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Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas: también en la Justicia

Publicada el 12/11/2018 a las 06:00 Actualizada el 11/11/2018 a las 19:00
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Semana trágica para la Justicia española. Tirón de orejas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que España vulneró el derecho a un juicio justo de Otegi, Díaz Usabiaga y otros por la falta de imparcialidad de una magistrada de la Audiencia Nacional. El Tribunal de Apelación de Gante ha dejado en suspenso la ejecución de la euroorden al rapero Valtònyc para consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y de remate, el bochorno de la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados en la firma de las hipotecas. Miedo da esperar a ver qué pasa con la revisión de la sentencia de La Manada por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El balance final es de indignación, bochorno y preocupación por lo que de pérdida de credibilidad tienen todos estos asuntos -ciertamente, muy distintos entre sí-, para la Justicia española, y por ende para el conjunto del Estado. Desde el inicio de la crisis de 2008, las instituciones de lo que habitualmente llamamos "el sistema" han sufrido una pérdida notable de confianza por parte de la ciudadanía. La Justicia describe una línea paralela al resto de organismos, pero no sirve de consuelo si pensamos en el papel crucial que tiene en el mecanismo democrático. Según datos del Marcador de la Justicia elaborado por la Comisión Europea para 2018, el 49% de los españoles tienen una opinión "mala" o "muy mala" sobre la Justicia, lo que nos sitúa en los últimos puestos entre los países de nuestro entorno. Podemos consolarnos pensando que el año 2017 era nueve puntos peor, pero nos haríamos un flaco favor como sociedad democrática. Sin olvidar, además, que si el estudio de campo se hiciera ahora mismo los indicadores se dispararían.

La percepción de la gravedad del problema no es sólo de la ciudadanía ajena al mundo judicial. Cada vez hay más miembros de la judicatura que muestran su preocupación por estos aspectos, tanto en público como en privado. Junto a las reivindicaciones de carácter económico y de falta de medios que han ido motivando consecutivas convocatorias de huelga, el asunto de las hipotecas ha hecho que muchos, aunque sea de forma anónima, estén mostrando su preocupación por la imagen que esto ha generado. Entre otras cosas, porque coincide con uno de los motivos que más se aducen en los estudios de opinión para explicar la falta de confianza: la interferencia de los poderes económicos en la Justicia -de la que habla el 35% de los encuestados en el Marcador de la Justicia 2018-.

Las reacciones generalizadas de estos días al escándalo del asunto de las hipotecas ponen de manifiesto la obviedad: nuestra Justicia necesita un replanteamiento en profundidad, una revisión de aspectos básicos como la forma en que son elegidos los titulares de los principales tribunales o la politización que ha generado el diseño del sistema judicial. En esto, el modelo institucional de la Justicia española arrastra la misma herencia que otras instituciones del Estado: fueron diseñadas  en un momento histórico, el de la Transición del 78, en el que los partidos aparecieron como símbolo de modernidad y garantes de la democracia. Hoy vemos cómo han colonizado hasta el último rincón del Estado.

A la velocidad que va la actualidad, pronto se habrá olvidado el escándalo del Supremo y otro asunto llamará nuestra atención. Quizá sea entonces, con menos declaraciones grandilocuentes, aspavientos de quienes tienen la clave para abordar un cambio en profundidad y debates encendidos, cuando se puedan abordar las reformas de fondo. Será el momento de debatir sobre la forma de selección de jueces y juezas, sobre la carrera profesional y la formación que reciben, sobre medidas concretas para garantizar la independencia del poder judicial, sobre su arquitectura institucional, etc.

El debate debe de abordarse en toda su complejidad: consiste en preguntarse cómo la Justicia puede ser garante del Estado de derecho actuando con independencia del resto de poderes pero con la transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas que exige una democracia avanzada. Esto va más allá de criticar por enésima vez la sospecha de injerencia de los partidos. Evitar la partidización de la Justicia es imprescindible, pero no suficiente. ¿O acaso sería más democrático que la judicatura se gobernara y gestionara a sí misma sin más relación con el resto de poderes? En los debates complejos hay que trabajar mucho para identificar los puntos claves. Y en este, uno de ellos, sin duda, es la aplicación de los criterios de las democracias complejas y avanzadas al poder judicial.

Hasta que este debate no se aborde en toda su profundidad y complejidad, podemos seguir de sobresalto en sobresalto mientras cada vez escuchamos a más miembros de la judicatura afirmar con rotundidad que la Justicia parece haberse quedado como la última institución pendiente de entrar en el siglo XXI.
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9 Comentarios
  • Antonio Basanta Antonio Basanta 12/11/18 20:48

    Con artículos como los de la sra Monge no se va a solucionar nunca el llamado problema de la justicia. Porque no dice nada, ni una sola propuesta inteligible. Simplemente vomita todo lo mal que están las cosas, que no hay control, que no se puede elegir así a la cúpula judicial, etc. Pero propuestas para solucionar ninguna. Es una muestra del mas rancio populismo para conseguir lectores, tan a gusto de una parte de los lectores y comentaristas de Infolibre, de la parte mas sectaria y mas chillona. !Todos de acuerdo en lo negativo! Porque de acuerdo en lo negativo están los que apoyan una elección corporativa (entre los jueces) como los que apoyan una elección mas democrática (entre los representantes del pueblo, los parlamentarios) Todos juntos en unión. Luego dicen que hay que controlar las cuentas bancarias y acciones bancarias de los jueces, etc. Pero alguien tendrá que explicar que los jueces, además de ser un poder del Estado son funcionarios de ese mismo Estado (cosa que no ocurre con los otros poderes) porque ni los parlamentarios ni los miembros del gobierno son funcionarios del Estado en el ejercicio de su función. Y cualquiera sabe que el control sobre los funcionarios es superior al de cualquier otro ciudadano. Si se observa que puede haber conflicto de intereses, endurezcase la ley de incompatibilidades en la justicia. La solución no es ir a un Estado que se mete en la vida de los ciudadanos, ni de los funcionarios, en todo, Al menos en las democracias. Por último, se debería eliminar la hipocresia de este debate político. Por ej: El señor Iglesias atacaba al Supremo diciendo que igual alguno tenia acciones bancarias. Pero el señor Iglesias tambien era beneficiario de la sentencia de la sala segunda porque el Estado le debería devolver el impuesto de actos juridicos. Pero ese interés suyo, personal, se le olvidaba meterlo en el debate. Hay algún millón de españoles más que tienen acciones bancarias (no es mi caso) que hipotecas, que si es mi caso. Y no he oído preguntar si los miembros del Supremo que decidieron que los bancos o el resto de españoles pagaran el impuesto que pagabamos los hipotecados, estaban a su vez hipotecados con interés personal

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  • Queso Tierno Queso Tierno 12/11/18 13:56

    No se si es tan preocupante la reforma de la justicia, como la facilidad conque personas que llegan a tan alto nivel están tan excasas de honradez y se dejan corromper con tanta facilidad por el poder, sea político o económico. Las personas honradas basan su criterio en el bien común y en la justicia igual para todos, independientemente de donde y con qué medios cumplan su función.
    La falta de transparencia y la falta de controles democráticos hacen que ese poder penetre con total impunidad en las altas instituciones del estado y campee a sus anchas entre sus miembros ganando adeptos con desverguenza y facilidad.

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  • bidebi bidebi 12/11/18 11:50

    No parece que exista mejor procedimiento para el nombramiento de jueces que su designación por el poder legislativo, ya que supuestamente representa la voluntad popular. Ahora bien, si millones de ciudadanos gritan “no nos representan”, pues entonces estamos en un problema de origen.
    En el estado español existe una partitocracia de libro dentro de una politocracia.
    Es decir, que por un lado no existe práctica posible en los asuntos públicos si no es a través de las instituciones políticas, y que a su vez éstas solamente se ejercen a través de los partidos políticos. El círculo se cierra con la falta de democracia en esos partidos y la existencia de una élite dirigente que lo resuelve todo. El resultado es que cuatro dirigentes partidistas deciden, en alternancia, el presente y el futuro del país.
    Como consecuencia de esa partitocracia en manos de muy pocas personas, la elección de jueces es solamente un reparto de cromos entre la casta dirigente de los dos principales partidos. Y también como consecuencia, no se eligen magistrados por su historial destacado o su valía profesional, se eligen a aquellos que más amiguitos tengan en los partidos o más lealtad muestren al partido o a quien mejor haya conseguido medrar dentro del partido. El resultado evidente es que no existe separación de poderes ya que el elegido se debe al partido que lo eligió y el resultado es que no están los más válidos si no que están los mejores chupaculos.
    Con partitocracia, con politocracia y con aristocracia dentro de los partidos es imposible tener una justicia independiente y de calidad. Porque prima el deseo partidista de tener influencia también en la Justicia y porque se nombra a los mas leales y no a los mejor cualificados.
    El historial de algunos de los jueces actuales es de verdadera vergüenza ajena si constatamos que hasta pueden llevar el carnet de partido en la chaqueta, han sido vasallos de los bancos o han cobrados de ellos, o son furibundos militantes de ciertas ideologías franquistas como la de la unidad de la patria por encima de todo.
    Pero así se construyó el régimen del 78, ya que sin control absoluto también de la Justicia no se podía controlar la democracia.

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    • MASEGOSO MASEGOSO 12/11/18 15:12

      Me has quitado el comentario. Imposible decir las cosas mejor que como la haces hoy Un cordial saludo.

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  • pep48 pep48 12/11/18 10:31

    ¿Como se puede confiar en una institución que es la primera en no someterse al control de la democracia?

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  • aguililla aguililla 12/11/18 08:20

    No tienen que rendir cuentas porque están fuera de la ley y además como nos artao con esta elite....hay que vomitarlo enseguida

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  • paco arbillaga paco arbillaga 12/11/18 06:54



    No tengo duda que una buena parte de jueces cumplirán con su trabajo de forma honrada y por ello pienso que deberían manifestarse en la calle ante la opinión pública mostrando su desacuerdo, que supongo lo tendrán, con el comportamiento que estamos viendo en el Supremo; deberían pedir, y nosotrxs con ellxs, el cese inmediato de los responsables del último desaguisado cometido por sus colegas.

    Con la que está cayendo resulta escandaloso que se esté negociando con el PP el nombramiento de jueces para el Supremo, siendo conocidos los conchabeos que hemos oído en escuchas telefónicas entre políticos de ese partido hablando de jueces, la ética de ese partido para destruir pruebas, o los chanchullos que utilizaron para nombrar a algunos componentes del actual tribunal.

    ¿Que parte de lo que llaman Justicia no es un cachondeo? Que se lo pregunten a los titiriteros, o a quien juzgaron el otro día por robar un bocadillo porque tenía hambre ¡y que por ello le pedían más de cuatro años de prisión!, o a quienes echan de sus pisos con familiares enfermos, niños pequeños o ancianos desvalidos, y luego vemos cómo tratan a los «poderosos», económicos o políticos, que son juzgados.

    Tal como estamos, el nombramiento de jueces no debería estar solo en manos de ellos o de los políticos de turno, en su elección deberían intervenir más partes de la sociedad. Y además de su currículum, y de demostrar una intachable honradez, las personas seleccionadas para ello quizá debieran pasar por una oposición. Osasuna!

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    • MASEGOSO MASEGOSO 12/11/18 15:25

      Es mucho más fácil que todo eso y, hoy, lo que escribe bidebi es de lo más razonable, a este aspecto, que he leído hasta ahora.
      Paco la Justicia puede, entre esos más de cinco mil jueces ir eligiendo, sin interferencias políticas ni gubernamentales a sus más honestos y firmes candidatos para el TS y TC. Desde luego la Audiencia Nacional, digna heredera del TOP, debe, sin lugar a duda alguna, desaparecer.
      Realizar candidaturas entre los más sobresalientes, que se saben y conocen e ir eliminando esta caterva de lameculos partidistas de políticos nefastos.
      Por si ni lo has hecho léete el artículo de Fernando Varela de hoy mismo “La Comisión fantasma sobre el Estado autonómico .....”
      Dan ganas de irse vivir a los campamentos de refugiados del Sahara antes que estar aquí.
      Saludos osasunados.

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      • paco arbillaga paco arbillaga 12/11/18 17:34


        Amigo Masegoso: Pues yo lo veo muuuuuuuy difícil. Estamos viviendo en una sociedad acomodada o asustada. Como decía ayer Anguita: en la mani del sábado en Córdoba delante del Palacio de Justicia había solo unas decenas de personas para protestar contra la injusticia de la Justicia. ¡Pues que nos den! Osasuna2 salu2.

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