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Las pensiones se pagarán con empleo estable y de calidad

Santos M. Ruesga Benito

El próximo año, si no cambian mucho las tendencias (y, como diría un castellano recio, "si alguien no lo remedia") se habrá consumido en su totalidad la "hucha de las pensiones". Por el hecho en sí mismo no hay por que alarmarse, el Fondo de Reserva se constituyó en su día para hacer frente a situaciones coyunturales de déficit en el sistema de Seguridad, tal como está diseñado. Sin embargo, sí alarma la velocidad a la que se ha consumido dicho fondo (desde 2012, año en el que el Gobierno de Mariano Rajoy comenzó a disponer del mismo), ante la persistencia del desequilibrio financiero y la impotencia de la recuperación económica para frenar su ascenso. En suma, lo que podría parecer un problema coyuntural, de caída de ingresos por efecto de la crisis que hemos padecido, parece más bien un problema estructural, derivado de la incapacidad del sistema económico para hacer que las bases de cotización crezcan al ritmo de la recuperación económica, lo que mantendría el déficit de la seguridad social en cifras más sostenibles y recuperables por la propia dinámica del crecimiento económico y del empleo.

Pero no está siendo así. El empleo ha crecido en los tres últimos años a razón de unos 500.000 ocupados más por año y, sin embargo, la recaudación de la Seguridad Social por cotizaciones continúa estancada en cifras inferiores las del año 2007, punto de arranque de los primeros síntomas de la que hemos denominado Gran Recesión. Las diferencias son aún más altas si comparamos las cifras de recaudación actuales con las del punto más elevado de este siglo, situado en el año 2009, cuando se recaudaron por cotizaciones

Ante esta tesitura, algo tendrá que decir y hacer el gobierno actual, con la presión encima del cumplimiento de los compromisos con la UE que sitúan nuestra cifra máxima de déficit público en un 3,1 % del PIB para el próximo año. Sobre esta cifra ya se superpone los dos puntos porcentuales de déficit que se prevén en el sistema de la Seguridad Social. Cierto que parte de este desajuste se podrá financiar con el resto del Fondo de Reserva –lo que no altera el déficit computable a efectos de la fiscalización comunitaria-, pero aún habrá que arbitrar recursos adicionales para llegar a fin de año. Y las opciones están en recurrir a la emisión de deuda –lo que contraviene también nuestros compromisos comunitarios, además de incrementar el gasto público- o aumentar ingresos vía mayores contribuciones sociales o aportaciones tributarias.

Y es que “quien siembra vientos, recoge tempestades”. Estamos observando parte de los efectos derivados de la reforma laboral de 2012. Quienes se congratulan del éxito económico español, de una salida de la crisis con elevada creación de empleo, no tienen en cuenta la calidad de esté y los efectos colaterales que de ello se derivan. La proliferación, en ascenso, de empleos temporales, a tiempo parcial no deseado, autónomos falsos o dependientes, etc. conlleva una reducción sustancial de los salarios medios, es decir, de las bases de cotización al sistema de protección social. Esto explica una parte del fracaso de la reforma de 2013 del sistema de pensiones públicas en el momento presente. La otra parte se la llevan los errores de calculo de los artífices de tal reforma que no han podido cosechar grandes éxitos –más bien al contrario- en el capítulo de reducción de las pensiones medias, implícito en la aplicación de denominado “factor de revalorización”. La “timidez” del anterior gobierno al legislar dicho instrumento (incorporando un mínimo del 0,25 % de revalorización, al margen de lo que indicara dicho factor) y una coyuntura deflacionista han dado al traste con los ahorros potenciales de gasto en pensiones, en estos casi tres años que llevamos de aplicación de la citada reforma.

Me interesa resaltar lo que significa la caída de las bases de cotización (de los salarios, en definitiva) como fuente fundamental del creciente déficit del sistema, porque anuncia la vuelta a un modelo de crecimiento económico que muchos consideramos caduco y carente de futuro, apoyado en la expansión de actividades intensivas en trabajo, poco cualificado y con escasa capacidad de impulsar la productividad del aparato productivo nacional.

Pensábamos que habíamos aprendido la lección de la historia económica de décadas pasadas, donde este tipo de modelo crecimiento ha resultado en una economía débil, volátil y con reacciones exacerbadas ante los avatares del ciclo económico. Creíamos, que las estrategias de política económica habrían de incentivar la expansión de actividades intensivas en el uso de trabajo cualificado, generando empleos con elevadas capacidades productivas. Pero no ha sido así. Este tipo de empleo, hoy por hoy, se concentra, fundamentalmente, en las actividades industriales, que, también, dicho sea de paso, amortizan trabajo al compás del avance tecnológico. Y tales actividades, tras la construcción, ha sufrido un fuerte deterioro en el periodo de la Gran Recesión, salvo escasas excepciones.

A esta dinámica cíclica, pero sobre todo tendencial, de descenso del empleo industrial le añadimos además un extraño concepto de desarrollo sostenible, que aboga por la desaparición (o deslocalización) de industrias, más o menos competitivas, al menor atisbo de derivas contaminantes en su proceso de producción. Me viene esta reflexión a la mente, de un lado, desde el exterior, tras escuchar algunas de las reflexiones (sic) del presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, en las que negando el avance del cambio climático (o calentamiento global), contrapone la necesaria dotación de recursos para la preservación del capital ambiental con el desarrollo industrial. Y, de otro, más de casa -en dirección opuesta, pero contraponiendo también medio ambiente e industria-, a raíz de unos sucesos recientes en Galicia, donde algunos poderes públicos y parte de la opinión pública (se presupone de cariz progresista) han levantado una intensa campaña política contra el mantenimiento de las actividades industriales de la empresa ENCE, productora de pasta de celulosa, ubicada en la ría de Pontevedra. Enarbolando la siempre bien vista bandera de la defensa a ultranza de valores ambientales, se está presionando por el desmantelamiento de la citada factoría y, si hubiera lugar su traslado a otros territorios (¿dónde?), aduciendo los efectos “altamente contaminantes” de la misma. Y es que en el mercado electoral las iniciativas ambientalistas venden bien. Pero, proponentes y receptores no se paran a valorar, con rigor, los efectos globales de tales propuestas y, como cuestión importante, qué alternativas hay a la desaparición de dicha factoría y a los empleos directos e indirectos por ella generados (que podrían alcanzar los 10.000), que en su mayoría se podrían calificar de media y alta cualificación, es decir con niveles salariales elevados.

Es como si una maldición bíblica impidiera compatibilizar la sostenibilidad ambiental con un modelo productivo más dinámico. Lo que nos lleva a destruir empleo de calidad, con elevados salarios, buenos contribuyentes para el sistema financiador de las pensiones públicas, ¿a cambio de qué? Pues como viene ocurriendo en nuestro país, a cambio de ladrillo y turismo de sol y playa, nuestras vedettes productivas nacionales, de dudosa, al tiempo, aportación a la sostenibilidad económico-ambiental a medio plazo.

Sin duda, yo también suscribo la acción ambientalista. Pero en un país aquejado desde hace décadas por el “mal del ladrillo” y, por ende, sometido a los dictados del empleo no cualificado, el futuro no pasa por sustituir industrias, con un razonable grado de competitividad internacional, como es el caso comentado, por proyectos turísticos o inmobiliarios de corto recorrido en la dinámica competitiva. Entre otros elementos importantes de nuestro Estado de Bienestar las pensiones sufrirán las consecuencias del desequilibrio financiero creciente.

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Para una economía de mediano rango y recorrido, como la española, el empleo industrial, respetuoso con el medio ambiente, eso sí, es el soporte fundamental de la generación de productividad y, por extensión, de bases tributarias para la Seguridad Social o para el Estado, que tanto monta, monta tanto.

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Santos M. Ruesga Benito, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid

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