Sesgos

El Tribunal Supremo se partió en dos a la hora de decidir si el impuesto a las hipotecas lo tenía que pagar el banco o el cliente. El presidente de la Sala decantó la decisión a favor de los bancos, pero es evidente que esos prestigiosos juristas que han llegado a lo más alto del sistema, aunque sea con el empujón de los partidos políticos que los aúpan en última instancia, podían apelar a argumentos jurídicos sesudos tanto en un sentido como en otro.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sentenció por unanimidad a favor de Arnaldo Otegi (y otros cuatro dirigentes independentistas vascos), para decir que no tuvo un juicio justo, por imparcialidad de la magistrada que presidía el Tribunal, cuando fue condenado, encarcelado e inhabilitado en España por pertenencia a ETA y por liderar la reconstrucción de la ilegalizada Batasuna. La sentencia provocó de inmediato la reacción paleta de algunos juristas españoles, como antes había ofendido la decisión de un tribunal alemán de autorizar la extradición de Puigdemont sólo por malversación y no por rebelión.

¿Será que nuestros jueces son muy listos y leen mejor las leyes que los jueces extranjeros de Estrasburgo, o los de Alemania? ¿O será que están todos ellos, los de aquí y los de allá, sesgados por sus querencias, sus prejuicios, su patria o su ideología?

La Justicia española tendrá pronto que decidir si los políticos catalanes presos –o los presos políticos catalanes, según quien se refiera a ellos– actuaron con violencia para subvertir el orden constitucional, e incurrieron en delito de rebelión, como defiende la Fiscalía, o sus acciones no fueron violentas y por tanto podrían ser sólo condenados por sedición, como defiende el abogado del Estado, es decir, el del Gobierno.

¿Será que los magistrados del Tribunal son robots de precisión capaces de medir milimétricamente el nivel de la violencia aplicado? ¿Pueden evaluar asépticamente si son “rebeldes golpistas”, o más bien cabe esperar que se dejen llevar por sus impresiones, sesgadas por su ideología y por otras servidumbres?

Hay decenas de estudios que demuestran que la simple formulación de los temas en documentos supuestamente descriptivos, puede cambiar de manera sustancial la decisión de un tribunal, por muy solventes que sean sus componentes. O que, en un modelo de estudio típico, el origen étnico del acusado, o su presencia física, o su extracción social, sesga las sentencias casi siempre en contra de las minorías étnicas, de los pobres y de los feos. O que ante hechos idénticos, tribunales pretendidamente objetivos actúan de maneras muy distintas dependiendo de las circunstancias sociales y políticas del momento. O que la publicidad de los asuntos produce también sesgos en las decisiones judiciales, en un sentido o en otro. O que la argumentación de los fiscales actúa como ancla de las decisiones del juez en la mayoría de los procedimientos. O que los tribunales confían mucho más en las peritaciones de los funcionarios que en las de los organismos privados, por considerar que las primeras son más neutrales que las segundas.

La psicología denomina a este fenómeno general, sesgo implícito o cognitivo, una manera elegante de explicar que nuestro cerebro –también el de quienes supuestamente tienen que mantenerlo frío– se calienta condicionado por decenas de prejuicios. El sesgo implícito es inconsciente y por tanto involuntario. Los jueces que creen que el impuesto de actos jurídicos documentados que se aplica a las hipotecas lo deben pagar los bancos se consideran tan honrados y justos como sus colegas que votaron a favor de que lo paguen los clientes.

Se han aplicado muchas fórmulas para evitar los sesgos implícitos. Por ejemplo, son conocidas las técnicas para evaluar “a ciegas” la calidad de un trabajo, sin que el juicio quede marcado por la apariencia del artista. Escuchar a un músico sin verle, corregir un trabajo o evaluar una novela sin conocer a su autor, o seleccionar para un trabajo a una persona sin saber cuáles son sus datos sociodemográficos, son algunos ejemplos. En muchos países está muy mal visto ya –en algunos es incluso ilegal– pedir fotografía junto al currículo.

Pero evitar esos sesgos cogninitivos es muy complicado cuando hablamos de casos de enorme repercusión social, y más aún cuando los tribunales que los resuelven tienen por su origen y por los asuntos que tratan, una fuerte carga política. Es entonces imposible abstraerse de los argumentos en uno u otro sentido. Es muy ingenuo pensar que el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional o, no digamos, el Tribunal Constitucional, pueden juzgar y sentenciar sin sesgo alguno en casos tan importantes como los de los presos independentistas, las hipotecas o el terrorismo.

Es conveniente, por supuesto, tratar de evitar esos sesgos, en defensa de unos tribunales que actúan con la mayor asepsia posible. Pero hay otra tarea igualmente necesaria, incluso más urgente. No tengo dudas, y no hablo con ironía ni sarcasmo, de la honorabilidad de esas magistradas y esos magistrados que están marcando con sus decisiones la vida de nuestro país, pero tampoco tengo ninguna duda de sus involuntarios e inconscientes sesgos cognitivos.

Por eso quisiera que igual que abundan los jueces que han dado clases y conferencias para escuelas de negocios patrocinadas por la banca, los haya también que den conferencias y clases para las organizaciones de trabajadores, de consumidores o de ecologistas, por ejemplo. Quisiera que fueran tan abundantes en esos altos tribunales los y las jueces con apellidos compuestos y familias de alcurnia, como otros con apellidos y familias del montón. Me gustaría que el Tribunal Supremo, o el Constitucional, por qué no, tuviera su sede en Barcelona, o en Cádiz o en Bilbao, por dar otra idea. Quisiera ver un día entre los magistrados algún musulmán, algún negro, algún gitano.

Para que, incluso dando por real su buena voluntad, los jueces no sesguen tan a menudo sus sentencias en la misma dirección, que mira tú por dónde, suele ser en favor de los pocos y en perjuicio de los muchos.