militancia que los ha elegido. Finalmente, sería conveniente evolucionar hacia un modelo de Comisión de Garantías que sea presidida por una persona de reconocido prestigio en el mundo jurídico, con un perfil técnico e independiente. Además, dentro de lo posible, se debería buscar que las futuras Comisiones de Garantías (tanto estatal como autonómicas) estén compuestas mayoritariamente con personas con este perfil. Como en otros ámbitos de la organización de Podemos, estamos ante una disyuntiva que Pablo Echenique expresó claramente en un reciente artículo: “O somos un objeto organizativo radicalmente distinto de los que nos han precedido o el destino es la normalización (más o menos lenta)”. Feminizar la política –tan en boga últimamente– consiste también en preocuparse por el respeto de las normas que nos hemos dado mutuamente. Confiamos en que nuestras proposiciones contribuyan a seguir avanzando en la dirección correcta.

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Ana Laura Cannilla, Pablo Castaño y Manuel Maroto son miembros de la Comisión estatal de Garantías Democráticas de Podemos

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